El Índice de Libertad Económica del año 2020 ubicó a Nicaragua en el puesto número 115 de 180 países evaluados a nivel mundial, lo que representa para este país una caída de ocho posiciones en comparación al reporte del año anterior.

El estudio, elaborado por la Fundación Heritage, que se da a conocer en medio de la crisis de salud que enfrenta el mundo por el COVID-19, mide componentes como apertura de mercado, funcionamiento de las entidades públicas, respeto por la propiedad privada, impuestos, por mencionar algunos.

En este informe, en el que Nicaragua obtuvo un puntaje de 57.2, se señala que el deterioro económico se “aceleró” a partir de 2018, cuando “el gobierno autoritario”, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, “apretó su control sobre el país”.

En el 2019, Nicaragua apareció en la posición número 107 en el Índice de Libertad Económica.

¿Qué aspectos marcaron este retroceso?

Desde 2009, Nicaragua había tenido un crecimiento económico “moderadamente positivo” hasta 2018, cuando se volvió “fuertemente negativo” debido a que el país ha estado encerrado en una crisis política “engendrada por la brutal respuesta de Ortega a las manifestaciones antigubernamentales” y como resultado de la agitación política, la economía se ha deteriorado.

En Nicaragua el Poder Judicial es controlado por los sandinistas. Foto tomada de La Prensa.

DEBILIDADES INSTITUCIONALES

La Fundación Heritage destaca que en el sector público impera la “corrupción” y el “soborno de los funcionarios públicos”, dos desafíos importantes que lastran la actividad económica en Nicaragua.

En el reporte se destaca que el país ha retrocedido por la inseguridad jurídica sobre la propiedad privada, especialmente para los inversores extranjeros, y el “actual gobierno autoritario de la familia Ortega es la mayor amenaza para el estado de derecho”.

A raíz de la crisis sociopolítica, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), señaló que las invasiones de propiedad privada por simpatizantes gubernamentales iniciaron en junio de 2018.

La ocupación ilegal sumaron 10 mil 345 manzanas de tierra, según el último reporte emitido por Upanic en noviembre de 2019, de las cuales 60% son de uso agrícola, 31% pecuario y el 8% del tipo forestal.

Por otro lado, el informe confirma que el “sistema judicial sufre corrupción y largas demoras; el gobierno controla la corte suprema politizada”.

A partir de la crisis de 2018, fanáticos orteguistas se tomaron tierras privadas. Foto tomada de El Nuevo Diario.

RIESGO DE INVERSIÓN

La inestabilidad política persistente, afirma el análisis elaborado por la fundación, aumenta el riesgo de inversión a largo plazo.

“La inversión extranjera es formalmente bienvenida, pero el régimen de inversión no es transparente ni eficiente”, señala.

Y destaca que el sector financiero sigue “subdesarrollado”, proporcionando una “gama limitada de servicios”.

En Nicaragua impera el trabajo informal. Foto tomada de La Prensa.

FALTA DE CONFIANZA

La inestabilidad política también socava la confianza de los consumidores y las empresas, perjudicando particularmente a las empresas privadas, señala el informe de 2020.

“El ya bajo nivel de empleo formal se contrajo aún más. El gobierno controla los precios del gas butano, la electricidad para los hogares y los productos farmacéuticos, mientras que subsidia en gran medida el combustible y el agua”, puntualiza el estudio.

UNA SALIDA

En el hipotético caso que se restaure la democracia en Nicaragua, el primer paso necesario para “resucitar la libertad económica”, insiste la Fundación Heritage, es necesario hacer una “revisión completa de las instituciones del Estado de derecho”.

Lo anterior garantiza una protección a los “derechos de propiedad, establecer un sistema judicial transparente y confiable y eliminar las muchas formas de corrupción que florece bajo un sistema socialista”.

Nicaragua ocupa el puesto 23 entre 32 naciones de las Américas, en el que Venezuela ocupa el último lugar.

NO ACCEDE A RECURSOS

Con la emergencia sanitaria que vive el mundo por el coronavirus, Nicaragua es el único país de la región que no tiene acceso a recursos financieros para atender la pandemia. El Salvador, Honduras y Panamá ya lograron ser beneficiados con esos recursos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), desembolsó una línea de crédito para El Salvador de 389 millones de dólares; un total de 515 millones de dólares para Panamá, mientras que a Honduras se le entregó 143 millones de dólares.

Esta semana el FMI también anunció la aprobación de subvenciones para aliviar la deuda de 25 países pobres, pero Nicaragua tampoco fue incluida.

Foto principal: Confidencial

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