La libertad en Internet sigue «disminuyendo» en Nicaragua, afirma la organización de derechos humanos Freedom House, que calificó al país como “parcialmente libre”, con una puntuación de 45 sobre 100, señalando que el uso de la red en el territorio nicaragüense se ha visto afectado por violaciones a derechos de usuario, límites de contenido y acceso.

El informe de Freedom House indica que la evaluación abarca el período junio 2021-mayo 2022 y en este tiempo identificaron que el régimen de Nicaragua usó la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, aprobada en 2020, para “encarcelar a disidentes por su discurso crítico en línea”, incluso en relación con las votaciones generales que se realizaron en noviembre de 2021, y propició en los usuarios “más autocensura” y el uso del “anonimato” para expresarse en línea.

En el período analizado por Freedom House el régimen capturó a más de 60 personas en Nicaragua. La mayoría de estos ciudadanos fueron acusados de supuesta  “conspiración” o “menoscabo” a la integridad nacional y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Freedom House documentó que las cuentas de redes sociales de medios de comunicación independientes “continuaron siendo víctimas de piratería y hubo más evidencia de una campaña de influencia en línea dirigida por el Estado que abarca múltiples plataformas”.

Recordaron que, en octubre de 2021, Meta informó que eliminó “una de las operaciones troll más intergubernamentales que habían interrumpido hasta la fecha”, detallando que se trataba de “una red de más de 1400 usuarios activos: 362 cuentas de Instagram, 896 cuentas de Facebook, 132 páginas de Facebook y 24 grupos de Facebook, operado por el Gobierno y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”.

Control del régimen en la red

La organización realiza la evaluación en base a tres criterios, uno de los observados fue el acceso a Internet, en lo que ubicó a Nicaragua con un puntaje de 11 sobre 25, ya que identificaron que menos de la mitad de la población tiene acceso a internet en Nicaragua, hay cortes frecuentes de energía que dificultan la conexión, el costo del servicio es caro en comparación con el salario mínimo y la conectividad es baja en las áreas rurales.

El documento destaca que si bien la provisión de internet, telefonía móvil y de línea fija en Nicaragua siguen bajo un “duopolio de facto”, con las empresas Claro y Tigo, los informes de cobertura a los que tuvieron acceso mostraron que “colaboradores cercanos del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tienen acciones en dos de los proveedores de servicio menos prominentes del país” y esto “podría permitir que la familia Ortega-Murillo ejerza un ligero nivel de control del mercado”.

La organización señala que aunque el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) es el principal ente regulador de los proveedores de telecomunicaciones y legalmente está destinado a operar como una entidad descentralizada con activos independientes, en realidad “no logra defender los principios de neutralidad e independencia”.

Además, apunta que en cuanto a “límites de contenido” Nicaragua solo logró un puntaje de 17 sobre 35 porque hay una amenaza latente del uso de la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, que permite a Telcor y al Ministerio de Relaciones Exteriores “bloquear los llamados sitios web peligrosos”, aunque, rescataron, “el Gobierno no parece tener la capacidad para implementar y hacer cumplir dicho bloqueo”.

Censura y autocensura impuesta por el orteguismo

Toda está persecución dirigida por el régimen contra grupos específicos de oposición, de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y comentaristas, ha provocado un “aumento de la autocensura” y el uso de perfiles anónimos, señala la evaluación.

“Desde principios de 2021, periodistas, comentaristas y usuarios comunes han experimentado un clima de creciente autocensura que ha continuado intensificándose en medio de una creciente represión estatal de las voces críticas. Los periodistas y los usuarios comunes se auto censuraron con frecuencia antes de los esfuerzos gubernamentales más recientes para silenciar a los críticos. Sin embargo, la práctica se volvió aún más común durante el período de cobertura, ya que se hicieron realidad los temores de represalias por el discurso en línea en virtud de las leyes aprobadas recientemente, incluida la Ley Especial de Delitos Cibernéticos de 2020”, denuncia la organización.

Rescataron que tanto periodistas como usuarios cotidianos “han seguido expresando su discurso político en línea utilizando plataformas anónimas y encriptadas en lugar de autocensurarse por completo”.

Persiste el acoso contra periodistas por parte de sujetos estatales y paraestatales

“Periodistas de medios de comunicación independientes, por ejemplo, han dejado de usar firmas en gran medida. Los usuarios de las redes sociales han implementado prácticas similares para protegerse contra la represión. Muchos usuarios de Twitter crearon cuentas anónimas para seguir hablando, por ejemplo, mientras que los usuarios de Facebook e Instagram redujeron sus audiencias, compartiendo contenido político exclusivamente con aquellos en las listas de «amigos cercanos»”, indica el documento.

Criminalización de la libertad de expresión

Freedom House apunta que Nicaragua se han registrado graves violaciones a los derechos de los usuarios de Internet, especialmente por la criminalización de la libertad de expresión.

“A menudo se violan los derechos formales descritos en la Constitución. Por ejemplo, entre el estallido de las protestas de 2018 y julio de 2019, se denunciaron 1080 casos de violación de la libertad de expresión, incluidos incidentes de intimidación y detención de periodistas. Más de 120 periodistas huyeron del país entre abril de 2018 y abril de 2022, y 54 entre junio y diciembre de 2021”, detallaron.

Denuncia en las redes sociales: Una alternativa ante la ausencia de justicia en Nicaragua

El informe menciona entre las primeras personas condenadas por el uso de sus redes sociales y el ejercicio de su libertad de expresión a Donald Margarito Alvarenga Mendoza, Douglas Alfredo Cerros Lanzas, Yoel Ibzan Sandino Ibarra y el periodista Miguel Mendoza Urbina, todos sentenciados a penas entre 9 y 12 años de cárcel.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 200 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. Entre los ciudadanos detenidos hay religiosos, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, comentaristas, campesinos, líderes estudiantiles, aspirantes a la Presidencia, políticos y empresarios.

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