“La regularización no es un regalo: es la lucha de las migrantes” en España

En 2026, España abrió un proceso extraordinario de regularización que podría beneficiar a más de 500,000 personas en situación administrativa irregular. La medida llega tras más de una década de movilización social y después de que, en 2022, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por colectivos migrantes reuniera más de 700,000 firmas —superando ampliamente el mínimo exigido por ley— y obligara al debate parlamentario.

Diversas organizaciones estiman que alrededor del 90% de las personas en situación irregular en España son de origen latinoamericano. Una parte significativa son mujeres que sostienen sectores estratégicos y precarizados como el trabajo doméstico, los cuidados y la hostelería. Durante la pandemia, muchas fueron consideradas “esenciales” sin tener derechos básicos garantizados.

Esta regularización no solo es una medida administrativa: es el reconocimiento tardío de una realidad económica y social que el Estado no podía seguir ignorando.

Para entender el alcance político y humano de este momento, La Lupa conversó con Silvia Carrizo, periodista y abogada argentina, fundadora hace 23 años de la Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea, organización que acompaña a trabajadoras migrantes en el País Vasco.

¿En qué año llegas a España y con qué escenario te encuentras?

Llegué en 2002 y me encontré con un escenario que creo que muchas vivimos en esa época: no sabíamos que no teníamos derechos. Solo sabíamos que nuestros títulos no valían. Cuando una llega pierde todas las referencias con las que se ha movido en su vida.

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A mí jamás nadie me preguntó qué sabía hacer o qué conocimientos tenía. Era simplemente buscar trabajo y que te mandaran a lo que en ese momento llamábamos el “instituto de las inmigrantes”: Cáritas, Cruz Roja, las monjas. Empezábamos a dar vueltas hasta conseguir algo. Y en ese recorrido me di cuenta de que todas estábamos en la misma situación.

¿Cómo nace Malen Etxea?

En todos lados veía las mismas mujeres. Yo venía con mucha militancia y entendí enseguida que, si no nos organizábamos, esto iba a salir muy mal.

Malen Etxea nació como un salvavidas. El nombre significa justamente eso: necesitábamos una casa, un espacio propio donde reconocernos, hablar lo que nos pasaba. Llegué en 2002 y en 2003 ya teníamos la asociación organizada.

¿En qué situación administrativa estaban entonces?

No teníamos documentos. Sin embargo, en 2004 todavía era relativamente más sencillo regularizarse si trabajabas en el hogar y los cuidados, porque era considerado un sector de “difícil cobertura”. Conseguías un contrato y el trámite administrativo salía relativamente rápido.

Aun así, hubo una gran movilización que derivó en los procesos de regularización de 2004 y 2005. Nada fue espontáneo ni automático: fue producto de organización y presión social.

Estamos en 2026 y un Real Decreto permitirá la regularización de más de 500,000 personas. ¿Cuál es tu valoración?

Lo primero que tenemos que decir es que estamos orgullosas. Este proceso costó muchos años de lucha. No fue algo que se armó de un día para otro. Llevábamos más de diez años exigiendo una regularización.

Después del covid hubo un punto de inflexión. Logramos reunir más de 700.000 firmas, y no solo de personas migrantes, sino de ciudadanía española que entendió que había que regularizar.

El resultado es este Real Decreto. No es exactamente la ILP que presentamos, pero representa un avance histórico. Estamos a la espera de su publicación oficial y de las instrucciones del Ministerio, pero sabemos en líneas generales cómo será el proceso y permitirá que la mayoría de las personas en situación irregular puedan acceder a la regularización.

¿Qué significa vivir en situación administrativa irregular?

Significa vivir condenado a los márgenes.

No puedes entrar y salir libremente del país. Se restringe el acceso a la educación y a la salud —y esto varía según la comunidad autónoma—. No puedes abrir una cuenta bancaria ni alquilar formalmente.

Te obliga a vivir en la economía sumergida: trabajos sin declarar, alquileres sin contrato. Y eso implica vulnerabilidad constante. Quien sabe que necesitas vivienda o empleo se aprovecha. La irregularidad te expone al abuso y a relaciones de poder profundamente desiguales.

¿Cómo cambia la vida tener permiso de residencia?

En la primera regularización hicimos una investigación llamada “De la invisibilidad a la presencia”. Analizamos cuánto había cambiado la vida de las compañeras tras regularizarse en 2004 y 2005. La realidad es que, en ese momento, no cambió sustancialmente: siguieron siendo internas, con salarios bajos y en condiciones de explotación.

