Nicaragua entre las tres economías con menor igualdad legal para las mujeres

Nicaragua obtuvo una de las posiciones más bajas de Mesoamérica en el más reciente informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2026, elaborado por el Grupo Banco Mundial, que evalúa las leyes que inciden en el empleo y el crecimiento inclusivo.

El informe analiza la participación económica de las mujeres en 190 economías del mundo a partir de tres pilares: marcos legales, marcos de apoyo y percepciones de cumplimiento. Para ello, examina 10 áreas clave: seguridad, movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, cuidado infantil, empresariado, activos y jubilación.

Con una puntuación de 70.03 sobre 100 en el índice de marcos legales —que mide el grado de igualdad de derechos relacionados con el trabajo y el empresariado, así como las restricciones explícitas que enfrentan las mujeres frente a los hombres—, Nicaragua se ubica como el tercer país con menor igualdad legal en Mesoamérica.

Solo supera a Guatemala (63.13) y Belice (64.15), y se encuentra 14 puntos por debajo de Costa Rica (84.78), que lidera la subregión.

A nivel global, el promedio en el índice de marcos legales es de 67 sobre 100, lo que evidencia la amplia brecha que persiste entre las normas vigentes y la igualdad real ante la ley.

“Ninguna de las 190 economías analizadas en el estudio de 2026 ha alcanzado aún la plena igualdad económica establecida por ley para las mujeres”, subraya el informe.

Sin respaldo institucional suficiente

El contraste más crítico para Nicaragua no está solo en la ley, sino en su implementación. El país registra apenas 31.43 puntos sobre 100 en el índice de marcos de apoyo y 59.23 en percepción de cumplimiento.

Aunque la puntuación en el marco legal podría parecer relativamente aceptable, no garantiza igualdad sustantiva. La brecha entre los derechos reconocidos en la norma (70.03) y las condiciones institucionales para hacerlos efectivos (31.43) revela una realidad estructural: existen disposiciones en el papel, pero faltan políticas públicas, servicios y mecanismos que permitan a las mujeres ejercer esos derechos en igualdad de condiciones.

En otras palabras, la legislación promete igualdad económica, pero en la práctica persisten barreras que limitan la participación plena de las mujeres en el empleo, el emprendimiento y la vida productiva.

Entre 2023 y 2025, 68 economías realizaron reformas orientadas a fortalecer la igualdad de derechos ante la ley. Nicaragua figura entre ellas, tras una modificación al Código de Familia en materia de parentalidad que buscaba promover la corresponsabilidad en la crianza, incluso después de la separación.

Sin embargo, la experiencia cotidiana de muchas mujeres no refleja esa corresponsabilidad. En la práctica, continúan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, una carga que condiciona su autonomía económica y limita sus oportunidades laborales.

Un grupo reducido de países se acerca a los niveles más altos del índice de marcos legales, entre ellos España (97.3), Croacia (94.40), Eslovenia (94.38), Francia (92.93), Italia (92.93), Irlanda (92.10) y Australia (91.88).

“Incluso si las leyes promulgadas se aplicaran en su totalidad, las mujeres tendrían apenas dos tercios de los derechos de los hombres”, advierte el informe.

Violencia, cuidados y acceso al crédito

El documento también señala que la falta de seguridad frente a la violencia impacta directamente en la capacidad de las mujeres para sostener un empleo de manera constante. La violencia no solo vulnera derechos fundamentales, también condiciona la autonomía económica.

El empresariado es otro ámbito donde persisten brechas. Aunque en la mayoría de los países las mujeres pueden iniciar negocios bajo las mismas condiciones legales que los hombres, solo en aproximadamente la mitad se promueve activamente la igualdad en el acceso al crédito.

El cuidado infantil aparece como uno de los puntos más débiles a nivel global, especialmente en la etapa de la vida en que las mujeres suelen combinar empleo remunerado con responsabilidades de cuidado.

Nicaragua no escapa a esta tendencia y, en algunos aspectos, la profundiza. La infraestructura de cuidados es fragmentada y limitada, lo que obliga a muchas mujeres a asumir cargas desproporcionadas. En términos concretos: hay mujeres que no pueden acceder o permanecer en un empleo porque no cuentan con servicios de cuidado para sus hijas e hijos.