La cifra de mujeres presas políticas se elevó a 15 tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA). Estas mujeres que se encuentran en las distintas cárceles del país, fueron en su mayoría detenidas entre abril y agosto de este año.
Hasta finales de julio el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba 12 mujeres privadas de libertad por motivos políticos, pero desde el 19 de agosto, días después de la confiscación de la UCA, la Policía detuvo arbitrariamente a tres mujeres más.
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Hasta ahora solo una se encuentra condenada a cinco años de prisión por el delito de falso testimonio, la mayoría se encuentran acusadas por supuesto «menoscabo contra la integridad nacional» y propagación de noticias falsas, y las recién detenidas siguen sin ser acusadas de ningún delito.
Actualmente serían 81 personas presas políticas las que mantiene el régimen Ortega-Murillo, lo que significa un aumento entre junio y agosto de este año. Estas son las mujeres privadas de libertad.
Martha Candelaria Rivas Hernández de 44 años, originaria de Granada, es la presa política con mayor antigüedad de las mujeres y se encuentra detenida desde el 21 de junio del 2022. Es la única presa con una condena firme por delito de falso testimonio contra el sacerdote Manuel Salvador García, a quien lo acusó de haberla golpeado con un candado en su rostro.
El caso de Rivas se viralizó el año pasado, ya que hizo su denuncia contra el sacerdote de manera pública a través de medios oficialistas. Tras retractar su denuncia en la Policía, el régimen Ortega-Murillo la detuvo y la enjuició sin ninguna garantía al debido proceso. Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario de Granada.
Anielka Lucía García Zapata de 27 años, originaria de Chinandega, fue detenida el 4 de abril en medio de una ola de detenciones arbitrarias y juicios exprés. García es madre de dos niños pequeños, uno de ellos menor de tres años, de acuerdo con sus familiares.
Aunque nunca perteneció a algún movimiento social, sus familiares señalan que fue detenida por utilizar una camiseta relacionada a las protestas ocurridas en 2018. Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario de Mujeres de Mujeres conocido como «La Esperanza».
Brenda Lee Baldelomar Alemán de 48 años, originaria de Chinandega, fue detenida el pasado 17 de abril. Baldelomar utilizaba sus redes sociales para denunciar al régimen Ortega-Murillo y las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con denuncias de sus familiares, las autoridades del SPN La Esperanza, lugar donde está recluida, no le pasan la paquetería que le mandan.
Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón de 52 años, originaria de Masaya, fue detenida el 6 de abril. Se trata de la única presa política recapturada, ya que en 2018 fue detenida y acusada de terrorismo, crimen organizado, secuestro, extorsión y robo con intimidación, y fue liberada hasta en junio de 2019 bajo la Ley de Amnistía. Actualmente también se encuentra en SPN La Esperanza.
Nelly Griselda López García de 41 años, originaria de Masaya, fue detenida el pasado 16 de abril. López es integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), ya que es tía de Erick Antonio Jiménez, asesinado el 17 de junio de 2018 en Monimbó a manos de paramilitares. Actualmente se encuentra procesada en la SPN La Esperanza.
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Martha Lorena Centeno Marín de 49 años, originaria de Managua, fue detenida el 19 de abril en el contexto del quinto aniversario de la rebelión de abril. Centeno defendía la libertad religiosa y la libertad de expresión a través de sus redes sociales, de acuerdo con sus familiares. Al igual que las otras presas se encuentra en la SPN La Esperanza en condición de procesada.
Jaqueline de Jesús Rodríguez Herrera de 35 años, originaria de Jinotega, fue detenida el 22 de abril en medio de la ola de detenciones por el aniversario de la rebelión de abril. Rodríguez fue privada de libertad junto con su esposo, Rodríguez Herrera, por haberse manifestado en las protestas sociales ocurridas en 2018. Actualmente se encuentra en el SPN La Esperanza en la celda cuadra y sufre maltratos por parte de las autoridades carcelarias, según sus familiares.
Adela Espinoza Tercero de 27 años, originaria de Managua, fue detenida arbitrariamente el 19 de agosto en su casa de habitación solo dos días después de la confiscación de la UCA. Espinoza es licenciada en Comunicación, egresada de la UCA y una activista feminista. También es madre de dos menores de edad, uno de siete años y otro de nueve.
El 21 de agosto fue trasladada al SPN La Esperanza, de acuerdo con su mamá, Flor Tercero. Desde su detención, la familia ha denunciado acoso, allanamientos y decomiso de artículos electrónicos de Espinoza.
Gabriela Morales López, originaria de Managua, fue detenida el 19 de agosto horas después de la detención de Espinoza Tercero. Morales trabajadora social, egresada de la Universidad Católica Juan Pablo II, la cual fue confiscada por el régimen Ortega-Murillo en marzo de este año.
Morales estuvo atrincherada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 2018, año en el que fue detenida por primera vez y torturada de acuerdo con denuncias de ella en medios de comunicación. El 22 de agosto fue traslada a la SPN La Esperanza. Un día después la joven cumplió 31 años.
Joseling Mayela Campos Silva, originaria de Managua, fue detenida el lunes 21 de agosto junto con su novio Josseth Miranda por policías vestidos de civil que la sacaron de su casa.
Campos es estudiante de tercer año de Ingeniería Civil en la Universidad de Ingeniería y activista estudiantil. Ella fue trasladada al SPN La Esperanza el pasado 22 de agosto, aún sin ser acusada de ningún delito.
El resto de las presas políticas mantiene su identidad bajo anonimato para evitar ataques por parte de simpatizantes del régimen Ortega-Murillo contra sus familiares. Las mujeres detenidas tienen de las edades de 56, 55 39, 53 y 46 años de edad, de acuerdo con el Mecanismo.
