Las mujeres en Nicaragua están viviendo una nueva ola de violencia machista y la situación se agrava con los casos de femicidio, debido a que el agresor se siente protegido por la “impunidad estatal” que impera en estos casos.

El caso más reciente ocurrió en Matagalpa, donde Fátima Martínez Ramírez, en estado de embarazo, junto a su hija de cuatro años fueron asesinadas por Alexander Castellón.

El femicida, según versión de los familiares de las víctimas, escondió los cadáveres debajo de una cama y huyó, pero horas después fue capturado por la Policía del lugar y llevado a prisión.

Según datos del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año la violencia machista ha cobrado la vida de más de 40 mujeres, además que reportan al menos 55 femicidios frustrados.

“Se pueden incrementar los niveles de femicidio, las estadísticas, y los niveles de violencia por esta misma situación que tenemos con el Estado, que más bien se premia a los agresores, los femicidas andan sueltos, andan armados y andan como en rienda suelta, puede ser que miremos más casos de violencia”, señaló Maryce Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia.

Falta atención

Mayte Ochoa, del Movimiento Feminista de Nicaragua, además de la cultura machista que impera en la sociedad, la “desatención” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le está dando a la problemática de violencia contra las mujeres influye en estos crímenes atroces.

“Para tratar una problemática tan compleja como los femicidios requerís de la estructura del Estado para atenderlo, en acciones de prevención, acciones de detener la ola de femicidios, es decir el gobierno y la Policía, la Fiscalía, ya deberían estar elaborando un plan integral para detener la violencia contra las mujeres”, mencionó Ochoa.

La falta de acción estatal en estos casos quedó evidenciada en los últimos dos años, desde la “Rebelión de Abril”, menciona Ochoa.

“Este país está frente a una dictadura que no tiene el más mínimo reparo en asesinar a gente que protesta, entonces, obviamente, si no tiene reparo y respeto por la vida de los ciudadanos y ciudadanas jamás van a priorizar atender una problemática como la violencia”, enfatizó la feminista.

“Amenazadas de muerte”

Para Belky Reyes Ríos, representante de la Red de Mujeres del Norte en Estelí, organización que ofrece asistencia psicológica y legal en este departamento del país, es difícil ver a mujeres que llegan a ella temblando y diciéndole “yo tengo miedo que me maten”.

“Cuando te lo dicen están temblando y es una crisis de pánico. La mayoría de las mujeres que se te acercan y te hablan de la violencia que están viviendo, todas dicen que están amenazadas de muerte, hay unas que han huido a otros departamentos, se las ha llevado la familia, han salido de las casas, huyendo con sus hijos, porque saben que es inminente que las puedan matar”, denuncia Reyes Ríos.

En todo este proceso, las mujeres que sufren violencia cuando se atreven a denunciar se enfrentan a una serie de obstáculos en las instituciones del Estado que deben atender esta problemática.

“He acompañado un caso de una muchacha que fue a Medicina Forense, a Sicología Forense, y lo que le dijeron que ella no tiene absolutamente ningún daño y cuando ese tipo de resultados llegan a la Policía les dicen que no hay nada (delito) que perseguir y es una expareja que le está saliendo por todos lados, que la ha amenazado de muerte y ella tiene testigos” explica la Reyes Ríos.

Obligadas a mediar

Cada una de las fuentes consultadas refirieron a La Lupa que la liberación masiva de reos comunes, entre ellos “abusadores sexuales, violadores y femicidas” está contribuyendo a una serie de asesinatos donde las víctimas son mujeres.

“El mensaje para ellos es que pueden hacer lo que les da la gana y en unos meses salen libre. El mensaje que le dan a las víctimas, las que están vivas, y los familiares de las víctimas de femicidios es que no hay justicia (…) Hay muchas aberraciones jurídicas, hay impunidad estatal, las mujeres se sienten totalmente indefensas”, señala Reyes Ríos.

Para Ochoa la permisibilidad con la que actúan los funcionarios en las instituciones del Estado genera mayor impunidad en el país.

“No hay ninguna preocupación por aplicar la ley ni para ponerle mano dura a los femicidas que andan sueltos, se juntan muchas cosas, no es solo una cultura machista sino los obstáculos que tenemos con el sistema de justicia que permitimos estas situaciones tan horribles”, enfatizó Ochoa.

En cada denuncia, las mujeres están siendo obligadas a mediar con su agresor, agregó.

“Mujeres que las están obligando a mediar, incluso nosotros tenemos esa campaña ahorita de no promover más la mediación, porque cuando las mujeres son obligadas a mediar posiblemente después sean asesinadas por el agresor”, señaló Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia.

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La Lupa Nicaragua