La mujer -familiar de una de las víctimas mortales de 2018- fue detenida por el orteguismo el 15 de abril pasado junto a su esposo, Eddy Castillo, y su cuñado, Henry Castillo
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo además de ordenar el ataque a las protestas sociales de 2018, donde resultaron más de 300 personas asesinadas, ahora criminaliza a las madres, tías y familiares de éstas víctimas que -en los últimos cinco años- han exigido justicia sin impunidad. Nelly López García, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA) y tía de la víctima Erick Antonio Jiménez, está encarcelada, sin acceso a visitas familiares y sometida a constantes interrogatorios desde hace 46 días en el Distrito Tres, en Managua.
La Lupa conversó con familiares que de forma anónima sostuvieron que López está encarcelada y criminalizada junto a su esposo, Eddy Castillo, y su cuñado, Henry Castillo, por motivos políticos, “en represalia porque ha exigido justicia, organizada desde AMA, para su sobrino, que fue asesinado en Masaya, y al que ella tuvo que recoger porque quedó tirado luego de ser impactado de un balazo en el pecho en junio de 2018”.
Nelly López fue detenida el 15 de abril pasado, junto a su esposo y cuñado, luego que un grupo de policías llegó a buscarla a su casa en Masaya, y se los llevaron sin informar a qué centro policial. Durante la detención estaban presentes sus dos hijas, una de ellas menor de edad, que ahora están a cargo de dos adultos mayores, ante la desprotección en que la dictadura la dejó al encarcelar a su madre y padre.
Los familiares de López tuvieron que buscarla durante seis días en diferentes estaciones policiales de Masaya y Managua, además de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, hasta que en el Distrito Tres de la capital les confirmaron que ahí estaba Nelly, junto a su esposo y cuñado, y que estaban autorizados a llevarles almuerzo, cena y agua todos los días.
“A ninguno de ellos los han dejado ver, sin embargo, sabemos, porque han mandado mensajes con otras personas que sí tienen visitas, que no los golpean, pero sí son sometidos a interrogatorios donde les muestran los videos donde su hermana, Azucena López, mamá de Erick, exige justicia y fotos donde Nelly junto a AMA también ha exigido justicia”, indicó uno de los familiares de la rea de conciencia bajo condición de anonimato.
Denunció que algunos de los policías que han interrogado a Nelly, ejerciendo violencia psicológica, han enviado amenazas a su hermana, Azucena López, en las que le dicen que le advierta que no regrese a Nicaragua o si no que “traiga su caja porque de aquí (Nicaragua) no sale viva”.
Nelly López, antes de ser encarcelada, se había apartado de las protestas y demandas públicas de justicia, y se dedicaba a laborar en una tienda como supervisora; y su esposo y cuñado se dedicaban a la carpintería.
Los familiares aseguran que desconocen los cargos por los que la ciudadana es acusada, aunque denunciaron que no ha tenido derecho a la defensa, pues el abogado privado que intentó hacerse cargo del caso fue rechazado por la justicia orteguista, que le asignó un defensor público.
“Ella nos avisó que ya le hicieron audiencia, que le dijeron que posiblemente la condenarían a cuatro años, pero no sabemos el delito que le imputan, aunque sabemos que es por motivos políticos que la tienen ahí, porque ni ella ni su esposo ni el cuñado son delincuentes, todos son inocentes y están ahí de forma arbitraria e ilegal”, apuntó otro familiar de Nelly.
Además, reiteró que como familia la demanda es “libertad sin condiciones para ella (Nelly), su esposo y su cuñado, porque, repito, no son criminales, no han asesinado, no han robado, nada, y si es por pedir justicia por Erick creo que todos tenemos derecho a exigir justicia cuando nos matan a un familiar y por eso exigimos su libertad inmediata”.
Maricruz Bermúdez, también integrante de AMA y madre de la víctima Richard Pavón, asesinado en abril de 2018, también fue detenida en marzo pasado, en Tipitapa.
La Lupa conoció que en el caso de Bermúdez la dictadura orteguista decidió no dejarla encarcelada y la mantiene casa por cárcel, vigilada, incomunicada y la obliga a presentarse periódicamente a firmar a la estación policial de ese municipio.
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“La familia tiene miedo de hablar, temen que si hablan pueden causarles más daño y por eso no denuncian, pero sabemos que está incomunicada, en su casa, y que también está siendo criminalizada, pero desconocemos el delito que la justicia orteguista le está imponiendo”, indicó la fuente.
Carlos Pavón, papá de Richard Pavón, se encuentra exiliado en Estados Unidos, ha denunciado en reiteradas ocasiones que como familia sufrían constante asedio policial y que eran tachados de “terroristas”, pese a que ellos perdieron a su hijo producto de la represión, y sólo exigen justicia.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, hasta el 7 de mayo pasado, identificaba a 47 personas encarceladas por motivos políticos. Sin embargo, el número de reos de conciencia podría ser mayor ya que entre el 1 de abril y el 7 de mayo pasado dicha organización documentó la captura de al menos 91 personas de diferentes departamentos de Nicaragua, mismas que indicó seguían en revisión con el fin de confirmar si fueron liberados horas después de la captura, si fueron presentados ante un juez, si les dictó medida de presentación periódica y si las familias autorizan que se incluyan en la lista de personas encarceladas por motivos políticos.
