La migración interna ha aumentado en el país, sin embargo, las mujeres y sus hijos e hijas viven los desplazamientos con mayores dificultades.
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La migración a lo interior del país de mujeres rurales junto con sus familias ha aumentado en los últimos años debido a que las condiciones de vida en el campo son cada vez más precarias, señaló la socióloga feminista María Teresa Blandón, durante el programa La Comadres realizado por La Lupa, Agenda Propia y Radio Vos.
Entre las razones por las que las mujeres han sido forzadas a migrar se encuentran la escasez de empleo en sus comunidades, los salarios bajos, el encarecimiento de la vida, el cierre de organizaciones comunitarias que brindaban apoyo financiero, el cierre de programas económicos del Estado, la inseguridad y la desprotección ante la violencia machista.
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“Cada vez hay más familias que no encuentran en sus comunidades medios de vida para satisfacer sus necesidades básicas, entonces también se van de esas comunidades y migran a otras partes del país donde asumen que van a encontrar un empleo con un salario fijo para sobrevivir”, indica la socióloga.
El problema con este fenómeno es que las mujeres y sus familias llegan a las zonas urbanas en condiciones de pobreza, donde no siempre encuentran empleos bien remunerados, donde sufren exclusión y discriminación por ser originarias de áreas rurales, y donde llegan a vivir en condiciones aún más de marginación que en el campo.
Debido a que la migración interna afecta a miles de personas que se desplazan por razones similares, se vuelve una problemática extendida en el área urbana que no es atendida por el Estado.
La población desplazada no se termina de acoplar bien a los nuevos lugares donde llegan, señala Blandón, ya que el Estado tampoco realiza programas de integración social y económica que son necesarias para acabar con la pobreza y facilitar la movilidad social.
“Nos damos cuenta de esas oleadas sucesivas de migración cuando miramos que crecen estos barrios espontáneos en las ciudades. El barrio La Chispa en Matagalpa surgió de esas oleadas de migración. Las personas llegan a las ciudades y se instalan dónde pueden y cómo pueden. Los gobiernos municipales no se han ocupado de atender las dinámicas de migración interna, ya que la gente llega a poblar las ciudades en condiciones de muchísima precariedad y ni a nivel central, ni a nivel local hay políticas”, indica.
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“Y se van instalando ahí porque no terminan de articularse con esas ciudades o pueblos donde se instalan, sino que quedan como un apéndice mal recibido en esas ciudades que les acoge. Si nos vamos a Managua la situación es mucho más crítica, ya que todos los barrios más marginales de la capital están llenos de personas rurales”, agrega.
Pese a que es obligación del Estado atender a las personas que migran de manera interna, investigar las zonas de donde más provienen y donde más migran, así como saber las razones por las que se desplazan para poder atender esas problemáticas, “el Estado ha estado totalmente ausente para el área rural”, indica Blandón.
Esto se suma a la estigmatización que sufren las mujeres rurales y sus familias por parte de las personas de las zonas urbanas, que las consideran «inferiores, ignorantes o estorbos». Esto limita las opciones de empleo de las mujeres, que mayormente solo se pueden dedicar a la limpieza y cuido de hogares; y las opciones de estudio de sus hijos e hijas que deben estudiar en escuelas públicas, donde muchas veces reciben burlas de sus compañeros y compañeras por ser de área rural.
“Reproducen el ciclo de la pobreza porque no logran conseguir recursos para mejorar sus condiciones de vida, y no logran darle mayores oportunidades a sus hijos e hijas para que salgan adelante. Al final ves que iniciaron su casa con chapas y carpas y en unos años solo han conseguido que la casa sea de tablas de madera”, explica.
La socióloga y feminista, María Teresa Blandón, señala que el Estado de Nicaragua debe de invertir el políticas públicas que impulsen el desarrollo económico en las áreas rurales, en la que la población más precarizada sea la beneficiada. De esta manera, las personas lograrían cubrir sus necesidades básicas en las comunidades y no necesitarían migrar para sobrevivir.
Sin embargo, las empresas que hay en las áreas rurales en vez de impulsar la economía de las comunidades, encarece su vida y marginaliza a las familias que viven a su alrededor.
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Por otro lado, la dictadura Ortega-Murillo ha cerrado las únicas organizaciones comunitarias que brindaban apoyo económico, préstamos y servicios a la población rural, que son rechazadas por bancos o cooperativas más grandes por «no tener ingresos seguros». Esto ha hecho que las mujeres, que son las mayores beneficiadas de cooperativas y programas económicos, no puedan acceder a ingresos con los que alimentan sus negocios o sus cosechas.
Además, la dictadura también ha suspendido en varios departamentos y municipios algunos programas económicos de Hambre Cero como el Bono Productivo, de las que la gran mayoría de titulares también son mujeres. Sin acceso a recursos de las organizaciones comunitarias, ni el Estado, las mujeres son forzadas a abandonar los territorios en los que viven.
“Hay un debilitamiento de las políticas sociales para el campo. El famoso bono productivo que era con dar una gallina o un cerdo se fue desinflando de tal manera que ya no queda ni la sombra de Hambre Cero. Obligaron a las mujeres, que eran las titulares del proyecto, a crear grupos revolventes, pero esos grupos se quedaron endeudados y sin capacidad de pago”, indica.
Sin la presencia del Estado para estas comunidades, las mujeres y sus familias no tienen otra opción más que encontrar sus propios medios en otras zonas del país.
