El día histórico en que las mujeres de todo el mundo lo utilizan para conmemorar y posicionar sus demandas, las mujeres de Nicaragua enfrentan un contexto cada vez más adverso.
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Cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, miles de nicaragüenses se organizaban a nivel nacional para posicionar sus demandas al Estado, protestar por las violaciones a sus derechos, y conmemorar las historias de resistencia de mujeres que lucharon por mejores condiciones de vida.
Sin embargo, mientras en otros países también se usa esta fecha para celebrar por los avances en materia de derechos de las mujeres, en Nicaragua no hay razones para celebrar, y tampoco hay condiciones para conmemorar “de la forma en que lo realizan las mujeres en cualquier sociedad medianamente democrática”, indica la activista feminista y directora del Programa Feminista La Corriente, María Teresa Blandón.
Te explicamos ocho motivos por el cual el 8 de marzo no es un día de celebración para las mujeres de Nicaragua.
Las masivas marchas que hacían las organizaciones y movimientos de mujeres de todo el país, cumplen cuatro años de no poderse realizar a como lo hacían normalmente. En 2017 se realizó la última marcha a nivel nacional, sin embargo, en 2018 algunas mujeres y organizaciones de la capital ejecutaron la última protesta pública de mujeres hasta ahora; siendo Nicaragua uno de los pocos países de la región donde las mujeres no pueden protestar, indica la feminista, María Teresa Blandón.
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Desde entonces, las manifestaciones por los derechos de las mujeres se han efectuado en espacios privados como en las sedes de las organizaciones feministas y la Universidad Centroamericana, donde las estudiantes han ocupado el complejo para protestar, pero estas se realizan cada vez con menor frecuencia por la vigilancia permanente e intimidación de policías y paramilitares.
“Antes hacíamos lo que hacen todos los movimientos de mujeres en el mundo: organizamos una marcha el 8 de marzo, íbamos a la calle, las organizadoras normalmente le pasábamos la ruta a la policía, la policía tomaba notas para ordenar el tráfico porque nuestras marchas siempre han sido pacíficas”, explica Blandón, pero desde la prohibición de la Policía orteguista sobre cualquier manifestación pública, marchar es considerado un delito.
Las protestas de las mujeres no solo se realizaban a través de marchas, sino también a través de foros, festivales, hablatones radiales, entrevistas en televisión, entre otras actividades. “Hacíamos encuentros de mujeres, que era lo que hacía el Movimiento María Elena Cuadra con 500 o 600 mujeres líderes de organizaciones, trabajadoras de maquilas y mujeres rurales. Se hacían cualquier tipo de actividades en la calle, en los locales y en los medios”, expresa Blandón.
Pero desde 2018, tampoco se pueden hacer ninguna de esas actividades con tanta facilidad como antes. Blandón señala que cualquier reunión significativa de mujeres sea en espacios públicos o privados implica intimidación de grupos paramilitares, los medios de comunicación ya casi no brindan espacios a las feministas porque han cerrado o porque se han autocensurado, y las activistas deben permanecer con un perfil bajo por el riesgo a ser detenidas arbitrariamente.
El régimen Ortega-Murillo emprendió juicios políticos desde febrero contra la ciudadanía nicaragüense, entre ellas 11 presas de conciencia activistas políticas y estudiantiles, feministas, y defensoras de derechos humanos, las cuales fueron detenidas arbitrariamente entre junio y diciembre de 2021. Los juicios contra ellas se han realizado sin respetar sus derechos básicos y fundamentales, sin garantías judiciales y con un sinnúmero de irregularidades.
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La permanencia de la mayoría de estas mujeres privadas de su libertad ha sido en condiciones inhumanas y de tortura, en regímenes de aislamiento e incomunicación total, sin derecho a visitas de familiares y abogados, sin una alimentación adecuada, sin chequeos médicos y sin ningún otro derecho, a pesar que muchas de ellas tienen enfermedades crónicas y cuatro son mujeres de la tercera edad.
La mayoría de las presas políticas han sido declaradas culpables por supuestamente cometer menoscabo a la integridad nacional y propagar noticias falsas, con condenas entre los ocho y 12 años de cárcel. Actualmente el régimen mantiene 14 presas políticas.
Las organizaciones de mujeres continúan siendo cerradas por el régimen Ortega-Murillo. El 15 de febrero la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Movimiento María Elena Cuadra (MEC), el cual se ha destacado por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres que trabajan en las maquilas y en otros trabajos informales y precarizados.
