Nicaragua es el doceavo país más corrupto de todo el mundo y el tercero en América Latina y el Caribe durante 2022, siendo superado únicamente por Venezuela y Haití que tienen los primeros lugares, según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI).
De acuerdo con TI, Nicaragua fue uno de los países peor desempeñados en luchar contra la corrupción en la región durante el año pasado, en donde “las élites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales”, y en donde “es difícil trazar una línea entre las instituciones públicas y las actividades delictivas,” señala el informe.
Lee: Discursos de odio contra migrantes y mujeres se triplicaron en Costa Rica
El país obtuvo un puntaje de 19 sobre 100 acerca del nivel de transparencia de las instituciones públicas, siendo la escala cero como muy corrupto y 100 como muy baja corrupción.
Esta escala evalúa actividades delictivas como sobornos, desvío de fondos públicos, personas funcionarias que utilizan su cargo público para obtener beneficios sin enfrentar consecuencias, acciones de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público, nombramientos nepotistas en cargos políticos.
También evalúa la burocracia excesiva en las instituciones para aumentar las oportunidades para la corrupción, leyes que garanticen una fiscalización a las personas funcionarias, la protección legal para las personas que denuncien la corrupción y el acceso a información sobre asuntos públicos.
En los últimos 10 años, Nicaragua ha perdido 10 puntos en esta evaluación. La última calificación más alta fue en 2012 cuando obtuvo 29 puntos de 100, pero desde entonces, el país ha perdido en promedio un punto cada año debido al aumento de la corrupción en el Estado.
TI señala que desde el año 2017 se ha registrado un descenso significativo de las calificaciones en Las Américas, siendo Nicaragua con 19 puntos, Honduras con 23 puntos y Guatemala con 24, los países más han perdido niveles de transparencia. Además que Guatemala registró su mínimo histórico en esta escala.
Nicaragua también lidera la región como uno de los países donde existen más violaciones a los derechos humanos y donde se registra mayor pérdida de la democracia.
“Existe un nexo evidente entre la violencia y la corrupción: los países que tienen las puntuaciones más bajas en en el Índice de Paz Global también tienen puntuaciones muy bajas en el IPC. Los gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas y, a su vez, en esos contextos el descontento público tiene más probabilidades de transformarse en violencia”, indica la organización.
Según IT, el último informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción “pone de manifiesto que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción”, ya que el 95 por ciento de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017, y más de las dos terceras partes de los países tienen un problema grave de corrupción con una puntuación inferior a 50.
La principal preocupación del aumento de la corrupción en las regiones se debe a que tiene como consecuencia el aumento de la violencia, la pérdida de la democracia y el incremento de los abusos contra los derechos humanos.
También: La desaparición de María Dolores Briceño revela vulnerabilidad de mujeres migrantes en España
“La corrupción ha hecho que nuestro mundo sea un lugar más peligroso. Los gobiernos no han logrado, de manera colectiva, contrarrestar este fenómeno y, con esto, agudizan el aumento de la violencia y el conflicto que se observa en la actualidad, lo cual plantea peligros para las personas de todas partes del mundo”, expresa Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI.
“La única salida ante esta situación es que los Estados enfrenten la ardua tarea de erradicar la corrupción en todos los niveles para asegurar que los gobiernos trabajen para todas las personas y no solo para una élite reducida”, agrega.
El uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos afectan las instituciones que están a cargo de proteger a la ciudadanía, y no pueden asegurar la vigilancia de un Estado de Derecho y preservar la paz.
“Las organizaciones terroristas y de criminalidad suelen contar con la complicidad de funcionarios, autoridades de aplicación de la ley, jueces y políticos corruptos, lo cual les permite alcanzar sus objetivos y actuar con impunidad”, indica Ferreira.
