Miembros de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) exigieron, a través de un comunicado, libertad para los más de 90 reos políticos que mantiene la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las diferentes cárceles de Nicaragua.

Los integrantes de la UPPN recordaron que como excarcelados políticos son testigos sobrevivientes de las condiciones infrahumanas, del hacinamiento e insalubridad de esas cárceles y mazmorras en donde hoy «por amor a Nicaragua soportan el encierro». Por lo que, ante la nueva pandemia del COVID-19 y para evitar más muertes  y torturas contra personas inocentes, pidieron a las fuerzas políticas, económicas y diplomáticas «que se unan en la exigencia por su libertad plena».

Los exreos de la dictadura orteguista enviaron un mensaje a los aún presos políticos exponiendo que «no están solos», pues todos ellos como testigos de las torturas y encarcelamiento injusto «están exigiendo su liberación y así como nosotros fuimos liberados por la presión del pueblo soberano, ustedes lograrán también recuperar la libertad».

Además, pidieron al pueblo de Nicaragua que «no olviden cada nombre de las y los presos políticos, seguiremos demandando hasta alcanzar justicia y libertad». Por lo que solicitaron que a partir de este martes, 05 de mayo,  se les nombre en las calles, casas y redes sociales, consignas a cada víctima de secuestro  y tortura que apenas sobreviven en las cárceles de la dictadura; cada día pidamos libertad para Nicaragua y libertad para las y los presos políticos».

Preocupa condición de reos

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de un documento publicado su página web, aunque no mencionó la situación de los presos políticos y comunes de Nicaragua, señaló su preocupación por las condiciones en las que los reos podrían encontrarse dentro de las cárceles, por lo que instaron a los Estados a tomar «medidas apropiadas para prevenir una mayor propagación del virus, garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a pruebas y a cuidados de salud para los detenidos, así como equipo de protección personal y pruebas para el personal penitenciario».

A su vez, instaron a las autoridades a garantizar a los presos «un mínimo nivel de contactos con familiares y un acceso adecuado a la alimentación y agua potable, así como brindar información regular y transparente sobre el impacto de la enfermedad sobre los reclusos y el personal».

También recomendaron que los centros de detención sean objeto de monitoreo regular por parte de órganos independientes al Gobierno y garantizar que los reos que se enfermen sean  aislados o puestos en cuarentena «no punitiva en lugares donde puedan recibir una atención médica apropiada».

OACNUDH dijo acorger con «beneplácito las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a las personas más vulnerables ante el COVID-19, incluyendo personas con condiciones médicas subyacentes, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con VIH y personas con discapacidad».

Mientras tanto en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ni siquiera libera a los reos políticos y tampoco suspende clases, todo lo contrario, convoca a más de 400 actividades que podrían generar aglomeraciones. En total, en el país se contabilizan 5 muertes por COVID-19.

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