Mujeres adultas, adolescentes y niñas son secuestradas, violadas y obligadas a casarse con sus agresores, en estas zonas abandonadas de Nicaragua.
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Nicaragua tiene un marco jurídico, aprobado desde hace más de tres décadas, en el que se reconocen los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, la falta de atención y políticas públicas del Estado nicaragüense, dirigido desde hace más de 15 años por el dictador Daniel Ortega, mantiene a estas personas en total indefensión, siendo unas de las más afectadas las mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas, que producto de la invasión en sus territorios siguen siendo secuestradas, violadas y obligadas a casarse o tener hijos de sus agresores.
“A nivel jurídico las condiciones están dadas, el problema es cómo estos derechos se pueden de verdad trasladar a que la gente pueda vivir en paz, libres de violencia, y hacer uso de sus recursos naturales, que existen en sus territorios, ahí es donde está el vacío total, porque el Estado, que debe proveer las políticas públicas que faciliten hacer uso de estos instrumentos, es el que está violentando estos derechos”, denunció la defensora de derechos humanos Daisy George, socióloga y máster en Antropología, que se encuentra en el exilio producto de la persecución del orteguismo.
Además, señaló que en el país “hay leyes que promueven la protección de los territorios, pero el Estado permite licitaciones extractivistas; hay leyes que promueven la elección de autoridades comunales, pero el Estado impone sus autoridades en los territorios y no acredita las que son electas por los pueblos originarios; y hay leyes que promueven el saneamiento de los territorios y siguen sin garantizarlo”.
George destacó que producto de esa falta de saneamiento de los territorios, tomados por colonos armados, la situación de los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes es “crítica”, pues en pleno siglo XXI todavía no tienen formas accesibles de denunciar la violencia machista, son víctimas de violaciones, abusos y obligadas a casarse con sus agresores, colonos armados que cometen esos crímenes en busca de tener vínculos “familiares” con las víctimas y así obtener derechos sobre las tierras en las que ellas habitan.
“Son víctimas, pero al ser temas tan dolorosos, tan, a juicio de muchas, privado, ellas no denuncian, se queda la información entre cercanos, entonces, abordar esto en público no está tan abierto. Yo hice un trabajo en 2016 y en esa línea de base se abordó de manera general, de manera que si voy ahora muchas cosas seguramente están más profundizadas”, indicó.
Las mujeres indígenas, confirmó la defensora, “tienen muchas limitaciones para denunciar, desde lo económico para transportarse y llegar a la organización o centro policial más cercano, salir de las comunidades, salir vivas, seguras, algo tan elemental como eso no lo tienen garantizado, entonces, están en la indefensión, no tienen cómo defenderse y el Estado tampoco lo garantiza, actuando como cómplice de un plan de limpieza étnica, de una política de mestizar a los indígenas y afrodescendientes para que se olviden de sus derechos, de proteger sus territorios”.
La socióloga miskita resalta que la dictadura orteguista ha agudizado el problema de acceso a la denuncia, al cerrar y cancelar las personerías jurídicas de más de 3000 organizaciones sin fines de lucro desde 2018, entre estas: Fundación Egdolina Thomas, Fundación Marjing, Asociación de Mujeres La Gaviota, Asociación de Jóvenes Miskitus Li Karma, FADCANIC y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cedjudhcan).
“Entre esas organizaciones canceladas habían unas que trabajaban directamente con mujeres indígenas y afrodescendientes, que tienen más barreras para acceder a apoyo de oenegés, incluso por barreras de lengua, entonces, todas esas beneficiarias quedaron en la indefensión, sin esos espacios; otras, por ejemplo, trabajaban con niños, niñas y adolescentes, y tampoco van a poder seguir haciéndolo, entonces la gente, estas mujeres quedan en el aire, sin espacio a donde recurrir para ocupar esos espacios, ejercer esos derechos, ese es el impacto de las cancelaciones arbitrarias, que promueve y ejecuta el Estado de Nicaragua”, denunció.
Recordó que el trabajo de la organización Cejudhcan ha sido fundamental, desde su fundación en 2003, en la denuncia de las invasiones en los territorios indígenas y la violaciones de los derechos de los pueblos originarios, ya que fue uno de los principales impulsores y gestores, ante organismos como la la Corte IDH, la CIDH y la ONU, de denuncias contra el Estado de Nicaragua, que resultaron incluso en el otorgamiento de medidas cautelares para las comunidades afectadas por los abusos.
La defensora Lottie Cunningham, abogada miskita y presidenta de Cejudhcan, organización cancelada en marzo de 2022, ha representado un papel fundamental en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Su labor ha sido reconocida internacionalmente, luego que en 2020 fue galardonada con el “Premio Nobel Alternativo”, por su constante denuncia de la violencia que sufren los indígenas y afrodescendientes que defienden sus territorios.
Algunos de los instrumentos jurídicos que reconocen y promueven la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que además han sido violentados por el Estado de Nicaragua, según la denuncia de las organizaciones sociales, son: la Constitución Política de Nicaragua de 1987 que, aún después de sus más recientes reformas, reconoce la multietnicidad y fundamentó el régimen de autonomía para las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica en sus artículos 5, 8, 89, 90 y 91; la Ley de Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, Ley 28, aprobada en 1987.
También, la Ley del Uso Oficial de Idiomas de las Comunidades de la Costa Atlántica, ley 162, aprobada en 1993 ; y la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, ley 445, aprobada en 2003.
