Mayo, el mes más “sangriento” con cifras de mujeres asesinadas
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Nicaragua cerró el mes de mayo con una alarmante cifra de diez femicidios registrados en distintas regiones del país, sumando un total de 37 mujeres asesinadas por razones de género entre enero y mayo de 2025, según datos proporcionados por la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
El conteo del Observatorio Voces de CDD —en el mes de mayo—, incluye asesinatos en las regiones de Estelí (1), Managua (1), Río San Juan (1), Chinandega (1), Nueva Segovia (1), y la Región Autónoma del Caribe Norte con 2 casos.
Otro aspecto que preocupa a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres es el incremento de femicidios de nicaragüenses fuera del país.
Al menos 3 femicidios de nicaragüenses ocurrieron en el extranjero, lo que refleja la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres migrantes: la violencia estructural en sus países de origen, y la falta de protección en los países de destino.
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Una vocera del observatorio, que solicitó el anonimato porque reconoce que cualquier crítica contra la gestión estatal puede significar cárcel o exilio, sostiene que el fenómeno sigue una tendencia ascendente y responde a un patrón estructural de violencia, impunidad e indiferencia institucional.
“Siempre el mes de mayo ha sido para las mujeres sangriento todos los años”, manifestó al ser consultada por La Lupa.
Pero, en Nicaragua la violencia letal contra las mujeres continúa siendo un flagelo que, año tras año, arrebata la vida de decenas de nicaragüenses, sin que exista una respuesta estatal efectiva para prevenirla, atenderla ni castigarla.
37 mujeres víctimas de la violencia machista
De enero a mayo la organización nicaragüense registra 37 femicidios. El conteo general se acerca a las 42 mujeres asesinadas en igual período del año pasado; sólo en mayo del 2024 se registraron 14 casos.
La falta de investigaciones efectivas y sentencias condenatorias alimenta un ciclo de impunidad. Muchas víctimas habían denunciado previamente a sus agresores o enfrentaban amenazas constantes, pero el sistema judicial no actuó a tiempo para evitar su muerte.
Uno de los casos más estremecedores de mayo fue el de Reyna Gómez Olivera, de 48 años, quien fue asesinada a balazos por su expareja, Arlen Gregorio Pérez Herrera, de 46 años, quien luego se suicidó con el mismo revólver. El crimen ocurrió en un contexto de violencia previa no atendida por las autoridades.
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Gómez había terminado la relación meses atrás, pero Pérez Herrera mantenía una actitud hostil y acosadora, pero la víctima nunca recibió protección.
Este caso evidencia un patrón repetido sobre mujeres que alertan sobre el peligro que enfrentan, pero cuyas voces son ignoradas.
Total impunidad estatal
La impunidad permite que los femicidios continúen ocurriendo en Nicaragua, en un contexto donde la dictadura no responde con la urgencia ni la firmeza que se requiere para proteger la vida de las mujeres.
Organizaciones feministas denuncian que las instituciones del Estado no cumplen con su obligación de hacer cumplir la ley, especialmente tras las reformas a la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, que debilitó su alcance. Además, señalan que las autoridades no activan los protocolos de prevención y protección, lo que impide contrarrestar femicidios que podrían haberse evitado.
Además, critican que el gobierno haya desmantelado instancias independientes como los Comisariatos de la Mujer, sustituyéndolos por estructuras policiales sin enfoque de género ni capacidad real de atención.
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