Ya son 10 las víctimas de femicidio en el país según una organización feminista. Las mujeres en situación de pobreza y de la Costa Caribe son las principales víctimas.
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Para ser víctima de femicidio no hay edad. Cualquier mujer, adolescente o niña está vulnerable a la violencia machista en Nicaragua, dice la activista feminista y directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Marta Flores; luego de que el fin de semana pasado, Britney Olivas de 17 años y Marling Martínez de 21 fueran víctimas de femicidio.
“Al femicida no le importa la edad. Se trata de una desigualdad de género donde las mujeres siempre nos ven como una propiedad, donde nuestros cuerpos siguen siendo un campo de batalla. La situación de violencia machista en Nicaragua no cambia, sino que va aumentando. Lo vemos con estos dos últimos femicidios y cómo nos ha dejado: a una adolescente con sueños truncados y a otra joven con un niño de cuatro año en la orfandad, y a este niño le va a cambiar completamente la vida”, expresa Flores.
Con los femicidios de Olivas y Martínez se eleva a 10 la cifra de víctimas en este año, según CDD. Olivas, originaria de Jinotega, se encontraba desaparecida desde el 10 de marzo y su cuerpo fue encontrado dos días después. Era locutora en la radio Estéreo Libre 95.3 FM desde hace tres años y desde niña formaba parte de Comunicadores/as Infantiles de Jinotega.
Según un comunicado de la Policía, la joven fue asesinada por su novio de 17 años. La mamá de la víctima, Alicia Herrera, publicó en sus redes sociales que Olivas fue asesinada por estar embarazada de un mes de él.
Mientras que el femicidio de Marling Martínez, originaria del norte de la Costa Caribe, deja en la orfandad a un niño de cuatro años. La joven también fue reportada como desaparecida desde el 9 de marzo y tres días después fue encontrada estrangulada a orillas del Río Coco.
Las mujeres de las Regiones Autónomas son las principales víctimas de femicidio hasta ahora, siendo seis casos únicamente de esa zona, de acuerdo con datos de CDD.
“Aquí vivimos en un país completamente machista y no nos ven como iguales, sino que tenemos que vivir esas situaciones de violencia y estamos más vulnerables solo por el hecho de ser mujer. El machismo cada día está arrebatando vidas, aunque el Estado lo sabe, no hay ningún compromiso político para ponerle fin”, señala Flores.
Según los registros de CDD, la mayoría de los asesinatos se dan en comunidades rurales de los departamentos o en las Regiones Autónomas, lo que hace la pobreza un factor de riesgo para las mujeres víctimas de violencia, explica la socióloga feminista, María Teresa Blandón.
Blandón señala que la violencia machista, la pobreza y la discriminación se interrelacionan con los resultados de un femicidio. “Si vemos la lista de las mujeres asesinadas, no son mujeres de todos los estratos. La inmensa mayoría de las mujeres asesinadas son mujeres pobres, casi no vas a encontrar mujeres de clase media y de hecho no vas a encontrar mujeres de clase alta. Son mujeres pobres porque la violencia se articula con la pobreza y con la discriminación, porque ellas tienen menos margen de acción, menos posibilidades reales de tomar decisiones, y de vivir una vida en la que no dependan de ningún sentido de un hombre”, señala.
La situación en las Regiones Autónomas se agrava mucho más, ya que no solo es una zona con un alto índice de pobreza, sino también de falta de presencia del Estado, así que las mujeres de comunidades remotas, no cuentan con redes de apoyo, no cuentan con instituciones cercanas para interponer una denuncia, y si la interponen, implica viajar a pie incluso durante días, para que al final, dicha denuncia no sea atendida correctamente, como suele ocurrir en la mayoría de los casos. Así que al regresar a las comunidades, las mujeres están más expuestas a sufrir mayor violencia.
“Muchas veces en esa comunidad solo hay una iglesia evangélica y los pastores suelen tener discursos muy misóginos o recomiendan a las mujeres que perdonen y que aguanten. Ellas están básicamente a merced de sus agresores, es una situación de extrema vulnerabilidad”, expresa Blandón.
A pesar que las desapariciones de Olivas y Martínez habían sido reportadas, las familias siempre son las que se movilizan cuando se denuncia una desaparición, y si la Policía atendiera correctamente los casos, estos femicidios pudieron haber sido evitables, indica Flores.
“Siempre que hay desapariciones de niñas y de mujeres, las familias siempre han sido las que han denunciado su desaparición, lo vemos en los casos que ocurren todos los años. Las mamás han buscado la protección de la policía y han sido negadas. Si la policía o las comisarías hubiesen dado respuesta tal como corresponde, que es proteger la vida, ahí estuvieran esas niñas y esas mujeres que han sido cruelmente asesinadas”, expresa.
Según la activista, muchas de las víctimas de femicidio son reportadas primeramente como desaparecidas, y aunque organizaciones feministas han advertido del aumento de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas, todavía hay acciones realizadas por la Policía para su prevención.
Por el contrario, Flores advierte que cuando las familias denuncian la Policía desestima los casos, no toman la denuncia o no dan seguimiento. Sumado a esto, la ineficaz atención que brinda las Comisarías de la Mujer y la Niñez a las mujeres víctimas de violencia, agrava la situación de los femicidios.
“Hasta el momento podemos decir que no hemos visto avances, continuamos escuchando a las mujeres que viven en riesgo porque sus denuncias no fueron recepcionadas, ni se trasladaron sus casos a los ministerios públicos correspondientes. En ciertos casos que sí avanzaron, que son mínimos, las mujeres acceden a la justicia pero con obstáculos, ya que la misma instancia de Comisaría alarga el proceso, se vuelve un proceso burocrático, engorroso y más traumático, en donde las víctimas tienen que estar llegando semana, tras semana a consultar sobre sus casos, sino estos son cerrados. Pocas autoridades policiales de las comisarías son accesibles. Aunque estas comisarías se han apertura vale mencionar que el personal no está capacitado, ni sensibilizado en la temática de violencia de género y atención integral”, señala Flores.
La activista expone que aunque los femicidios son una alerta de la situación de violencia machista en el país y la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, esta violencia está invisibilizada por el Estado y sin un reconocimiento de su gravedad, esta no va a parar.
