El acceso a la tierra es una de las principales desigualdades que viven las mujeres rurales. Se trata de un derecho que el Estado no les ha garantizado.
Por 305 
La tierra le da poder a las mujeres sobre sí mismas, sobre sus finanzas y sobre el resto de sus vidas. Para «Margarita», poseer su propia manzana de tierra representa la oportunidad de alimentar a su familia, aportar a la economía de su comunidad y tener un ingreso para sostener su hogar.
“La tierra me da poder de decisión. Tengo la esperanza de heredar mis tierras a mis hijas. Nosotras (las mujeres rurales) alimentamos al país, al municipio y la comunidad. Eso me enorgullece, ser mujer productora. Tener acceso a la tierra me empodera. Yo decido qué voy a sembrar, cómo voy a sembrar y qué gastar con ese dinero”, dice Margarita, nombre que utiliza en el anonimato.
Margarita tiene 33 años, es originaria de San Juan de las Pencas, Chinandega, es ingeniera agrónoma y forma parte de la Cooperativa Multisectorial Mujeres en Acción y la Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) desde hace 14 años.
Lee: #8M: La lucha histórica por visibilizar la violencia machista en Nicaragua
Se define a sí misma como una mujer campesina feminista, y defiende el derecho de las mujeres a poseer sus propias tierras, ya que en Nicaragua la mayoría de los títulos de tierras le pertenecen a los hombres, situación que deja a las mujeres rurales en condiciones económicas vulnerables.
Comenzó su trabajo en la agricultura desde la adolescencia, a los 14 años, cuando su mamá la llevaba a lavar maíz y le enseñaba cómo sembrarlo. En ese momento no tenía conocimientos sobre las desigualdades de género que atraviesan las mujeres rurales, y los derechos que poseían.
Hasta que a los pocos años de empezar a cultivar se unió a la Coordinadora y la Cooperativa, referentes como espacios de mujeres donde brindan a las agricultoras formaciones técnicas, incidencia política y liderazgos feministas para apropiarse de sus derechos.
Estas formaciones y reflexiones sobre sus derechos como mujer rural, permitieron que Margarita luchara por su manzana de tierra, pues no siempre fue suya. Dentro su familia tuvo que deconstruir los pensamientos machistas que imperaban para que las tierras se distribuyeran igualitariamente entre sus hermanas y su hermano. La idea de su mamá era solo dárselas a él por ser el varón de la familia, una práctica común en las zonas rurales del país.
“Mi mamá tenía la idea de que mi hermano mayor era el que iba a tener las tierras y las iba a producir porque él era el varón, pero comencé a concientizar a mi familia. Les dije que las mujeres también tenemos derecho a herencia, a tener la tierra. Mi mamá decidió heredarme la manzana de tierra que ella compró, igual a mis hermanas y a mis hermanos, pero en igualdad”, expresa la productora.
Gracias a la tierra que posee, Margarita tiene mayores ingresos que las mujeres que alquilan tierras, quienes muchas veces tienen que recurrir a préstamos. Pero ella no debe pagar ningún arriendo. “Tener mi propia tierra me permite tener más ganancias”, señala.
También le brinda mayor autonomía e independencia económica, puesto que no depende de nadie para mantenerse ella y sus dos hijas. “Yo decido sobre los ingresos de las casas. Eso es algo importante para las mujeres porque contamos con algo que es propio. Si el día de mañana nos separamos o nos vamos, tenemos algo que nos respalde”, manifiesta.
Ejemplo de eso es que con las cosechas de maíz, ajonjolí, pipián y otros vegetales de su manzana, más otros trabajos en agricultura, logró construir su propia casa; mientras que cuando no era dueña de tierra vivía donde su mamá.
Contar con sus propios ingresos y estar organizada como mujer rural en la Cooperativa y la Coordinadora también le ha abierto infinitas posibilidades, de las cuales muchas nunca había pensado en su vida, como terminar el bachillerato, estudiar una carrera universitaria y hacer diferentes diplomados.
