El periodismo independiente activó sus alertas frente a la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos que envió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la Asamblea Nacional de mayoría sandinista, la que calificaron como una nueva política de represión más ‘agresiva’ que pretende callar al periodismo en resistencia.

La periodista, Martha Irene Sánchez de la plataforma digital República 18, manifestó que esta iniciativa se suma al «combo de proyectos» que fueron presentados en los últimos días y que no solo limitan la libertad de expresión sino que hay una «amenaza clara para criminalizar el ejercicio periodístico en el país«.

«A nivel del gremio estamos atentos y en alertas, atentos a los alcances de esta iniciativa de ley que es nefasta, porque además trasciende. Aparte de amenazarte con cárcel también amenaza con extradición, su alcance no solo se está refiriendo a que puede ser tipificado un delito que lo pueden cometer nicaragüenses que estemos dentro del país sino también que trasciende a nicaragüenses que están fuera del país», mencionó la comunicadora.

El documento enviado por la bancada sandinista agrega que el castigo será impuesto a «quienes cometan los delitos previstos en la ley, dentro y fuera del territorio nacional». Al menos cinco plataformas digitales de periodismo la dirigen periodistas en el exilio que son perseguidos por el régimen desde 2018.

Para la periodista en el exilio, Edith Pineda fundadora de la plataforma Despacho 505, la iniciativa representa una «extensión de la política de represión» del régimen que se vuelve cada vez más «agresiva».

«Para los medios y periodistas es un ataque directo al ser un instrumento que, a discreción, les permitiría  encarcelar a quienes consideren violadores de su ley. Establece como causal de prisión asuntos subjetivos como difundir noticias «falsas» o que provoquen zozobra entre la población», mencionó Pineda.

“Amordazar a Nicaragua”

Para Maryórit Guevara, directora de la plataforma digital La Lupa, este anteproyecto «es un tiro de gracia del régimen orteguista al periodismo independiente» en correspondencia con la propuesta de «cadena perpetua» que se plantea en la Ley de Agentes Extranjeros que tiene como fin «amordazar no solo al periodismo sino a toda Nicaragua».

«Lo preocupante es que esta ley, como muchas otras, se aplican de forma discrecional a gusto del cliente, al antojo del dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo que han sido claros en sus ataques desde los canales oficialistas», mencionó Guevara que además considera que con estas iniciativas presentadas en las últimas semanas, la dictadura de Ortega y Murillo se «consolida».

«Si antes diseñó una estrategia para decir – vamos con todos – a punta de balazos mientras se escondían en el Parque Japonés, pues ahora mediante este paquete de leyes tratan de legitimar sus amenazas de cárcel para todos aquellos que aún nos atrevemos a confrontarla y evidenciarla. Es un tiro de gracia del régimen orteguista al periodismo independiente», señaló la directora de La Lupa.

El régimen de los Ortega y Murillo y sus funcionarios han acusado a hombres y mujeres de prensa del país de difundir y producir «noticias falsas» en el contexto de la «Rebelión de Abril» y la crisis de la pandemia por el coronavirus.

La presentadora del Canal 10 de televisión, la periodista Michelle Polanco, insiste en que la intención de la ley es «silenciar a los medios de comunicación y a las plataformas emergentes«, pero además a «todo ciudadano que haga denuncias o publique contenido a través de redes sociales».

Viola libertad de expresión

La jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda calificó el documento de ley como una iniciativa «gravísima» que vulnera la libertad de prensa, pero además la libertad de expresión de los nicaragüenses.

«Prácticamente es una ley que viene a poner un bozal a los nicaragüenses. Está promoviendo que la gente se autocensure para meterlos en miedo, está castigando con el tema de la propagación de las noticias falsas y en Nicaragua hemos tenido esa mala experiencia de que el régimen actual es quien tipifica qué cosa es noticia falsa”, mencionó Pineda.

La periodista recordó que en el contexto de la pandemia, cuando la ciudadanía filmaba con sus dispositivos móviles los «entierros exprés», la vocera del régimen, Rosario Murillo mencionó que esas situaciones eran «noticias falsas».

«Gravísimo que en el artículo 30 se establezca la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación o sea todas las redes sociales», señaló Pineda.

La directora de la plataforma Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz cree que a través de esta iniciativa de ley, el régimen pretende continuar «acorralando a la prensa independiente de Nicaragua».

«Continuar extinguiéndola, continuar mermándola, principalmente a aquellos periodistas que han decidido migrar hacia las plataformas digitales como una alternativa ante la censura y el bloqueo que sabemos se vive en los espacios tradicionales y que nace de una presión estatal», dijo Ortiz.

Para la periodista de Nicaragua Investiga hay un aspecto que afectaría a «gran escala» a los medios de comunicación independientes del país y que está relacionado a las multas o penas que se podían imponer a los medios que «sin autorización publiquen contenido de terceros».

«No hace ningún tipo de excepción, es decir, por ejemplo no dice que esto no incluye a los medios propiedad del Estado, porque se supone que al ser del Estado son medios que se gestionan con nuestros impuestos y tendríamos la libertad de usar ese contenido, pero la ley no hace esa excepción», dijo la comunicadora.

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