Yovana Muñoz huyó de Somoto a Managua a las cuatro de la mañana con sus tres hijos, para poder salvaguardar su vida. Con apenas un par de maletas con ropa, salió de su propia casa como fugitiva: a escondidas y sin decirle a nadie a dónde iba, ni siquiera a su familia. Una integrante del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo (CM8M) la estaba esperando para trasladarla desde Madriz hasta la capital, para que se pudiera resguardar en un albergue, lejos del hombre que la quería asesinar: su esposo.
Era el 17 de junio de 2021 y las amenazas de muerte del hombre con quien Yovana compartió 23 años de su vida, eran más frecuentes y más agresivas. Su esposo se encontraba en España desde 2017, pero durante el 2021 él la celaba constantemente, la acusaba de estar con otros hombres y la amenazaba con llegar a Nicaragua en cualquier momento para matarla, “solo porque sí, porque le dio la regalada gana”, cuenta Yovana.
Durante los 23 años de matrimonio, recibió todo tipo de violencia por parte del él, pero “miraba normal que la mujer aguantara y estuviera sumisa”. Sin embargo, cuando las amenazas se volvieron más serias, y notó que la vida de ella y la de sus hijos corrían peligro, solicitó ayuda al CM8M para que el hombre no la encontrara.
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“Me dijo «la mato a usted y después me mato yo», y a mis hijos también. Él venía de España, pero no nos había avisado, así que una de mis hijas logró sacar información de cuándo venía. Yo vivía en un suspenso, no dormía y solo pensaba «¿a qué hora viene este hombre? ¿a qué hora viene y me mata?» y solo porque le dio la regalada gana, no porque yo haya hecho algo”, relata.
A pesar que ella tenía otra casa, esa se encontraba alquilada e iba a ser el primer lugar donde su esposo la buscaría. Finalmente, sin certeza de nada, huyó ese 17 de junio de 2021 a un rumbo desconocido y con mucho temor, pero cuando llegó al albergue, se encontró con un grupo de mujeres esperándola con los brazos abiertos.
“Gracias a ese resguardo que ellas me dieron, logré sobrevivir a toda la violencia que estaba viviendo. Gracias a eso hoy me puedo expresar, alzar mi voz y decir que estoy viva. Gracias Dios y gracias a estas mujeres que estuvieron disponibles en el momento que yo necesitaba de su ayuda. Por eso puedo decir que hoy respiro y vivo”, expresa Yovana.
Durante el año 2021, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) contabilizó 71 femicidios, 135 femicidios en grado de frustración y 104 niños, niñas y adolescentes huérfanos producto de estos; y hasta lo que va del año 2022, contabilizan al menos 25 femicidios. La organización ha advertido en múltiples ocasiones que la violencia machista ha aumentado y han asesinado a más mujeres cada año.
La protección integral que brindaban organizaciones como el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, lograba salvar a algunas mujeres de sus agresores; ya que la única medida que toman las instituciones estatales es la mediación, situación que agrava la violencia y pone en mayor riesgo a las víctimas, según activistas feministas.
Sin embargo, el 17 de marzo de este año, la Asamblea Nacional controlada por la dictadura Ortega-Murillo canceló su personería jurídica arbitrariamente, con la excusa de haber incumplido la Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro; sumando a 2018 las organizaciones de la sociedad civil cerradas por el régimen, especialmente las organizaciones que trabajan en derechos humanos y en derechos de las mujeres.
En los últimos cinco años, el CM8M benefició a más de 60 mil mujeres, adolescentes y niñas en atención psicológica, legal y en su salud sexual y reproductiva. No obstante, ahora que no cuentan con la personería jurídica, su trabajo estará mucho más limitado y miles de mujeres ahora no podrán recibir su apoyo; a pesar que su trabajo salvaba vidas, como el caso de Yovana Muñoz.
Aunque la política del albergue del CM8M era resguardar a las mujeres durante tres meses, a Yovana le permitieron estar seis meses, hasta que el menor de sus hijos de 14 años terminara su año escolar en diciembre de 2021. Durante todo ese tiempo, ella y sus tres hijos recibieron asistencia psicológica y legal, le proveyeron materiales escolares y acondicionaron para que sus hijas mayores de 20 y 23 años recibieran clases virtuales de la universidad. Además, le garantizaron el cubrimiento de sus necesidades básicas, transporte y seguridad.
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Cuando tuvo la fortaleza necesaria, Yovana fue a una Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia para denunciar a su esposo por violencia, quien ya se encontraba en Nicaragua y la buscaba por todos lados. Sin embargo, cuando llegó, la subcomisionada que la atendió le dijo que “la miraba bien”, la acusó de abandono de hogar y le cuestionaba haber ido a un albergue y no a la comisaría directamente. Mientras que la psicóloga forense que la revisó, le dijo que no tenía daños psicológicos y también le cuestionaba el tema del albergue.
“¿Cómo me quiere ver? le digo. Emocionalmente estoy dañada, internamente me siento destruida. Ahora mis bienes no existen hoy en día porque hay una violencia patrimonial que todo lo mío me fue arrebatado. Estoy fuera de mi casa por amenazas de este señor, ando con mis hijos en otros lugares y usted dice que estoy bien, expuesta a una pandemia y a muchas otras cosas, le digo. Pero solo enfocaban en el albergue. Todo lo politizaron”, relata Yovana.
Al menos en tres ocasiones fue a las comisarías y en todas esas veces el trato fue el mismo. Según Yovana, para ella fue como atravesar un desierto, ya que debía de movilizarse de institución en institución, bajo el sol, durante horas, con incertidumbre y soportando burlas y prejuicios morales de las personas funcionarias que la atendían.
