La Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado urgente a los Estados en América Latina para que reconozcan, legalicen y regulen el trabajo sexual como una actividad laboral legítima, con el fin de garantizar los derechos humanos, la dignidad y la protección de quienes lo ejercen.

A pesar de que en la mayoría de los países de América Latina el trabajo sexual no está penalizado, la sexualidad “sigue siendo mal comprendida”, refiere un informe de la Comisionada para los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales de la Secretaría General de la OEA.

El informe Situación de las personas trabajadoras sexuales en las Américas, plantea una serie de recomendaciones concretas para avanzar hacia el reconocimiento formal del trabajo sexual como una forma legítima de empleo.

“Los Estados deben adoptar medidas urgentes para establecer regulaciones claras para legalizar el trabajo sexual, que garanticen su desarrollo y libre albedrío; la garantía al acceso a la justicia y eliminar las barreras que impidan el disfrute de la igualdad de derechos para todas las personas”, destaca el informe publicado el 14 de mayo de 2025. 

Seis países conformaron sindicatos 

Entre los avances destacados, el informe subraya que, en al menos seis países de la región se han formado sindicatos de trabajadoras sexuales o se ha logrado su incorporación a federaciones de trabajadores: Sindicato de trabajadoras y trabajadores Independientes Ángela Lina de Chile; Sintrasexco de Colombia; Sitrasexgua de Guatemala; Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles de Nicaragua; Sintrasexp de Perú; y OTRAS Uy, de Uruguay.

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“Estas asociaciones y redes —agrega el informe—, cumplen también un importante papel en los apoyos sociales que necesitan tanto en el ámbito socioeconómico, como de la salud mental”. 

Sin embargo, en los Estados donde el trabajo sexual sigue criminalizado, la situación es mucho más grave, debido a que incrementa la vulnerabilidad de quienes la ejercen, las empuja a la invisibilidad y las condena a vivir al margen de toda posibilidad de desarrollo. 

“Esta falta de reconocimiento legal propicia también las violaciones a los derechos humanos, y profundiza las situaciones de discriminación y estigmatización social”, señala el informe. 

Establecer regulaciones claras 

El informe de la Comisionada Gloria Careaga-Pérez, entregado al Secretario General, examina la situación legal y sociocultural que enfrentan las personas trabajadoras sexuales en las Américas, así como los desafíos persistentes para el pleno ejercicio de sus derechos.

Según el informe, existe un marco legal internacional que ofrece elementos suficientes para que los Estados reconozcan el trabajo sexual como trabajo. 

Además de proponer “regulaciones claras”, la Comisionada hizo las siguientes recomendaciones: 

  • Garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de derechos sin discriminación;
  • Fomentar la educación integral en género y sexualidad;
  • Rechazar la estigmatización social e investigar y castigar todos los actos de violencia contra las personas que ejercen el trabajo sexual;
  • Promover la investigación y el intercambio de conocimiento sobre el trabajo sexual;
  • Contemplar la participación de las organizaciones de personas trabajadoras sexuales en las políticas públicas sobre la materia.

¿Qué avances hay en América Latina?

Aunque persisten grandes desafíos, se han dado otros avances significativos en el reconocimiento y la organización de las personas trabajadoras sexuales en América Latina.

En Costa Rica, por ejemplo, desde el 3 de febrero del 2024 la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluye el trabajo sexual como una categoría de registro, lo que implica “el reconocimiento del Estado al trabajo sexual como un trabajo, y garantiza la cobertura del seguro social al trabajo sexual por cuenta propia”.

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En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 2017, ordenó que para futuras interpretaciones juidicales, sobre el trabajo sexual, se haga una diferencia de la trata, además que reconoce que “constituye una forma de trabajo y quienes lo ejercen lo hacen libre y voluntariamente”. 

Por otro lado, en Canadá las organizaciones impugnaron tres delitos de los que se les acusaban: el artículo 210, mantener o ser encontrado en una casa de citas, el artículo 212(1)(j), vivir a costa de la prostitución, y el artículo 213(1)(c), comunicarse en público con fines de prostitución. 

“Celebramos este momento como una conquista de nuestro movimiento. Esperamos también que el mismo se convierta en una herramienta para visibilizar nuestras condiciones de vida y trabajo en la región”, dijo Lucy Esquivel, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex), durante la presentación del informe.

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La Lupa Nicaragua