La frontera entre lo digital y lo físico es a veces inexistente, los espacios digitales son una construcción y extensión de nuestra identidad. Teorías del ciberfeminismo social nombran que detrás de una pantalla esta una persona que refleja en su experiencia virtual todos sus aprendizajes, prejuicios y valores de su vivencia análoga, por ende, hay límites muy difusos entre lo público y lo privado en los espacios virtuales.
En Nicaragua, el estallido social en 2018 produjo una mayor participación de las mujeres en el debate público dentro de las plataformas digitales, que incremento a partir de 2020 cuando la pandemia prologó el uso de la virtualidad, pero, para las defensoras de derechos, activistas, feministas, periodistas y mujeres nicaragüenses en general, el ámbito digital se ha convertido en un espacio violento en donde la represión se manifiesta a través de ataques, campañas de desprestigio, acoso y vigilancia.
La investigadora nicaragüense Elvira Cuadra, en la investigación «Quebrar el cuerpo, quebrar el alma» (CETCAM 2022) al analizar el fenómeno de la violencia digital contra defensoras y activistas en el contexto de represión socio-política a partir de 2018, explica que “la violencia machista a través de las tecnologías es una extensión de las violencias que experimentan las mujeres en otros ámbitos sociales alejados de las pantallas”, y son constantemente desestimadas porque, al manifestarse en lo “virtual”, no son consideradas “reales”.
En 2022 la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IMD) registra 4,803 agresiones contra 788 defensoras y organizaciones de defensas a los derechos humanos en El Salvador, México, Honduras y Nicaragua, dejando 20 defensoras asesinadas.
Dicho registro verifica que la violencia digital se hace cada vez más fuerte, sobresaliendo dentro de las agresiones a nivel personal la divulgación de hechos falsos (13.5%), el ciberacoso (12.7%), el doxing (12.7%) y hackeo a cuentas (10.8%); y hacia organizaciones o grupos el hackeo hacia cuentas o la red del sistema, campañas de desprestigio y la incautación de insumos para ejercer la labor de defensoría (equipos de comunicación visual, computadoras, servidores, medios de transporte, espacios, entre otros.). En Nicaragua, los principales perpetradores de violencias son las autoridades públicas (53%), la Policía (27%) y grupos paramilitares / parapoliciales (6%).
“Las defensoras nunca hemos dejado de luchar contra las causas de la crisis estructural que agrede nuestros cuerpos, territorios y movimientos… por eso, estamos en el punto de mira de los poderes que nos quieren solas, calladas y encerradas en cárceles o en nuestras casas obedeciendo supuestos mandatos de género” menciona el informe.
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En 2019, el estudio “Violencia de genero a través de la Tecnología contra mujeres políticamente activas”, realizado por FUNIDES en Nicaragua evidenció que la violencia digital contra las mujeres defensoras no es un fenómeno nuevo; existía antes de 2018, pero se incrementó a raíz de esa fecha pasando del 57.6 % al 73.1%, y sobresale su incidencia hacia las activistas (81.0%) y defensoras de derechos humanos (83.9%). En cuanto al tipo de expresión de violencia que han sufrido las mujeres encuestadas por el estudio sobresalen las amenazas (74.3%); seguido por comentarios ofensivos o insultos (63.0%), publicaciones con información falsa para descalificar (56.6%) y publicación de información personal sin consentimiento (43.0%).
Las amenazas trascendieron de lo digital a lo físico para el 32.5 % de las encuestadas, lo cual evidencia que la violencia traspasa las pantallas, escalando hacia: vigilancia en tiempo real, agresión o sus familiares, ataques a la vivienda y otras acciones como intentos de detención, detenciones, represalias en el ámbito académico, pérdidas de empleo y agresiones sexuales. Se constata que el 30% de las amenazas se han concretado, trascendiendo del entorno tecnológico; afectando el espacio privado y la vida íntima de las mujeres que la padecen. De acuerdo con FUNIDES el carácter de peligrosidad que representa el incremento de la violencia digital aumenta, puesto que el 64.6% de mujeres encuestadas que han sido víctimas de agresiones y violencia digital reportan daño emocional
(miedo, inseguridad, etc.). Asimismo, el 48.7% afirma tener repercusiones psicológicas como ansiedad, pánico, insomnio o estrés.
Esto también tiene afectaciones en sus trabajos como defensoras y su activismo, las mujeres encuestadas por el estudio de FUNIDES utilizaban en su mayoría las redes sociales para el ciberactivismo, el 75.9 % de las encuestadas afirma utilizarlos para opinar sobre la realidad del país, un 68.4 % para compartir información que consideran importante y un 65.6% para realizar denuncias de actos de violencia o abusos, de esto el 13.6% de las mujeres encuestadas se han retirado del activismo como consecuencia de la violencia digital.
Ante este panorama, es urgente no seguir negando las consecuencias y repercusiones de la violencia digital en la vida de las mujeres, como una continuidad de lo que ocurre con las violencias machistas en general. Llamar a las violencias digitales por sus nombres ayudará a que las víctimas no encuentren escenarios desoladores en donde se les desestima porque no existe un “evidencia física” de las agresiones. Todos estos registros y estudios muestran que la violencia traspasa las pantallas, no solo porque las amenazas pueden
concretarse, sino porque tiene efectos reales en la vida de las personas.
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Como estrategias de resistencias para afrontar la violencia digital las mujeres se autocensuran (disminuyendo el número de publicaciones en redes sociales o cerrando sus cuentas y toman distancia de los espacios digitales) una elección que no hacen libremente y que es también identificada como violencia digital, lo cual se vive como duelo porque se percibe como una pérdida de identidad compleja. También aplican una revisión y filtración de contactos, cambio y fortalecimiento de contraseñas, cambian su nombre en las diferentes redes sociales y se movilizan a aplicaciones más seguras, se apoyan de redes de apoyo
para nombrar lo que vivieron y como sobrevivieron.
Si bien la legislación actual en Nicaragua incluye algunos recursos que pueden ser utilizados para sentar precedentes de acción contra la violencia de género a través de la tecnología, las instituciones de la ruta de justicia no están preparadas para dar el seguimiento necesario y resulta insuficiente ante la falta de un sistema integral de atención. Con la aprobación de la Ley de Ciberdelitos en 2020 se incluyen nuevas tipificaciones de delitos para proteger la integridad de las mujeres víctimas de violencia digital, pero esta misma ley está siendo utilizada para perseguir y criminalizar el trabajo periodístico y la difusión de información y datos no oficiales.
De acuerdo con Remedios Zafra “visibilizar lo que se oculta y duele es un gesto político que se amplifica cuando sus protagonistas se van encontrando con iguales”, en este caso las redes de apoyo para las victimas de violencias digitales son importantes, porque respaldan, hacen eco, registran y denuncian esta agresiones, para que el silencio no siga tomando espacios.
