Pandemia de COVID-19 agudiza violencia machista en Nicaragua

Al menos, 35 mujeres escaparon del femicidio entre enero a abril del 2020 en Nicaragua, una cifra que lejos de ser ‘celebrada’ representa un incremento de seis nuevos casos con respecto al mismo periodo de 2019 cuando se registraron 29 femicidios frustrados, según el Observatorio de violencia de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) que también revela que en 2020 un total de 21 mujeres han sido víctimas de femicidio.

El conteo mensual no sólo evidencia la persistencia de la violencia machista en Nicaragua sino también «la negligencia Estatal y social» que frente a la crisis sociopolítica que devino de la represión del régimen de Daniel Ortega durante la Rebelión de Abril aunado a la pandemia mundial por el coronavirus ha invisibilizado un fenómeno que, cada año, cobra la vida de un promedio de 70 mujeres.

Los datos de Católicas por el derecho a decidir son una radiografía de una pandemia contra la vida de las mujeres que no se reduce a un solo escenario, al menos siete departamentos del país y dos regiones autónomas registran femicidios durante los primeros cuatro meses del 2020, siendo Managua, con cinco casos, el epicentro de la mayor expresión de violencia de género.

En Nicaragua, desde hace 49 días, cuando se oficializó el primer caso de COVID-19, los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han decretado oficialmente una cuarentena. Las acciones de aislamiento físico que se han realizado han sido autoconvocadas por la ciudadanía, sin embargo la situación para las mujeres se ha empeorado porque «no salen», pero además porque ante las medidas preventivas de cuidado frente al COVID-19 «no tienen seguridad de interponer una denuncia en la Policía porque nadie las va atender, no se va a castigar a perseguir o juzgar al femicida».

«Desde el movimiento feminista tiene que ver con una cultura machista, la poca intervención que tiene la familia en situaciones de violencia sumado a la impunidad social y la impunidad del Estado. Las mujeres han estado recluidas con o sin pandemias, y en todo caso el femicidio responde a esta sociedad machista, a esta cultura machista, a esta indolencia del Estado y la indolencia de la sociedad frente a situaciones de violencia», afirma Mirna Blandón del Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN) quien a su vez critica a los llamados «azul y blanco» de voltear la mirada frente a la violencia machista.

La tortura del #QuedateEnCasa

Belky Reyes Ríos, representante de la Red de Mujeres del Norte en Estelí, organización que ofrece asistencia psicológica y legal mediante la línea telefónica 5794-2809, comenta que el incremento de la violencia se ha recrudecido ante la reducción de jornadas laborales y la permanencia en casa de las mujeres, lo que las obliga a convivir más tiempo con sus agresores.

«Hay un aumento en la violencia no solo para las mujeres sino también para los hijos e hijas. También vemos un incremento en la crisis emocional que está viviendo la juventud porque hay varias chavalas que nos han estado llamando, que han recibido atención psicológica porque está viviendo depresión y las lleva a consumir medicamentos antidepresivos y drogas», explica.

En la atención que han brindado a mujeres del norte de Nicaragua han encontrado casos en los que las parejas, además del aislamiento físico autoimpuesto por el COVID-19 les han ocupado sus teléfonos celulares para frente a la violencia no «pidan ayuda», por lo que una de las principales recomendaciones es crear redes vecinales.

Algo parecido sucede en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), donde según Shira Miguel Downs, directora del Movimiento de mujeres Nidia White, permanecer en la casa como lo indica la campaña #QuedateEnCasa es una tortura para las mujeres.

«Es importante saber que la violencia no se detiene ni con las pandemias, porque la pandemia más duradera es la de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, se deben mantener las medidas para prevenir siempre la violencia contra las mujeres y niñas. Ahora más que nunca hay que cuidar a las mujeres porque sino las mata el COVID-19 las matan los femicidas. El quédate en casa para una víctima es una tortura», dice.

En esta zona del país se registran dos de los 21 femicidios a nivel nacional por lo que para Shira Miguel Downs quedarse en casa, sin atender a las víctimas de violencia machista, no es una opción. Insiste que la pandemia asociado a la crisis económica son detonantes de la violencia contra las mujeres. Para ella está claro «que la crisis traerá más violencia. Si a las niñas las abusan personas de confianza, en sus casas, lo que indica que la casa es segura contra el virus, pero no tan segura para las víctimas de violencia».

La impunidad preocupa

La pandemia para las organizaciones de mujeres es la nueva justificación que el Estado tiene para desatender los casos de violencia machista contra las mujeres. Esta afirmación la fundamentan en que solo cuatro de los 21 femicidios tienen una sentencia firme en 2020, así como en la ausencia del tema, políticas y estrategias del Estado.

Sandra Arceda, responsable del programa de Lucha contra la violencia del Colectivo 8 de Marzo, ilustra esta negligencia estatal con la falta de repuesta ante once órdenes de captura que no han sido ejecutadas y han pasado a archivo por parte de la Policía sandinista por delitos de violencia sexual, física y patrimonial

«Nosotras estamos recogiendo estas órdenes de captura para visibilizar la impunidad en la que nos encontramos. Antes y durante la pandemia las mujeres están vulnerables y en impunidad. En este contexto la crisis sociopolítica y la crisis humanitaria las mujeres son vistas como menos y al final son las más vulnerables porque no hay acceso a la justicia, no hay ningun tipo de aplicación de las leyes, antes y durante, no ha cambiado nada. Seguimos en lo mismo, no para la violencia machista y los femicidios continuan, y no hay acceso a la justicia», dice Arceda.

El Colectivo 8 de Marzo también ha habilitado una línea telefónica a la cuál las mujeres puedan llamar y ser atendidas por promotoras de derechos humanos y abogadas en los municipios de Ciudad Darío, Muy Muy y Esquipulas en Matagalpa. Esta organización brinda acompañamiento en la denuncia, pero aunque los casos esten documentados Arceda no deja de temer que bajo la excusa del COVID-19 «muchos queden engavetados y nunca vean la justicia».

*No dejes de visitar nuestro canal de YouTube.