“Yo no me imaginaba formarme profesionalmente. Cuando tuve a mis hijas no pensé seguir estudiando, pero estar organizada y tener mis ingresos me encendió esa llamita de seguir estudiando, formarme, empoderarme como mujer y de querer seguir creciendo”, relata Margarita.
Margarita tiene su propia manzana de tierra gracias a esfuerzos de las cooperativas y organizaciones de mujeres que constantemente están incidiendo en la comunidad, para que la repartición de tierras sea más justa entre hombres y mujeres, pero muchas todavía no cuentan con sus propios terrenos y se ven forzadas a pagar cuotas altas de alquiler o a prestar a familiares y conocidos.
A pesar que las mujeres rurales tienen por derecho la creación de un fondo para compra de tierras, el Estado nunca cumplió su obligación de garantizarlo y se encuentra en deudas con ellas.
La necesidad de las mujeres de poseer sus propias sus tierras fue problemática expuesta por las mujeres rurales desde los años noventa cuando comenzaron a organizarse, cuenta “Lupe”, integrante de la CMR. En los grupos de reflexión y de diagnósticos, se descubrió que la mayoría de las mujeres del campo trabajaban junto a sus esposos y familiares en la tierra, pero ellas no eran titulares, ni administraban el dinero que generaban.
Aunque el trabajo fuera igual de compartido, las mujeres nunca miraban ningún córdoba de esos esfuerzos. “Las mujeres decían que «ayudaban» a sus maridos, pero eran trabajadoras de sol a sol. Lo que pasa es que no tenían claridad de que tenían derecho a la tierra. Sembraban junto al marido, cosechaban junto al marido y hacían todas las prácticas agrícolas para producir”, relata la campesina.
También: Mujeres indígenas y afrodescendientes: Un año más en total indefensión
La reforma agraria ocurrida en los ochenta tampoco incluyó a las mujeres, lo que puso en mayor evidencia las desigualdades que enfrentaban las mujeres en el campo. Se trató de instrumento jurídico que iba a garantizar la justa distribución de la tierra, pero al momento de brindar los terrenos fueron los hombres los que se beneficiaron como dueños, a pesar que la reforma contemplaba el principio de no discriminación por sexo.
Esto se debe a la mirada patriarcal de que los hombres eran los únicos proveedores y por ende, los únicos con derechos a ser dueños de bienes. Los diagnósticos que se habían hecho para saber cuántas mujeres eran dueñas de tierras rondaba alrededor del 8 por ciento, señala Lupe, pero no todas las mujeres que eran dueñas realmente la administraban, sino también sus maridos.
Ante la falta de espacios que reconocieran la desigualdad de género, las mujeres rurales se organizaron hasta crear la Coordinadora para brindarles un sitio a las campesinas donde se pudieran concientizar sobre sus derechos, trabajaran su autoestima, aprendieran sobre liderazgo y se apropiaran de su entorno.
Aunque las mujeres con el tiempo ya tenían conocimientos sobre derechos humanos e incidencia política, todavía existía la necesidad de que generaran sus propios ingresos y tuvieran sus activos, así que decidieron crear una propuesta de ley para que las mujeres tuvieran sus tierras.
Así nace la Ley 717, Ley creadora de un Fondo para compra de tierra con Equidad de Género para Mujeres Rurales. La formulación inicia en el 2005 con apoyo de personas abogadas, expertas en el tema y mujeres campesinas. En el 2007 se presentó ante la Asamblea Nacional para que fuera aprobada.
La ley contaba con 10,630 firmas de personas del campo, era una ley apoyada desde las comunidades rurales, pero no fue hasta el 5 de mayo de 2010 que se aprobó.
“Era un fondo de tierra con perspectiva de género. Nosotras recolectamos 10,630 firmas, todas del campo, nunca anduvimos en universidades o la ciudad. Fue una ley nacida de las propias mujeres rurales. Nosotras hicimos ferias para sensibilizar a los diputados, actividades públicas y de todo”, señala Lupe.
La aprobación no significó nada para las mujeres, pues nunca se creó el fondo para la compra de tierras y solo quedó para decir que el Estado de Nicaragua apoya a las mujeres rurales, aunque en la práctica es diferente.
