Sin haber realizados los juicios contra las personas presas políticas, el Ministerio Público ya las calificó de “criminales y delincuentes”, en un comunicado que anunciaba la reanudación de los juicios orales y públicos contra las personas reas de conciencia que se encuentran en arresto domiciliar y en el Chipote,  violentando el derecho a la presunción de inocencia. 

“Han alterado la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, creando zozobra y lesionando los intereses supremos de la nación. Han realizado actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”, indica el comunicado de la Fiscalía.

En el comunicado también afirman que «estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad».

«Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, cita el comunicado.

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El defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Carlos Guadamuz, señala que los comunicados del Ministerio Público son un mecanismo de intimidación y de estigmatización, ya que los calificativos del régimen contra las personas presas política violentan el derecho al principio de inocencia y el derecho a la reputación y honra.

«Estos comunicados del Ministerio Público son un instrumento represivo en contra de la ciudadanía que reclama y ejerce derechos. Es un mecanismo de intimidación y amenaza contra la población que ejerce o pretende ejercer derechos políticos, y también es un mecanismo de estigmatización hacia las personas que están en un proceso penal y que están acusados por estos combos de leyes represivas», expone el Guadamuz.

El pasado 24 de enero el régimen anunció la reanudación de los juicios de siete personas, entre ellas la de la exguerrillera y fundadora del Partido Movimiento Renovador Sandinista ahora conocido como UNAMOS, Dora María Téllez, el cual está programado para el 3 de febrero, así como los juicios de Ana Margarita Vijil, Yader Parajón, Yaser Vado, José Antonio Peraza y del cronista deportivo Miguel Mendoza; luego de que los procesos judiciales fueran detenidos durante varios meses por diversas excusas de los funcionarios públicos.

Actualmente todas las personas presas políticas están enfrentando los juicios sin garantías judiciales, con múltiples violaciones a sus derechos y en condiciones carcelarias inhumanas, según denuncian sus familiares.

Además, los juicios se llevarán a cabo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) Evaristo Vásquez Sánchez, mayormente conocido como el centro de torturas «El Nuevo Chipote», a pesar que el Código Procesal Penal establece que los juicios deben celebrarse en los tribunales correspondientes.

Juicios no tienen validez

Los juicios que se realizan contra las personas presas políticas no tienen validez, ni legalidad alguna, ya que no cumplen con ningún parámetro por el Código Procesal Penal y no respetan ningun derecho establecido en la Constitución Política de Nicaragua, señala el abogado. Por el contrario, son una demostración de que el Ministerio Público es una extensión del aparato represivo del régimen, al amparo del Poder Judicial.

Un juicio con validez tendría inmediación, un proceso penal expedito con pleno derecho a la defensa, el respeto a las garantías judiciales junto con los derechos básicos y libertades fundamentales de las personas privadas de libertad, sin embargo, a ninguna de las más de 160 personas presas políticas se les ha cumplido.

«Además de la acusación basada en una ley inconstitucional, las personas han sido detenidas en un cúmulo de situaciones que violan el debido proceso como allanamiento sin órdenes judiciales, detenciones por más del tiempo que establece la ley, desapariciones forzadas por más de 45 días y lo que conocemos hasta ahora como aislamiento, privaciones del sueño, mala alimentación y las presiones de los funcionarios penitenciarios hacia sus familiares», denuncia Guadamuz.

Para el defensor, los procesos que está llevando a cabo del Ministerio Público reflejan la contradicción del régimen sobre su discurso del «cumplimiento del orden jurídico» y «la objetividad del proceso penal».

Régimen no notifica a familias sobre juicios

Aunque el Código Procesal Penal de Nicaragua establece que se tiene avisar a familiares de la persona enjuiciada para la realización de un proceso, esto no ha sido así, manifiesta Miguel Parajón, padre de Yader Parajón, quien fue detenido arbitrariamente el 4 de septiembre y también padre de Jimmy Parajón, quien fue asesinado el 11 de mayo de 2018 en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

«No me han dicho anda las autoridades. No me han notificado nada, pero sí me di cuenta del juicio. Yo fui donde la doctora (abogada) de los derechos humanos, pero si no fuera por eso no me doy cuenta de nada. En Navidad fui a los Juzgados pero no hice nada, me dijeron que me fuera y después nunca me llamaron. Yo solo consulto con la doctora porque estoy solo, no ando con nadie. Pero ese juicio es solo para condenarlo. Ahí no hay nada bueno», manifiesta Parajón.

Actualmente solo se informa sobre la situación legal de su hijo a través del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), puesto que él no le brindan ninguna información. Yader Parajón enfrentará el juicio sin defensa legal, ya que no tiene recursos económicos para pagar un abogado privado y con lo que él gana como mecánico lo gasta para comprarle alimentos a su hijo, los cuales entrega diario a la DAJ.

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La Lupa Nicaragua