La trágica muerte de una niña de 18 meses, quien pereció electrocutada el 4 de julio en la comunidad La Tejana, en Chinandega, dejó al descubierto que había sido víctima de abuso sexual por parte de su propio padre identificado como Santos Morales Miranda, quien tiene un amplio historial delictivo que incluye robo con intimidación, lesiones, posesión de drogas y agresiones.

Tras la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal, los médicos forenses encontraron signos evidentes de abuso sexual en el cuerpo de la menor. 

El examen forense llevó a la Policía a interrogar al padre, quien terminó confesando el abuso. Morales Miranda tenía la custodia de la niña mientras su madre, quien había confiado en que su hija estaría segura al cuidado de su padre, se encontraba migrando por Guatemala en busca de mejores condiciones de vida.

El 9 de julio de 2025, el  caso fue remitido al Juzgado Distrito Penal Especializado en Violencia de Chinandega Circunscripción Occidental, donde empezaron con las diligencias judiciales correspondientes en contra de Morales Miranda. 

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Historial delictivo, pero siempre salía libre 

La Lupa corroboró que entre 2017 y 2025, Santos de Dios Morales Miranda fue detenido por distintos delitos.

En 2017, Morales Miranda fue acusado por el ilícito de agresiones contra las personas en perjuicio de María Griselda Mairena. El 20 de noviembre de ese año, ambas partes llegaron a una mediación que fue aceptada por el juez local, quien ordenó archivar el caso.

Dos años después, en 2019, fue detenido nuevamente, esta vez acusado de robo con violencia tras asaltar a una joven para quitarle su celular. Pero, quedó en libertad luego de que se declarara la extinción de la acción penal, considerando que el Ministerio Público no logró presentar testigos, y el expediente fue archivado por orden judicial.

En 2023 enfrentó un proceso judicial por el delito de lesiones graves. Aunque fue acusado formalmente, se mantuvo en libertad bajo la medida cautelar de presentación periódica ante el juzgado. La última vez que firmó fue el 9 de octubre de ese mismo año.

Tenía orden de captura

El 8 de julio de 2024, la Policía le ocupó a Morales Miranda 3.9 gramos de cocaína y 1,260 córdobas y fue acusado por el delito de posesión o tenencia de estupefacientes en un juzgado local, pero logró salir libre por la ineficacia del sistema. 

Durante el proceso, el 21 de marzo de 2025, el judicial del caso otorgó el beneficio de suspensión de la pena a Morales Miranda, lo que generó una apelación por parte del Ministerio Público a la sentencia de primera instancia, indicando que no se valoró si el acusado era “o no peligroso para la sociedad”. 

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El juez de segunda instancia que revisó la apelación admitió la apelación y ordenó la captura de Morales Miranda. 

El historial delictivo del acusado pone en evidencia la falta de mecanismos eficaces por parte del Estado para garantizar la seguridad de niños y niñas en entornos vulnerables. Pese a sus múltiples antecedentes por delitos graves, no existía ninguna medida judicial que le impidiera convivir con su hija ni alerta alguna en el sistema que activara un protocolo de protección.

Organizaciones defensoras de derechos de la niñez han denunciado en reiteradas ocasiones la ausencia de políticas públicas enfocadas en niñas y niños que quedan al cuidado de familiares mientras sus madres migran. 

Existen indicios en los menores edad que indican si están viviendo violencia sexual. Es importante reconocerlos para detener el abuso.

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La Lupa Nicaragua