Para el régimen Ortega-Murillo, la unidad familiar es una prioridad mucho mayor que la seguridad de las mujeres. Las instituciones y leyes que se supone deben velar por la protección de mujeres, niñas y adolescentes, ahora abogan por la conservación de la familia, incluso frente a situaciones de violencia.
Para defensoras feministas esto es peligroso para la vida de las mujeres, ya que se prioriza que ellas no se separen de los hombres que las violentan, en vez de alejarlas de sus agresores y velar por su seguridad y protección.
Lee: “Ser mamá con discapacidad física es difícil en Nicaragua”
Las Comisarías de la Mujer, órgano de la Policía encargado de atender a las víctimas de violencia, tenían como disposición la «prevención, atención, protección, acompañamiento y seguimiento» para las mujeres, hasta antes de su repentina desaparición en 2016.
Su objetivo era «proteger a las víctimas de violencia, realizando acciones de investigación, persecución y sanción penal desde el conocimiento del hecho, hasta su recuperación, resarcimiento de daños y restitución de sus derechos”, de acuerdo con un documento de la Policía sobre la ruta de atención en las comisarías previo al cierre.
Cuatro años después que el régimen Ortega-Murillo dejara sin ninguna protección a las mujeres, volvió a aperturar las comisarías en 2020, pero con objetivos muy diferentes a los originales.
Ahora la principal misión de las Comisarías de la Mujer es “preservar los derechos de la familia”, según lo establecido en la página oficial de la Policía orteguista y en los discursos de la vicepresidenta y esposa del dictador Daniel Ortega, Rosario Murillo.
La principal estrategia de las comisarías ante la violencia es el «diálogo» entre las víctimas y los agresores a través de la mediación.
“Queremos familias sanas, familias unidas, familias dialogantes, que puedan superar sus problemas y dificultades, familias que crezcan en el amor, en armonía y en la equidad”, dijo la comisionada orteguista Johanna Plata en la inauguración de la comisaría 209, una de las más recientes. Este mismo discurso se repite en otros funcionarios y funcionarias en cada anuncio de reapertura.
Para “Rosa”, defensora feminista que solicitó el anonimato, el discurso del régimen sobre la familia en situaciones de violencia es contraproducente y un arma de doble filo para las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
También: 196 Comisarías de la Mujer en Nicaragua, pero ninguna garantiza protección y justicia
“El discurso de la unidad familiar es una cosa retorcida porque muestra que en este país la vida de las mujeres nunca ha importado y nunca ha sido prioridad. Lo que es importante para ellos es que las mujeres sigan con sus agresores, aunque las violenten”, expresa la defensora.
El lema de la unidad familiar es confirmado por las mujeres que denuncian en las comisarías, indica Rosa, quien ha acompañado a mujeres durante más de 30 años. Según ella, las mujeres son obligadas a mediar, coaccionadas para retirar la denuncia y forzadas a no abandonar a sus parejas para evitar “la desintegración familiar”
“Alaban a las Comisarías de la Mujer, dicen que hay apoyo y que hay que denunciar, pero cuando las mujeres llegan a estas instancias, sus testimonios son de maltrato, no escucha, no respeto. No hacen investigación alguna sobre la violencia y más bien hay culpabilización de las mujeres”, expresa.
Y en el caso de que las mujeres sean atendidas y los agresores sean apresados y condenados, son liberados de las cárceles sin cumplir las penas a las que fueron sentenciados.
Estos hombres son liberados aunque hayan cometidos delitos como homicidio y violación, y aunque sean un peligro para la vida de las mujeres y niña. La Lupa ha identificado seis femicidios de mujeres y niñas a manos de reos liberados para el régimen de convivencia familiar desde el año 2020, sin contar otros delitos contra las mujeres.
El discurso de la familia que provenía de opiniones personales de Murillo a través de sus monólogos diarios en los medios oficialistas, es cada vez más una política de Estado y una orden de actuar en las instituciones públicas.
La magistrada orteguista de la Corte Suprema de Justicia, Juana Méndez Pérez, indicó en un conversatorio sobre la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, que «el Estado no tiene interés en tener a hombres presos porque desintegra el núcleo familiar. Lo que se requiere a través de estos conversatorios es que se respete el derecho de las mujeres y terminar con ese machismo arraigado en los varones».
Esto fue dicho en la alcaldía de Puerto Morazán, Chinandega, el pasado 17 de mayo, y fue justificado por la magistrada orteguista diciendo que la manera de combatir el machismo es a través de conversatorios y la divulgación de la Ley 779.
Sin embargo, defensoras aseguran que lo que realmente promueve este tipo de planteamientos es la impunidad y la libertad de los agresores, no la seguridad de las mujeres y la integración familiar.
Incluso que el Estado exprese abiertamente que no está interesado en penalizar y castigar a los agresores de mujeres es una forma de oficializar la violencia, el machismo y el asesinato contra mujeres, niñas y adolescentes, indica Rosa.
“Cuando desde la Corte Suprema de Justicia se dice que no hay interés en tener hombres presos, oficialmente están dando licencia para matar y oficialmente les están diciendo hagan lo que quieran que no nos interesa tenerlos presos”, señala.
La impunidad de la violencia machista es una de las mayores problemáticas que viven las mujeres en Nicaragua. Solo el año pasado 27 femicidios quedaron impunes en el país, de acuerdo con los registros de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Estos casos fueron archivados, no investigados o catalogados como suicidios por las autoridades policiales.
Lee: Sin justicia: 27 femicidios impunes en 2022
La defensora feminista, Rosa, indica que frenar la violencia machista (que ha cobrado la vida de 34 mujeres en el país, según CDD), es necesario que el Estado tenga una política integral contra la violencia. Mientras esto no sea así, los conversatorios, talleres y divulgaciones de los que hablan las personas funcionarias, no servirán de nada.
Una política de Estado contra la violencia también incluye quitar las reformas a la Ley 779 que tenía por objeto “actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres”, y que con las reformas inconstitucionales entre el 2013 y 2016 es ahora “garantizar el fortalecimiento de las familias nicaragüenses”.
“Sin una política de Estado que no actúe contra la violencia machista, que no tenga una posición para castigar a los agresores y que no realice nada para su prevención, la violencia machista no acabará nunca”, establece.