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El MEC que brindaba talleres, cursos, asesoría jurídica y psicosocial a cientos de mujeres de sectores vulnerables, tuvo que dejar de operar después de 28 años trabajando por los derechos laborales y económicos de las mujeres. El Ministerio de Gobernación dejó de aceptar los documentos anuales sobre sus estados financieros, lo que les permitía trabajar legalmente. Esta misma medida se ha usado con otras organizaciones de mujeres y derechos humanos, lo que ha implicado muchas veces su cierre.
En los últimos 14 meses, al menos 80 mujeres han sido víctimas de femicidio en Nicaragua, 71 femicidios corresponden al año 2021 y 9 a los primeros dos meses del año 2022, según Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). La violencia contra las mujeres se ha caracterizado en los últimos años no solo por el aumento de los femicidios, sino también la crueldad con los que son cometidos, el aumento de intentos de femicidio y de niñas y niños huerfanos.
A pesar de los datos alarmantes sobre la situación de violencia machista que viven las mujeres del país, el Estado de Nicaragua no ha realizado ninguna acción para prevenir esto, indican activistas feministas. Por el contrario, sigue imperando la impunidad en las agresiones contra las mujeres y la inoperancia en cuanto a la atención de víctimas que ponen sus denuncias.
Desde el año 2016, al menos 26 mil 386 personas presas han sido liberadas bajo el régimen de convivencia familiar, reveló la vicepresidenta Rosario Murillo en diciembre de 2021, cuando se liberó por última vez a mil presos sin un plan de reinserción social. Muchos de ellos han sido hombres que han ejercido violencia física y sexual contra mujeres y que no han cumplido ni el 30% de su condena, por lo que sus crímenes quedaron en la impunidad, indica la feminista y directora de CCD, Marta Flores.
Tal fue el caso del femicidio de Katrin López a inicios del 2021, una joven de 21 años que desapareció el día de su cumpleaños y fue encontrada asesinada días después. El femicida fue Bryam Jordan Flores Chávez, quien tenía una condena de dos años y medio de prisión por el delito de violación a una menor de 14 años, de los cuales solo cumplió un año y 10 meses en la cárcel, condenas muchos menores a las que establece el Código Penal que son de 25 años según el artículo 168 de la Ley 952.
“Desde la pandemia la situación se ha agravado, ya que han liberado a femicidas y violadores que ni siquiera habían cumplido el 30% de su condena. Estamos ante un Gobierno que no informa a la población porque para poder liberar a estos criminales tuvieron que notificar a las familiares, y no están cumpliendo con los procesos. Estamos ante un gobierno donde vale más la institución que la vida de las mujeres”, señala Flores.
Nicaragua tiene el mayor número de embarazos adolescentes de la región, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet. Solo durante el 2019, 1740 niñas entre los 10 y 14 años tuvieron un embarazo forzado y 29,694 adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, según el Compendio de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
Los embarazos a temprana edad no solo afecta la salud física y psíquica de las menores, sino también que es un factor de riesgo para que no culminen sus estudios básicos y para arrastrarlas a un ciclo de pobreza y precariedad. Además que se ven un situaciones abusivas con hombres mayores, indica la psicóloga y especialista en abuso sexual, Ruth Matamoros.
A pesar que los casos de estas menores deberían ser investigados por las autoridades, ya que son estupro, el Estado de Nicaragua no brinda acceso a la justicia a niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y embarazos forzados.
Ya son 16 años desde que se penalizó totalmente el aborto, convirtiendo a Nicaragua uno de los pocos países de la región y del mundo en optar esta postura, incluyendo a las mujeres cuya vida está en riesgo, embarazos por violación y cuando el feto tiene malformaciones. Bajo ninguna circunstancia las mujeres, adolescentes y niñas de Nicaragua pueden realizarse un aborto, aunque sea para salvar sus vidas.
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Aunque diversos organismos nacionales e internacionales han advertido que la penalización condena a las mujeres y que no disminuye su práctica, sino que solo la hace insegura, el régimen Ortega-Murillo ha hecho caso omiso y para ocultar esta realidad, no presentan cifras sobre egresos por aborto hay cada año en los hospitales.
Las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales no tienen derecho al reconocimiento estatal, ya que el Código de Familia solo contempla la existencia de las familias heterosexuales; y solo tienen una pobre protección en el Código Penal si se cometen crímenes contra ellas por motivos de discriminación.
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Pero defensores de derechos de las personas LGBTIQ+ han denunciado que las mujeres disidentes viven violencia y discriminación tanto es espacios públicos como privados, sus denuncias no son tomadas en cuenta y son constantemete violentadas por funcionarios públicos.
Según el Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua del Programa Feminista La Corriente, 40 mujeres transexuales denunciaron agresiones a sus derechos el año pasado y nueve mujeres lesbianas también registraron denuncia. Sin embargo, advirtieron que las cifras son ínfimas, pues la mayoría no denuncia por temor a represalias.
