“Niñas siempre niñas” es el nombre de la campaña digital que busca visibilizar la gran cantidad de niñas y adolescentes nicaragüenses que, son obligadas a abandonar su infancia y sus estudios por un matrimonio forzado o una maternidad forzada, producto de la violencia sexual, indica María Cano, impulsadora de la iniciativa y creadora de contenido feminista.
La campaña consiste en difundir datos y testimonios sobre la violencia sexual infantil, los embarazos en las menores de edad y las uniones tempranas, situaciones por las que Nicaragua destaca en la región. Además, busca “poner el tema sobre la mesa”, ya que la última campaña sobre esta temática fue la campaña regional “Niñas, no madres”, realizada hace más de dos años; y desde entonces, no se ha vuelto a posicionar el tema a nivel nacional.
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“Mi primer objetivo es poner el tema sobre la mesa. Luego de eso, enfocarme en una población joven para que comprendan y cuestionen si es normal que ocurran tantos abusos y tanta violencia en niñas y adolescentes. Porque desde que somos pequeñas y pequeños, no nos enseñan sobre estos temas, y cuando crecemos, normalizamos la violencia y después tenemos actitudes discriminatorias contra las niñas que tienen embarazos forzados”, señala.
Cano apuesta no solo a la responsabilidad del Estado sobre esta problemática, sino también a la responsabilidad personal, ya que cada individuo tiene un rol importante en la denuncia sobre estos delitos y en la protección de las menores. Pero en Nicaragua, la mayoría de los abusadores no solo tienen una impunidad jurídica, sino también social, dado que muchas veces son protegidos y las niñas y adolescentes son culpabilizadas de la violencia que sufren.
“Los abusadores no actúan solos. Ellos tienen todo un sistema de creencias que les respalda, tienen ejemplos de masculinidades, responden a ciertas masculinidades que aprendieron desde sus casas. La sociedad juega un rol fundamental en cómo construimos y ejecutamos las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y sus efectos con las niñas y adolescentes”, explica la comunicadora.
A cada hora se realiza un peritaje médico legal por violencia sexual a una menor de edad en el país. Solo entre enero y noviembre de 2021 se realizaron 3,237 peritajes a niñas y adolescentes, representando el 72% de los casos, según los boletines mensuales del Instituto de Medicina Legal (IML).
En 2019, 1740 niñas entre los 10 y 14 años tuvieron un embarazo forzado y 29,694 adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, según el Compendio de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
Y una de cada tres mujeres entre los 20 y 24 años de edad se unió antes de cumplir los 18, generalmente con hombres que son cinco o seis años mayores que ellas lo que posiciona a Nicaragua en el segundo lugar en matrimonios infantiles en América Latina, según un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
El abuso sexual contra las niñas y adolescentes “es una situación histórica” y ocurre cada vez con más frecuencia, indica una activista feminista especialista en abuso sexual infantil, quien pidió el anonimato debido a la persecusión política de la dictadura Ortega-Murillo. La especialista señala que aunque la violencia sexual contra las menores está tipificada en el Código Penal, las personas no lo ven como un delito y lo tienen completamente normalizado.
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“Está ocurriendo más gravemente en Nicaragua, incluso lo ven como algo normal. Cuando una niña cumple 13 años dicen “está lista”. No se asume que lo que le puede ocurrir es un embarazo, y si se embaraza la obligan a casarse. No se toma en cuenta que todo lo que se hace en esos términos es mucho más abusivo para esa niña o esa adolescente”, expresa.
Según la psicóloga, el estupro se legaliza al permitir que las adolescentes se puedan casar desde los 16, como lo establece el Código de la Familia, aunque sea con el permiso de sus padres.
Ruth Matamoros, integrante del Grupo Venancia y especialista en abuso sexual infantil, explica que una de las razones por las que la violencia sexual se da mayormente en las niñas y adolescentes es porque ellas viven una doble vulnerabilidad, al ser menores de edad y al ser mujeres.
“En sociedades machistas y patriarcales, los factores de género y edad crean el espacio para la subordinación de las chavalas. Por eso la alta incidencia de situación de abuso sexual y violaciones”, señala.
Ante esta problemática, el Estado de Nicaragua no solamente tiene la responsabilidad del castigo, sino también de la prevención, sanción y reparación, según lo establece la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres.