La CMR continuó demandando la aplicación de la ley en los años siguientes, a través de cartas a la Presidencia de la República, acciones de influencias y movilizaciones, pero nunca recibieron una respuesta. En 2017 fue la última vez que intentaron exigir la asignación de presupuesto para el fondo.
“En 2017 fue la última vez que las mujeres se movilizaron a la secretaría del Frente Sandinista y nada se logró”, recuerda Lupe.
La posesión de tierras sigue siendo un tema vital para las mujeres rurales de Nicaragua, pues ellas representan la mayor población que vive en la pobreza en el país. La pobreza en el área rural es del 63.3 por ciento, según el FIDEG, y el 48 por ciento de esta población son mujeres.
También: “El feminismo nicaragüense no puede salir a las calles, pero sigue vivo y fuerte”
Por otro lado, un censo realizado a 312 mujeres organizadas en la Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) y en la Fundación entre Mujeres (FEM), muestra que el 94 por ciento de las mujeres tienen personas que depende de ellas en los aspectos económico, social, moral y cuido de la vida, pero solo el 32.4 por ciento es titular de tierra, el resto de los dueños son familiares hombres.
También existen desigualdades en cuanto a las porciones de tierra que poseen, pero el 48 por ciento de las mujeres poseen menos de una manzana. Esto reduce su producción y ganancias.
“Las mujeres tienen muchas necesidades en el área rural y la tierra es necesaria porque es la principal actividad económica”, indica Lupe.
La crisis sociopolítica iniciada en 2018 no permitió la recaudación de fondos que las mujeres de la CMR estaban emprendiendo por sí misma. En 2021 la Coordinadora fue despojada de su personería jurídica, que significó el cierre de proyectos que aportaban bastante a la economía de las mujeres, entre ellos, proyectos de tierras propias.
Gran parte de las 202 organizaciones de mujeres canceladas por la dictadura Ortega-Murillo eran organizaciones comunitarias que la conformaban mujeres rurales y mujeres que se dedicaban a la producción, de acuerdo con datos de la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos.
Margarita trabajaba en la CMR antes de la cancelación de su personería jurídica. Luego del cierre de los proyectos cuenta que no tenía suficientes ingresos para sostener a su familia, así que además de la siembra, se dedicó a criar gallinas, palmear tortillas y a darle más valor a sus productos.
Actualmente trabajaba en otra empresa, que aunque no es tan bien remunerada, al menos puede cubrir sus gastos.
Antes del cierre de la CMR, ella alquilaba otras tierras para sembrar más, pero su economía ahora no se lo permite. Las otras mujeres de la Coordinadora tampoco pueden. “Este año nadie alquiló, eso significa que las mujeres este año van a tener menos ingresos. El año pasado al menos 5 mujeres alquilaron, otras este año no van a sembrar nada, solo que siembran en el patio de su casa”, señala.
Los efectos del cambio climático y el poco acceso al agua que existe en la zona también complican que las cosechas sean buenas y en cantidades suficientes. Pero al menos Margarita señala que ella no pierde tanto como las mujeres que alquilan.
“El año pasado perdí la mitad de la cosecha por el huracán Julia. Tenía pensado sacar 45 quintales de maíz y solo saqué 25. Este año tenía pensado sacar 50 quintales, pero solo logré sacar 22 quintales. Solo saqué lo que invertí porque la agroecología es con poco insumos, pero si alquilara no tuviera ninguna ganancia”, señala.
Aunque en la Coordinadora y la Cooperativa las mujeres no cuentan con financiamiento por el ataque de la dictadura Ortega-Murillo a las ONG’s, las mujeres se siguen potenciando las capacidades de agricultura entre ellas mismas, se brindan créditos para lograr las cosechas, y continúan formándose en derechos humanos.
Si bien demandar al Estado el cumplimiento de la Ley 717 no es una opción actualmente, ellas cuentan que un futuro puedan exigir cuentas y se cumplan sus derechos de tener sus propias tierras.