La falta de cumplimiento de estos instrumentos jurídicos, junto con la desatención estatal a los pueblos originarios, ha quedado al descubierto en los últimos 30 años, a través de denuncias internacionales, impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, como Cejudhcan, que se han señalado la falta de saneamiento de los territorios, la adjudicación de concesiones extractivistas y la violación de los derechos más fundamentales de los pueblos originarios.
En 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció al Estado de Nicaragua de violentar el derecho a la protección judicial y propiedad de la comunidad Awas Tingi, que denunció el otorgamiento de una concesión de extracción de madera dentro de su territorio.
En 2005, nuevamente el Estado fue señalado de violar garantías judiciales, de protección y derechos políticos y de igualdad tras ser acusado de por excluir a personas candidatas del partido indígena regional Yatama en las municipales del año 2000.
Sumado a esas sentencias, la Comisión Interamericana y la Corte IDH han otorgado, entre 2015 y 2022, medidas cautelares y provisionales respecto a la situación de violencia, ocasionada por la invasión de colonos armados, que enfrentan los pueblos originarios de las comunidades Esperanza, Santa Clara, Wisconsin, Wiwinak, Francia Sirpi del pueblo indígena Miskitu de Wangki Twi-Tasba Raya; Santa Fe, Esperanza Río Coco, San Jerónimo, Polo Paiwas, Klisnak, del Territorio Indígena Miskitu Wanki Li Aubra y Wiwinak del Territorio Indígena Miskitu Li Lamni Tasbaika Kum; El Naranjal y Cocal del Territorio Indígena Wangki Li Aubra; Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As.
En febrero de 2021, un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en conjunto con el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT), reveló que entre 2011 y 2020, un total de 49 personas indígenas fueron asesinadas, 49 resultaron heridas y 50 fueron secuestradas o desaparecidas.
Un análisis de datos, realizado por el medio digital Confidencial, también comprobó que, desde abril de 2018 a enero de 2021, las invasiones de colonos incrementaron y dejaron un saldo de al menos 17 personas indígenas miskitas y mayangnas asesinadas.
En agosto de 2021, las comunidades indígenas del territorio Sauni As, ubicado en el Caribe Norte, sufrió una de las masacres más grandes de los años recientes, producto de la invasión de colonos, que se disputaban con los pueblos originarios el derecho a la tierra y explotación de oro. Reportes de medios de comunicación señalaron que más de nueve personas fueron asesinadas y dos mujeres violadas.
VOA Noticias divulgó el relato de «Eloisa», una comunitaria de ese territorio, que calificó el hecho como una «historia de terror».
«Hubo seis sobrevivientes y al menos 11 personas asesinadas. Violaron a dos mujeres. Se dice que mayagnas y colonos se planificaron para ejecutar a los miskitos de forma atroz. Les dispararon con escopetas y armas de guerra y luego los fueron cortando por piezas. Fue terrible”, relató la ciudadana.
Producto de estos constantes ataques, en 2022, organizaciones civiles reportaron más desplazamientos forzados ante la invasión de colonos armados en los territorios indígenas. En mayo de ese año, Prilaka denunció que al menos 68 familias indígenas miskitas abandonaron sus zonas productivas en el territorio Li Lamni y se desplazaron a la zona baja de la comunidad de Sang Sang, ubicada en la orilla del río Coco, tras ser amenazadas con nuevos ataques.
La defensora Daisy George denunció que, además de todas estas invasiones en los territorios y la falta de cumplimiento del compromiso estatal de “saneamiento”, los pueblos originarios también ven vulnerados derechos fundamentales como el derecho a la salud, educación, organización, transporte, y conservar su identidad, cultura y lengua.
“Las comunidades no tienen acceso a agua potable, deben recorrer extensas distancias para coger agua de los pozos, quebradas o ríos, y las mujeres son en su mayoría las encargadas de estas tareas, quedando expuestas a ataques, secuestros o abusos perpetrados por los invasores», remarcó.
Además, apuntó que «no tienen acceso educación de calidad, hemos comprobado que ninguna de las escuelas de las comunidades tiene una biblioteca, no hay planes educativos completamente en las lenguas indígenas, sino que se traducen textos de forma literal y con eso hablan de inclusión».
«Los profesores trabajan en las comunidades sin percibir, durante varios meses, un salario, y cuando pueden ir a retirarlos deben viajar por largos trechos, muchas veces durante semanas, y los estudiantes quedan sin docentes”, lamentó.
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La organización Prilaka denunció, a inicios de 2022, tras visitar doce comunidades del territorio indígena Li Lamni, en el Caribe Norte de Nicaragua, que al menos seis de las escuelas de esa zona estaban semidestruidas y sin mobiliario, situación que obligaba a la niñez de estos territorios a recibir clases en el suelo, y al personal docente a impartir los temas del plan de estudio en cartulinas, pues ni siquiera cuentan con algún tipo de pizarras.
George señaló que la situación del derecho a la salud también es grave, ya que, el Ministerio de Salud sigue basándose en datos poblacionales de hace más de 10 años, llevando cantidades de medicinas insuficientes a los pocos puestos de salud que han ubicado en las comunidades, y, adicional a esto, no dispone de personal calificado para esos centros, ya que, en la mayoría de los casos solo envían auxiliares de enfermería a atender a los territorios, según lo que reportan los comunitarios.
“Las medicinas se terminan en menos de una semana, entonces, es impensable que las mujeres dentro de los territorios tienen acceso a planificación familiar para evitar tantos embarazos, o a pastillas de emergencia, en casos de violaciones, por esa desatención también es que hay tanta muerte materna, que ellos (el Minsa) no reportan, porque la gente muchas veces ni siquiera sale del territorio después de una muerte de este tipo, entonces, las mujeres además de indefensas están totalmente desatendidas”, denunció.
