Una considerable reducción de casos en materia de familia, reflejan las estadísticas del Poder Judicial de Nicaragua (PJN), siendo este un importante indicador de la “desconfianza” que existe en el sistema y lo “agotador” en que se convierte esta ruta de acceso a la justicia para las madres de niños y niñas que hacen uso del derecho de familia.

Los datos revelan que en 2020, menos mujeres demandaron justicia para sus hijos e hijas por el delito de incumplimiento de deberes alimenticios, que registró una reducción del  36% de casos en comparación con 2019, según el PJN.

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En 2020, a nivel nacional ingresaron 7,961 casos a los Juzgados de Violencia por incumplimiento de deberes alimenticios, un número inferior a los 12,306 casos registrados en 2019. 

La especialista en derecho de familia, Ana Eveling Orozco, señala que ese decrecimiento puede ser incitado por factores como: la ineficiencia del sistema, la crisis sociopolítica de 2018 y los efectos del covid-19. 

Pero uno de los motivos que más genera preocupación, es que las mujeres no recurren a la justicia porque no se aplica la ley ni en términos de proceso, mucho menos en el cumplimiento de las sentencias. Un ejemplo claro es que los hombres sentenciados y con orden de captura por el delito de incumplimiento en el pago de los alimentos no son capturados.

“La Policía no considera y, desde antes de 2018, no consideraba urgente el hecho que en materia penal, la sentencia establezca la detención de los hombres por incumplimiento de alimentos a sus hijos (e hijas). No habían captura, realmente. Decían que no los encontraban o la dirección no era correcta, etc, etc. Y no lo capturaban por ese delito, porque es un delito”, resalta la especialista.

En 2019 se registró un considerable aumento de ingreso de casos por incumplimiento de alimentos con 12,306 expedientes, superando en 62% a los casos ingresados en 2018 con 7,604. No se puede determinar si ese rango de demandas mantienen el mismo ritmo en el número de casos y ubicar  2019  como un año “extraordinario”, en los casos de familia, porque los anuarios del Poder Judicial de los últimos 10 años, no están disponibles al público.

Pero según la especialista, ese incremento de casos puede estar relacionado con casos no cerrados del año anterior. 

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Menos casos en Juzgados de Familia

A pesar que en la Ley 870 – Código de Familia – están establecidos los tiempos para el proceso de demanda de pensión de alimentos, la realidad es que a las mujeres se les convierten en un laberinto, en el que tienen que ingeniárselas para encontrar la respuesta a su demanda.

“Les ocupa mucho tiempo, las hacen llegar, una, dos y 20 veces, no es cierto que los juicios duran lo que establece la Ley en materia de demanda de alimentos o los 150 días que establece la ley. Muchas veces se extienden más. En los parte penal igual, las mujeres llegan, reprograman las audiencias tienen que gastar de donde no tienen (…) hay un desgaste en las mujeres en el sentido de la falta de eficiencia del sistema judicial al respecto, todo esto incide realmente en que las mujeres o  no acusan, no demandan, saben esto y se cansan”. detalla.

Y esa realidad las refuerzan las estadísticas de los Juzgados de Familia que en 2020  recibieron 5,372 casos por demanda de  pensión de alimentos, un dato inferior a los 6,573 casos que ingresaron en 2019, registrando una reducción del 18%.

La especialista explica que las mujeres más pobres se ven obligadas a abandonar el proceso porque no tienen la capacidad de contar con la asesoría  privada, tampoco de estar asistiendo a las constantes reprogramaciones de audiencias porque eso significa en sacrificar el dinero que pueden invertir en el sustento de sus hijos e hijas.

“El sistema no cumple con las normas establecidas por la ley. Es una falta de interés por los derechos de los niños, de viabilidad del sistema para cumplir lo que dice la ley, un incumplimiento del interés superior del niño y la niña en este caso”, resiente la especialista.

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La batalla de custodia, cuidado y crianza es otra de las acciones de familia que registró el 8% de reducción, en 2020. Ingresaron 1,604 casos, inferior a los 1,742 expedientes en 2019.

«El hecho de que los niños y las niñas sobrevivan en este país, es porque lo cargan los hombros de las mujeres fundamentalmente. Ha sido histórica la irresponsabilidad de los padres al asumir los alimentos de sus hijas y de sus hijos. Son las mujeres las que enfrentan, los alimentos, la salud, educación, todo lo que concierne a la vida de sus hijos e hijas de manera tal que eso sigue siendo de esa manera», lamenta.

Esa responsabilidad se remarca, incluso en las sentencias judiciales que siguen estableciendo que son las madres las que deben asumir el cuidado y crianza de los hijos y las hijas, además de demostrar que esa niñez, que tienen a cargo, tiene asegurada – aun con dificultades – necesidades básicas para la vida.

«Generalmente pasa que si esos hombres lo asumen o se los asigna por sentencia judicial pasan a ser cuidados por las abuelas, las tías y demás familiares porque no son los hombres quienes asumen», detalla la especialista. 

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