El Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ de Guatemala, que aglutina a más de 85 organizaciones de ese país, denunció que las mujeres indígenas siguen siendo víctimas de “practicas de discriminación racial», alertando sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran sobre todo por la falta de políticas públicas que les garanticen el acceso a la justicia.

“La situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos en su mayoría las mujeres indígenas impide la realización de las denuncias y con ello se limita el acceso al sistema de justicia”, denunció la organización durante la presentación del informe “Sombra; Situación de Mujeres Indígenas en Guatemala”, elaborado como insumo para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas.

Detallaron que algunas de las limitaciones en el acceso a la justicia que sufren las mujeres indígenas en Guatemala son: falta de atención y de funcionarios que hablen las lenguas indígenas; pocos traductores oficiales en las instituciones encargadas de impartir justicia; centralización de los servicios en zonas urbanas, que en muchas ocasiones impiden los desplazamientos de las mujeres indígenas para que accedan a estos por los costos económicos asociados al proceso; conductas discriminatorias por parte de los operadores judiciales; y desconocimiento de una ruta o proceso judicial.

Mujeres indígenas siguen sufriendo discriminación racial

Además, la organización denunció que las prácticas de discriminación racial que siguen sufriendo las ciudadanas de ese país se dan precisamente por la “falta de voluntad política del Estado de Guatemala”.

“La existencia de prácticas de discriminación racial enfatizamos que responde a la ausencia de una voluntad política del Estado de Guatemala para combatirla, mediante políticas, estrategias, planes y programas dirigidos a erradicar la cultura de discriminación y a prevenir, investigar y juzgar los casos de discriminación racial en contra de las mujeres y niñas”, apuntó.

Explicó que en el año 2014 el Estado de Guatemala “avanzó con la aprobación de la política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial, en el tercer ciclo de revisión del EPU los Estados instaron a trabajar en su implementación, sin embargo, actualmente en la legislación nacional solo se cuenta con un artículo que sanciona la discriminación racial y la sanción estipulada no dignifica la vida de las mujeres indígenas”.

Sobre el derecho a sus tierras y territorios, las mujeres indígenas denunciaron que siguen siendo víctimas de “graves violaciones a los derechos colectivos pues se sigue actuando y utilizando esto sin consulta libre, previa e informada de las comunidades”.

A la vez, recordaron que antes y durante la pandemia de COVID-19 que inició en 2020 han sido víctimas de desalojos forzosos y el Estado “no ha tomado medidas políticas para prevenirlos, por el contrario, se ha provocado mayor violencia y criminalización, afectando, entre otros aspectos, la salud mental y física de las mujeres indígenas”.

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“Las lideresas y defensoras de derechos humanos son estigmatizadas, perseguidas y criminalizadas; no existen medidas de protección individuales o colectivas culturalmente adecuadas para pueblos indígenas o en situaciones de riesgo; hay señalamientos, persecución e intimidación hacia quienes defienden tierras o comunidades; y se conoce de casos de homicidios de quienes estaban al servicio de las comunidades”, señalaron.

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