El contexto de impunidad y el estado policial contra opositores han profundizado las distintas formas de violencia y discriminación contra las personas de la comunidad LGBTIQ, indicó Franklin Hooker, comunicador del Programa Feminista La Corriente, e integrante del equipo del Observatorio de violaciones a derechos de personas LGBTIQ en Nicaragua.

El Observatorio a través de su informe trimestral, registró 19 casos de discriminación y violencia, de los cuales 17 se trató de agresiones, un suicidio y un asesinato, siendo este último, el asesinato contra la joven trans Lala, cuyos asesinos fueron condenados a cadena perpetua en marzo de este año.

Las mujeres trans fueron las principales víctimas de las agresiones con un total de 12 casos, siguiendo las mujeres lesbianas con cuatro casos, los hombres gays con tres casos, un hombre bisexual y una persona de la que se desconoce su identidad sexual y de género. La mayoría de las víctimas eran adultas jóvenes entre los 20 y 29 años de edad.

Los tipos de violencia sufrida eran variados. Destacaron la violencia psicológica, digital y sexual. Asimismo, hubo violencia física, robo e intimidación agravada, rechazo familiar, discursos de odio y violencia institucional.

El informe expuso que la mayoría de estos casos no fueron denunciados ante las autoridades, debido a la desconfianza institucional o por burlas de la misma, y los casos que sí fueron denunciaron, se archivaron o las víctimas fueron obligadas a mediar con su agresor.

Lee: Personas LGBTI+ visibilizada, pero sin acceso a derechos humanos

Hooker expresó que estas agresiones tuvieron repercusiones negativas en la vida de estas personas. “Los principales daños que estas formas de violencia han generados en los cuerpos disidentes, han sido daño psicológico, exclusión laboral y desplazamientos, porque muchas (personas) en sus centros de trabajo han sido víctimas de violencia por parte de sus compañeros, y lo que las instituciones han hecho es desplazarla a otras sedes”, explicó el comunicador.

Hay más agresiones sin documentar

Estos 19 casos registrados son solo una muestra de la cantidad de agresiones reales que vive la comunidad LGBTI, ya que uno de los principales problemas es el miedo a hablar según Hooker.

“Las víctimas tienen miedo a denunciar por las consecuencias que pueda tener. Si rompen el silencio, los agresores pueden tomar algún tipo de represalia contra ellas y no va haber una institución que respalde, que castigue, que sancione” desarrolló.

Asimismo, desde que inició la crisis sociopolítica en 2018, no ha habido informes específicos sobre esta población y las violencias que han enfrentado de manera diferenciada.

Debido a esto, Hooker manifestó que uno de los principales objetivos de la creación del Observatorio, es visibilizar las violencias que sufre esta comunidad, y se pretende que los informes sean una referencia documental ante organismos nacionales e internacionales de los Derechos Humanos.

El segundo informe que será de forma semestral saldrá en la primera semana de julio, e incluirá otros tipos de violencia, como la violencia política, ya que muchas de las denunciantes han sufrido persecución estatal según Hooker.

Sin reconocimiento, ni protección estatal

No fue hasta el año 2008 que el Estado nicaragüense dejó de considerar las relaciones entre el mismo sexo como un delito, antes tipificadas como delitos de sodomía según el artículo 204.

A pesar que en el Título IV de la Constitución Política establece que, “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección”, el Código de Familia no reconoce como familia a aquellas parejas que no estén conformadas por un hombre y una mujer, y tampoco reconoce la existencia de las personas trans.

El Estado únicamente sanciona discriminaciones por motivos de orientación sexual en el ámbito laboral según el artículo 427 y 428, pero no por motivos de identidad. Esta protección a medias vulnera los derechos de las personas LGBTIQ, sostuvo Hooker.

También: Asesinato de Lala revela vulnerabilidad de las mujeres trans en Nicaragua

“No contamos con un marco jurídico que hable de nuestros derechos, que nos proteja. No contamos con instituciones públicas que nos respalden cuando afrontamos una situación de violencia. El contexto de violencia estatal y el cierre de muchas organizaciones que, han sido espacios seguros al momento de vivir una situación, son uno de los principales problemas. Hay una crisis profunda de derechos humanos y esto crea una mayor dificultad en las personas LGTBIQ” estableció.

Mientras tanto, el Observatorio en alianza con otras organizaciones han brindado acompañamiento terapéutico y asesoría jurídica a las personas que han denunciado las agresiones vividas.

Perfil del autor
La Lupa Nicaragua