Un número creciente de violaciones de derechos humanos en las que que se incluyen las relacionadas con el segundo aniversario del estallido de las protestas, más la negligencia estatal ante la pandemia del COVID-19, es lo que se indica en el informe de Seguimiento a la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua, de los meses de abril y mayo de 2020 de Naciones Unidas.

De acuerdo con el documento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó 17 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos a 32 víctimas y testigos. Los hechos más violentos se registraron en Rivas.

Cabe señalar que organizaciones de la sociedad civil, denunciaron 11 allanamientos a domicilios sin orden judicial y 39 arrestos y detenciones arbitrarias; así como más de 100 amenazas y actos de acoso e intimidación llevados a cabo por agentes de la Policía. La mayoría de las personas detenidas fueron liberadas 24 horas mas tarde.

Uso de la fuerza en Moyogalpa

Según la información de la OACNUDH los días 19 y 20 de abril, en la comunidad Esquipulas, municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, Rivas; la Policía realizó tres arrestos arbitrarios con uso desproporcionado de la fuerza. Varios ciudadanos reaccionaron a la violencia por los supuestos abusos y tomaron a un agente de la policía de rehén, para exigir la liberación de los tres detenidos.

No obstante, la Policía Nacional, en un comunicado de prensa indicó que tres agentes habían sido heridos luego de un ataque de individuos los que fueron arrestados.

Del 19 al 21 de abril la Policía detuvo a ocho personas entre ellas una mujer transgénero, quienes están siendo procesados por tentativa de homicidio, secuestro y lesiones graves, entre otros delitos.

Medidas contra la pandemia

Por otro lado, la OACNUDH está preocupada por la falta de transparencia del Gobierno al compartir públicamente la información oficial sobre la pandemia, en particular sobre el número de casos, muertes y pruebas realizadas. Además, de los patrones de transmisión del virus en el país, como de la terminología vaga que utiliza para referirse a la enfermedad.

Hasta el martes 16 de junio el Ministerio de Salud (Minsa), registra 64 personas fallecidas por el virus, para un total de 1,823 casos positivos.

A inicios del mes de mayo el organismo de Derechos Humanos, recibió informes sobre vehículos que habían estado trasladando personas fallecidas por COVID-19, los que eran sepultados a medianoche que se denominaron en los llamados «entierros exprés».

La Organización Panamericana de la Salud, (OPS), ubicó a Nicaragua como uno de los países donde había transmisión comunitaria del virus. Dicho organismo solicitó al Minsa, información detallada sobre del tratamiento de la pandemia, para hacer un análisis de la enfermedad en el país, pero los datos recibidos fueron insuficientes.

Más violaciones

Un grupo de 160 ciudadanos nicaragüenses no pudo regresar al país desde las Islas Caimán, supuestamente por el cierre del aeropuerto. De igual manera, otro grupo de 50 personas procedentes de El Salvador, se les impidió el ingreso quedando varados en condiciones precarias en el Guasaule, en la frontera entre Nicaragua y Honduras.

covid población
La población nicaragüense enfrenta la pandemia sin acciones concretas de parte del régimen. Foto: La Lupa / O. Navarrete

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michele Bachellet, susbrayó que «en virtud del derecho internacional, todas las personas tienen derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia».

Por otro lado, el organismo de derechos humanos, documentó seis casos de actos de intimidación, amenazas y campañas de difamación contra periodistas o trabajadores de los medios de comunicación que cubrieron la pandemia, o compartieron comentarios sobre posibles casos de COVID-19.

Presos políticos

A pesar que el Ministerio de Gobernación, excarceló a varios reclusos, ninguno de los 86 presos políticos registrados por las organizaciones de la sociedad civil estaban entre los 4,515 personas que fueron liberadas.

La OACNUDH, muestra su preocupación ya que muchos de los detenidos presentan síntomas compatibles con COVID-19 o padecen de afectaciones de salud crónicas que aumentan el riesgo de ser infectados por el virus.

Uno de los presos políticos fue trasladado a un hospital de Managua, sin que sus familiares estuviera enterada de su condición de salud, luego de varios días que la familia lo buscó en diferentes lugares, lo encontraron en el centro asistencial grave de salud.

El organismo de Derechos Humanos, insta al Gobierno de Nicaragua a trabajar de la mano con activistas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, sector privado y las asociaciones médicas para garantizar una repuesta efectiva frente a la pandemia, y así los ciudadanos disfruten sin temor del derecho a la salud.

Para concluir la OACNUDH, reiteró el llamado a la comunidad internacional de monitorear la evolución de la situación en Nicaragua para evitar un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en el país.

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