Un segundo informe sobre Nicaragua de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirma que en el país nada está normal: la represión sigue, hay casos de tortura, no hay respeto a las libertades y todavía hay presos políticos con juicios amañados.

El régimen de Daniel Ortega a través de “elementos progubernamentales” continúa reprimiendo la disidencia, los juicios políticos anómalos contra presos políticos continúan y en el país persiste la impunidad ante “graves violaciones de derechos humanos” registradas desde abril de 2018, confirma el segundo informe sobre Nicaragua difundido este viernes por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en Ginebra, Suiza.

El informe será presentado por la propia Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo día 10 de septiembre y en la jornada siguiente la delegación diplomática de Ortega tendrá la oportunidad de reaccionar al mismo.

Este informe registra las violaciones de derechos humanos del 19 de agosto de 2018 al 31 de agosto de este año y aborda no solo la represión de la Policía Orteguista, sino también de “individuos armados favorables al Gobierno”  (paramilitares) que utilizaron armas diversas—incluidas de fuego— contra opositores al régimen.

“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, detalla el documento.

Bachelet destaca que el régimen de Nicaragua continuó reprimiendo a la sociedad civil, incluso después de haber iniciado el pasado febrero un proceso de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un proceso que Ortega dio por finalizado el pasado 31 de julio.

“El Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia. Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos”, denuncia la Alta Comisionada.

Este es el segundo informe que la oficina de Bachelet publica sobre la situación en Nicaragua, tras uno publicado el 31 de agosto del año pasado que provocó la ira del régimen y procedió a expulsar a los representantes de la ONU que se encontraban en Managua.

CONFIRMA SOMETIMIENTO DEL PODER JUDICIAL

La ONU confirma que en Nicaragua “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo”.

“A las personas que participaron en las protestas, montaron piquetes, levantaron barricadas, recaudaron dinero y provisiones en apoyo a los manifestaciones o dispararon morteros caseros contra las fuerzas de seguridad se les acusó de forma desproporcionada”, denuncia Bachelet.

De manera general, se observa que las autoridades “violaron el derecho a la presunción de inocencia de la mayoría de detenidos”, se negó a numerosos abogados revisar los expedientes de presos políticos y en muchos casos —aunque las acusaciones fiscales no eran consistentes— los jueces las aceptaban.

Entre las cerca de 200 entrevistas que la Oficina de la Alta Comisionada realizó para sustentar su informe figura la del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, que admitió que “los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas y que los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno”.

La represión orteguista ha dejado más de 328 asesinados en Nicaragua, más de 2,000 heridos y al menos 134 personas continúan en las cárceles como prisioneros políticos.

La Lupa Nicaragua
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