La última vez que fue a la comisaría fue para denunciar que su exesposo se había llevado a su hijo menor y lo retenía contra su voluntad, le dijo a la oficial que la atendió que el hombre era un maltratador y que era un peligro para su hijo, a lo que la oficial le respondió “que si ella seguía hablando así de él, él perfectamente la podía denunciar por calumnias”.
Debido a la presión de las tres denuncias interpuestas por Yovana y el CM8M, se logró que se emitiera una orden de captura contra su exesposo. Sin embargo, esta nunca se ejecutó. Mientras ocurría eso, también se encontraba en un juicio por la casa de ella que estaba alquilada, pero el juez que llevaba el caso, le cedió la casa a él y la casa donde vivía fue enajenada para sus hijos.
“Las instancias que supuestamente dicen defender los derechos de las mujeres son un lugar de engaño y de decepción. Me he topado con mujeres que dicen ser representantes de las mujeres, hablando de las comisarías, de la Defensoría, del Ministerio Público, de juezas, que cuando una está como víctima, te victimizan más”, señala.
Cuando terminó su estancia en el albergue, Yovana volvió a Somoto donde alquila una nueva casa. Desde entonces, se ha dedicado a la venta de productos estéticos para su supervivencia, e insta a otras mujeres víctimas de violencia que resguarden sus vidas. Ya que la Policía nunca ejecutó la orden de captura contra su exesposo, ella tiene que evitar espacios en común con él, porque cada vez que se ven, él la vuelve a amenazar con matarla.
El Estado de Nicaragua no solo no le garantizó justicia y dejó al potencial femicida en la impunidad; sino también canceló la personería jurídica de uno de los pocos espacios que brinda protección a mujeres. Aunque muchas mujeres en Nicaragua se encuentran en la situación en la que estuvo Yovana, no podrán contar con el CM8M para su resguardo.
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“El colectivo me ayudó mucho. Las llamé mis chicas superpoderosas porque fueron tres las que se unieron a mi causa y me dieron ese empuje. Sin ellas mi lugar sería una tumba o en un panteón con mis hijos. Muchas mujeres que están igual que yo necesitan ayuda, pero ya no la van a recibir ¿Cómo? Si estamos luchando contra un gigante, contra alguien que se está oponiendo y actuando desde un punto egoísta, antipático, inhumano y que no siente el dolor de aquellas madres y mujeres que están pidiendo auxilio”, expresa.
Luz Marina Tórres, directora y fundadora del CM8M, señala que una de las consecuencias de la cancelación de la personería jurídica del colectivo es la falta de atención a las niñas y adolescentes, una de las poblaciones más vulnerables y desatendidas por las instituciones públicas del país.
La principal violencia que sufren las niñas y adolescentes es la violencia sexual según el Instituto de Medicina Legal (IML), solo durante el año 2021 se realizaron 3,237 peritajes médicos legales por violencia sexual a las menores de edad. Debido a esta gran problemática y la atención inadecuada que brindan en las Comisarías de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, el CM8M ofrecía asistencia legal y psicológica a las menores y a sus madres.
Sara Hernández, una ama de casa de 36 años originaria de Esquipulas, Matagalpa, tuvo que recurrir al CM8M, ya que su hija de 15 años fue víctima de violación por parte de su medio hermano de 21 años.
«En septiembre de 2021 tuve que salir de mi casa a hacer un mandado. Por la tarde recibí una llamada de mi hija contándome lo sucedido. El medio hermano la violó a ella, así que fui a la Policía y puse la denuncia. Busqué ayuda al Colectivo 8 de Marzo y me apoyaron cuando tuve que salir de la casa, porque mi hija después se sentía mal e insegura en la casa por lo sucedido. También tuve que salir de la casa por violencia de mi pareja», relata Hernández.
Hernández estuvo casada con su pareja durante 23 años, y el hijo de su esposo si bien no vivía en la misma casa que su hija, llegaba frecuentemente a visitar a su papá. Hernández cuenta que ambos eran hombres violentos, pero el episodio de la violencia sexual contra su hija fue “la gota que derramó el vaso”.
El CM8M acompañó a Hernández en todas las diligencias de la denuncia, por lo que se logró que el violador fuera encarcelado y llevado a juicio. Durante ese tiempo, Hernández, su hija de 15 años y su hijo menor, estuvieron resguardados en el albergue, continuando sus estudios y recibiendo asistencia psicológica por la violencia vivida en el hogar.
Después de un juicio de casi dos meses, el violador fue condenado a 20 años de cárcel a inicios de este año, pero su hija y ella recibieron amenazas por parte de familiares.
“Con todo esto que ocurrió, he quedado con mucho miedo porque me han amenazado, por llamada y por mensajes, así que debo buscar la seguridad de mi hija y de mí. Nos enviaron un mensaje diciéndole a la niña directamente que no reaccionara, que fuera a decir a la Policía que era mentira todo eso. En los otros mensajes le decían “vos estás sola, no tenés a nadie que te defienda, hacelo por tu bien, retira la denuncia”. Esos mensajes eran por WhatsApp”, manifiesta Hernández.
Las amenazas continúan, sin embargo, el CM8M y Hernández han brindado protección a la menor para que no lleguen los mensajes y pueda continuar con su vida normal. Pese a que el CM8M ya fue despojado de su personería, todavía mantiene a Hernández en el albergue hasta que lo necesiten.
