En el informe de Trata de Personas 2023, realizado por la autoridades estadounidenses, Nicaragua fue ubicada en la “lista de negra” de países que “no hacen esfuerzos significativos” para combatir ese flagelo
Por 211 
El Gobierno de Estados Unidos, a través de su informe “Trata de personas 2023” divulgado por el Departamento de Estado, nuevamente ubicó a Nicaragua en la “lista negra” de países que “no cumplen plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata” y que “no están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”, señalando que en el país se “continuó minimizando la gravedad del problema”, dejando a las víctimas desprotegidas, y capturando, procesando y condenando a menos personas vinculadas a este delito.
“El Gobierno continuó minimizando la gravedad del problema del tráfico en Nicaragua a través de informes poco confiables; no contaba con albergues ni asignaba fondos para servicios especializados a las víctimas; hizo esfuerzos insignificantes para abordar el tráfico laboral, que seguía siendo una preocupación grave; y los esfuerzos de identificación de víctimas siguieron siendo inadecuados”, señala un apartado del informe dedicado a Nicaragua.
Asimismo, apunta que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo -señalada por organizaciones nacionales e internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses- “no condenó a ningún traficante y no apoyó a las víctimas de trata nicaragüenses identificadas en países extranjeros”, y “no informó sobre ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del Gobierno cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y la complicidad oficial generalizada”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que, aunque los reportes gubernamentales de Nicaragua muestren una supuesta disminución de los casos de trata de personas, pues en 2022 afirman que no identificaron «ninguna víctima de trata, en comparación con dos víctimas en 2021 y una en 2020», en realidad en el país hay víctimas que no se atreven a denunciar, muchas veces por la misma corrupción y complicidad de las autoridades con este tipo de delitos.
En ese contexto, alertaron que Nicaragua «es un destino para turistas sexuales con niños de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental»; «ciudadanos cubanos que trabajan en el país pueden haber sido obligados a trabajar por el gobierno cubano»; y niños, niñas y personas con discapacidad «son sometidos a la mendicidad forzada, particularmente en Managua y cerca de los centros turísticos».
En 2022, las autoridades de Nicaragua -refiere el informe- no reportaron ni una sola investigación, proceso o condena contra traficantes de personas, a diferencia de 2021, cuando informaron del inicio de la investigación y enjuiciamiento de ocho presuntos traficantes sexuales y la condena de otros cuatro.
El Gobierno de Estados Unidos señala que la información del régimen orteguista sobre 2022 es contraria a los reportes de medios de comunicación, que en ese año informaron “sobre dos casos de trata sexual que involucraron a cinco presuntos traficantes”, además de “una investigación oficial que condujo al arresto de dos presuntos traficantes y la identificación de cuatro víctimas de trata de niños”.
El documento, citando los reportes periodísticos, refiere que una de las personas detenidas por tráfico en 2022 fue procesada y condenada a 19 años de prisión, tras ser acusada de explotar a sus hijos en el tráfico sexual; y otro también “presunto traficante, un hombre extranjero, fue acusado de pagar para participar en actos sexuales comerciales con los niños”.
Sin embargo, afirman que el régimen de Ortega y Murillo ni siquiera informó si “mantuvo a algún traficante acusado en prisión preventiva”, a diferencia de 2021, cuando “supuestamente mantuvo a siete traficantes acusados” bajo esa medida.
Las autoridades estadounidenses, además de señalar la falta de investigación y acceso a la justicia en delitos relacionados a la trata, también denunciaron la desprotección que sufren en Nicaragua las víctimas de este flagelo, resaltando que “el Gobierno no proporcionó alojamiento especializado o servicios de protección para las víctimas de la trata y, en ausencia de estos, no cooperó con la sociedad civil para financiar o remitir a las víctimas a ellos para que los apoyaran”.
«El Gobierno redujo aún más sus ya mínimos esfuerzos de protección. El gobierno no informó sobre la prestación de servicios de apoyo de ningún tipo, incluido refugio, a las víctimas de la trata en 2022; ningún gasto asociado con la protección de las víctimas, aunque indicó en los últimos años que el presupuesto nacional incluía asignaciones específicas de agencias para la trata, aunque por octavo año consecutivo, no hubo indicios de que el gobierno hiciera operativo el fondo», apunta el informe.
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Feministas y defensoras de derechos humanos de Nicaragua han denunciado, en los últimos cinco años, el actuar de la dictadura orteguista, que contrario a apoyar los esfuerzos por eliminar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, libera a criminales, vinculados a delitos contra la vida y derechos de las mujeres.