Hoy el contexto es diferente. El trabajo de hogar y cuidados ha evolucionado mucho. Ya no es un trabajo gestionado por monjas o Cáritas; requiere profesionalización, formación, está vinculado a políticas públicas.

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También cambió el perfil de las migrantes. Hoy las jóvenes no quieren quedarse como internas. Se forman, estudian informática, contabilidad, enfermería. Utilizan los cuidados como vía de entrada, pero tienen otras expectativas.

¿Cuál es el perfil de las mujeres que emigran ahora?

Muchas llegan solas, sin cargas familiares. Se insertan inicialmente en cuidados porque es el medio más accesible para obtener papeles, pero no se proyectan allí de manera permanente.

Estudian, se preparan, buscan otras salidas laborales. El nicho laboral puede seguir siendo el mismo, pero las protagonistas tienen otras aspiraciones.

¿Qué efectos tendrá esta forma de regularización?

Va a cambiar la vida, sobre todo de la juventud migrante. Muchas podrán estudiar, hacer formación profesional, ir a la universidad, insertarse en otros sectores laborales.

A diferencia de la migración de principios de siglo, muchas de estas jóvenes no llegan con la misma carga económica y familiar. Eso les permite proyectarse de otra manera.

¿Pueden los partidos políticos adjudicarse este logro?

No deberían. Todas las organizaciones que estuvimos en esta lucha sabemos cómo se produjo este proceso. Si tiene un actor central, es la población migrante organizada.

¿Debe preocupar el avance de Vox?

Debería preocupar a toda la sociedad. El avance de la derecha radical es alarmante.

Con todas las críticas posibles, el gobierno de coalición ha hecho cosas que hace una década parecían impensables. Por ejemplo, el salario mínimo pasó de alrededor de 735 euros en 2018 a más de 1.200 euros en 2026.

Si las clases populares no ven la diferencia entre un gobierno progresista —con límites y errores— y una derecha recalcitrante, estamos en un escenario muy complejo.

¿Cómo será el procedimiento para regularizarse?

Estamos esperando la publicación en el BOE y las instrucciones oficiales.

Lo que sabemos es que quienes puedan demostrar presencia en España antes de la fecha límite establecida podrán acogerse al proceso.

Se implementará un sistema de NIE provisional. No será necesario contratar abogado ni hacer colas interminables. Una vez que el trámite se registre en el sistema, se expedirá un NIE provisional que permitirá trabajar y estudiar mientras se resuelve el expediente definitivo.

Eso marca un antes y un después: hoy presentas papeles y esperas meses sin derechos. Con este modelo, presentas y puedes empezar a ejercer derechos inmediatamente.

¿Qué papel jugarán las organizaciones?

Las organizaciones estaremos autorizadas a introducir la documentación en el sistema, facilitando el trámite.

No resolvemos expedientes, pero acompañamos y garantizamos que el proceso sea accesible, evitando intermediarios abusivos.

Silvia Carrizo nos deja en evidencia que lo que está en juego no es únicamente un trámite administrativo. Es la posibilidad de salir de la economía sumergida, de alquilar una vivienda sin miedo, de abrir una cuenta bancaria, de estudiar, de planificar una vida sin estar permanentemente expuesta al abuso.

Pero también es algo más profundo.

Durante más de veinte años, miles de mujeres migrantes sostuvieron en silencio el sistema de cuidados español: limpiaron casas, cuidaron personas mayores, permitieron que otras mujeres se incorporaran al mercado laboral. Lo hicieron muchas veces sin contrato, sin papeles y sin protección.

Esta regularización llega después de que esas mismas mujeres se organizaran, recogieran firmas, ocuparan el espacio público y exigieran reconocimiento. No es una concesión graciosa del Estado. Es el resultado de una lucha feminista y migrante que convirtió la invisibilidad en agenda política.

Si el decreto se implementa como está previsto, marcará un antes y un después en la política migratoria española. Pero su verdadero alcance dependerá de algo más amplio: de si la sociedad está dispuesta a reconocer que quienes sostienen los cuidados no pueden seguir viviendo en los márgenes.

La regularización no es el final de la lucha. Es el punto de partida para discutir derechos laborales, acceso a vivienda, protección social y ciudadanía plena.

Porque regularizar es, en última instancia, reconocer que existir no puede depender de un permiso administrativo.