OEA condena arresto de opositores y se «allana el camino» a la aplicación de la Carta Democrática
Consejo Permanente aprueba resolución por amplia mayoría, únicamente tres votaron en contra
Consejo Permanente aprueba resolución por amplia mayoría, únicamente tres votaron en contra
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con una mayoría de 26 votos una resolución de “condena” ante la falta de verdaderas reformas electorales previo a los comicios programado para noviembre y por la represión que ha recrudecido -en las últimas tres semanas- el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El experto en derecho internacional Harold Rocha -asesor del Partido Demócrata en Estados Unidos- explicó en entrevista con La Lupa que dicha resolución -aprobada por 26 estados miembros de la OEA- es “un paso importante” que “allana el camino para acciones futuras, donde dicha organización valore aplicar los artículos 20 o 21 de la Carta Democrática Interamericana”.
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Resaltó que en sesiones previas -donde se ha abordado la situación de Nicaragua- “nunca se superó el umbral de los 24 votos, que serían necesarios para aplicar los artículos 20 o 21 de la Carta Democrática Interamericana ”. Por lo que, destacó la importancia de que se sumaran a votar a favor la mayoría de los países que integran el CARICOM, conformado por misiones del Caribe.
“Por primera vez 11 de los 14 estados miembros del CARICOM se sumaron. Vimos que por primera vez se suman al de la mayoría. Guatemala también”, resaltó.
En la resolución, los 26 estados miembros expresaron que “condenan inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”. Además, pidieron la “inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.
En las últimas tres semanas, el régimen de Daniel Ortega mandó a encarcelar a 13 opositores, entre estos cuatro aspirantes a la Presidencia: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Además mandó a encerrar a los opositores José Pallais, Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Violeta Granera, Suyen Barahona, Tamara Dávila, José Adán Aguerri, Hugo Torres y Victor Hugo Tinoco.
El régimen orteguista se vio aislado. Solo dos misiones; San Vicente y las Granadinas y Bolivia, lo apoyaron votando en contra de la resolución. Otras cinco misiones, entre ellas: Honduras, Argentina, Belice, Dominica y México, decidieron abstenerse.
Mientras que entre los 26 estados que apoyaron la condena se encuentran: El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, Paraguay, República Dominicana, Perú, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Brasil, Barbados, Colombia, Canadá, Chile, Costa Rica y Ecuador.
En la resolución, los Estados expresaron su “grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas”.
En ese sentido, dijeron instar “enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”.
Además solicitaron a la Secretaria General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presenten al menos dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, “para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General”.
Rocha explica que esta enérgica resolución que fue adoptada por la mayoría de las misiones que integran la OEA podría traer efectos tangibles, además de las iniciativas que podrían surgir de la Secretaría General de la OEA, en cuanto a “mayor presión bilateral de otros estados miembros y resto de la comunidad internacional”.