La audiencia inicial contra María Esperanza Sánchez y Víctor Manuel Sosa fue intensa. El abogado Julio Montenegro informó que fueron tres largas horas de audiencia en la que la Fiscalía exteriorizó las supuestas pruebas contra sus representados.

Montenegro señaló que el proceso contra sus defendidos es ilegal desde el momento de la detención, por lo que interpuso dos incidentes de nulidad. 

“Yo deje claro que la tesis de la defensa es que los cargos son ficticios, es prueba espuria y alguna de ella incluso es prueba falsa y que ellos se declaran inocentes. Interpusimos incidentes de nulidad por la detención ilegal y por la indefensión en la que los dejó la defensa en la audiencia preliminar por aceptar una acusación”, detalló Montenegro. 

Sánchez y Sosa son acusados por el delito es tráfico interno de estupefacientes y sustancias controladas. La versión de la Fiscalía es que ambos portaban un total de 1,200 gramos de marihuana.

 En caso de ser declarados culpables, como ha sucedido con otros manifestantes señalados de cometer delitos vinculados con drogas luego de protestar, podrían ser sentenciados entre 5 y 15 años de prisión. 

INCONSISTENCIAS Y TORTURAS

El abogado defensor resaltó que parte de las inconsistencias en la presentación de las pruebas de la Fiscalía inician con el lugar de la detención, ya que, según el relato ambos fueron encontrados juntos con esas sustancias. Sin embargo, la detención fue por separado. María fue detenida el pasado 26 de enero a eso de las 6:00 de la tarde en una casa de seguridad, ubicada en carretera a Masaya. Mientras que Víctor fue detenido -el mismo día- a eso de las 2:00 de la tarde en el parque Morazán de Matagalpa.

Montenegro también indicó que la Fiscalía señala que sus defendidos portaban mochilas, pese a que esto no era así. Es por ello que, el abogado defensor insistió que la postura que mantendrán es que “ellos (Sánchez y Sosa) están siendo criminalizados por la protesta”.

Asimismo, denunció que -luego de conversar con sus representados- pudo corroborar que ambos han sido torturados tanto física como psicológicamente. “Me confirmaron las torturas físicas y psicológicas, además de las entrevistas constantes que le hacían, con el afán que declarara contra la otra persona”, comentó Montenegro.

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Mientras la audiencia inicial de ambos manifestantes se realizaba a lo interno del complejo judicial, en Managua, en las afueras la Policía orteguista tenía cercado el portón cinco, donde se encontraba excarcelados políticos y amigos de los acusados. Además, retuvieron ilegalmente a Helmuth Bustos, únicamente, porque reclamó el robo de una camiseta, acto realizado por un comisionado de la Policía.

La acusación contra Sánchez y Sosa, tras ser admitida la causa, pasará juicio oral y público. La fecha provisional está estipulada para el próximo 23 de marzo. En ese tiempo, según Montenegro, la defensa tiene 15 días para ofrecer las pruebas. 

La nueva modalidad de criminalización utilizada por el régimen de Ortega contra quienes desde abril 2018 han protestado en su contra ha tomado un nuevo giro y quienes eran acusados de terrorismo, crimen organizado, exposición de personas al peligro, obstrucción de servicios públicos y hasta de portación ilegal de armas, ahora son acusados como narcotraficantes, advierten los defensores de derechos humanos.

Los casos en los que los reos políticos son señalados por algún tipo de delito vinculado con drogas ronda los 15, según el reporte de los defensores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos (CPDH), Defensores del Pueblo y la abogada Yonarqui Martínez.

Hasta la fecha, luego de la última excarcelación de 91 reos de la dictadura el 30 de diciembre de 2019, se conoce que más de 65 manifestantes permanecen encarcelados ilegalmente en las celdas de diferentes centros carcelarios y de detención del país.

Foto: Tomada de La Prensa

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