El  régimen orteguista aprobó el Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, lo que para representantes de organizaciones no gubernamentales es únicamente “otro documento más”.

Marvin García Urbina, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG, que trabajan con la niñez y la adolescencia (Codeni), destaca que este documento en términos generales se suma a otros instrumentos aprobados que “establecen todas las prioridades que tiene el Gobierno para la prevención y atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y particularmente la sexual”.

Sin embargo pese a que este protocolo busca establecer mecanismos de articulación entre las instituciones públicas y algunas organizaciones, para García Urbina su contenido es lo que “comúnmente venimos escuchando de parte de las autoridades de Gobierno, y que están recogidos en otros documentos de políticas públicas, que siempre vienen con un tinte político y maquillaje institucional».

«Pero el tema de la prevención de la violencia sexual, no lo va a detener con un protocolo más”, apunta.

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García Urbina destaca que aunque el régimen apruebe o cuente con unos 20 o 30 protocolos diseñados o bien elaborados, es necesario que las organizaciones, pero sobre todo la sociedad, sepa cómo desarrollar y poner en práctica dicho mecanismo.

“Va a ser un documento más, que pese a estar plagado de buenas intenciones, en la práctica se evidenciará que se necesita haber invertido en políticas de protección especial, y ya todos sabemos que la inversión es mínima o nula, siendo menos del 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB)», sostiene García Urbina.

Protocolo no frenará la violencia

Para el abogado y representante de la Asociación Izel, que trabaja con la niñez y la adolescencia en Nicaragua, Merardo Solís, este protocolo es uno más de las leyes ya existentes y publicadas en años anteriores, que apunta a que los índices de violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes no se reducirán,  “sino que esta constante se va a mantener en una tendencia a incrementarse”.

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Solís cree que “por la víspera se saca el día”, haciendo alusión a que el protocolo al igual que leyes de hace 22 años o 6 años recientes, no logrará frenar los índices de violaciones sexuales, sino que solo se podrá lograr con un trabajo articulado “entre Estado, comunidad educativa, comunal e individual de la familia, pero esto lo recoge abundantemente este protocolo cuando lo interesante sería ponerlo en práctica”.

El abogado añade que como ONG que lucha por la defensa de las niñas, niños y adolescentes, considera que consideran que “la paz” que el régimen asegura se conseguirá mediante este protocolo, “no se logra por un decreto de actuación”, sino que es necesario que la población viva ante factores que inciden directa e indirectamente en un ambiente de paz y seguridad. “Y todo inicia con un sistema de Gobierno justo y equilibrado en dónde se respeten las leyes, se hagan cumplir”.

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“Si todo lo que se recoge en el protocolo, ya estaba recibido en nuestra legislación, y no se tienen resultados satisfactorios a favor del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, entonces no hay voluntad. Además de propaganda consideramos que se hace por cumplir con las recomendaciones que nos hacen organismos y foros internacionales en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia, fundamentalmente ante los delitos de violencia sexual”, agrega el abogado.

Respuestas apáticas e inexistentes

En sus objetivos el régimen señala que el protocolo fue creado con el fin de fortalecer la respuesta que brinda a las víctimas de violación sexual, pero Solís destaca que respecto a dicho apartado, como ONG que apoya y brinda acompañamiento a sus víctimas y familiares de éstas, perciben en sus acompañamientos que los “funcionarios muestran actitudes pasivas, displicente, malos tratos, apáticos, ven a las víctimas, familiares y/o acompañantes como los agresores”.

Para García Urbina, hasta ahora, no se logran ver resultados, de cara al compromiso político verdadero y genuino de las autoridades por aplicar sanciones o medidas preventivas.

300 niñas y adolescentes víctimas de violación sexual al año

La semana pasada Codeni finalizó su campaña “Son niñas, no madres”, desarrollada por más de dos años contra la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes en Nicaragua, la que demostró en sus resultados que más de 323 niñas y adolescentes viven anualmente en el país el avance de la pandemia de violencia sexual.

Codeni destacó que el 86% de los delitos sexuales en el país, ocurren contras las niñas, adolescentes y mujeres, según datos del Instituto de Medicina Legal durante el año 2019. Debido a este porcentaje, 3,323 niñas menores de 14 años han sido víctimas de maternidades impuestas en los últimos 5 años.

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La Lupa Nicaragua