La tendencia de gobiernos autoritarios en Centroamérica es “alarmante”, señala Aída Elizabeth Estrada, miembro del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. Este equipo interdisciplinario mide el pulso a la región, que cada vez, pareciera convertirse en un terreno más hostil para ejercer la defensa de los derechos humanos.
El discurso de odio, la misoginia y la vulnerabilidad a la vida que enfrentan las defensoras traspasan fronteras, y a medida que los gobiernos se radicalizan, la vulneración de derechos ha sido uno de los efectos directos. Y pese a que hay más mujeres en puestos de poder, esto no ha garantizado la protección de defensoras.
Estrada señala que el panorama de cara al 2024 es “complejo” y apuesta por el fortalecimiento de la participación ciudadana y a continuar exhortando a los países cumplan las legislaciones y brinden las condiciones para la defensa de los derechos humanos.
Estamos en niveles bastante alarmantes en torno a cómo se está ejerciendo la forma de Gobierno democrático. Vemos que los países están más alejados de esta forma de Gobierno y van dando una transición, en algunos casos, ya está instaurado un régimen de carácter autoritario. Tenemos el caso del triángulo norte, que siempre ha sido donde se han identificado varias conflictividades en torno al tema, también Nicaragua. Veíamos a Panamá y a Costa Rica como un modelo democrático más sólido, pero vemos que todo eso está en un proceso de desmantelamiento, y en rumbo hacia como estamos los otros países. Hay un debilitamiento bastante amplio y también hay serias regresiones en cuanto a la forma de gobierno democrático.
Sabemos que al haber coaptación, con sistemas democráticos debilitados, nos genera limitaciones en el cumplimiento y en la garantía de nuestros derechos humanos. Hay dificultades con las defensoras. Al menos, en países como El Salvador, hay una situación bastante compleja, ya que diversas organizaciones tienen registrados ataques concretos en contra de mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas. Hay una tendencia a un discurso de odio bien generalizado. Hay también una carga de machismo en toda esa narrativa de odio y misoginia. Hay varios casos de periodistas con ataques digitales, a las mujeres se les descalifica por su apariencia, también por la labor que realizan. Hay mujeres que prefieren autocensurarse y no decir o señalar alguna situación debido a esa narrativa de odio. En países como Guatemala tenemos la criminalización, por ejemplo, de exfuncionarias de la CICIG -Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-. Creemos que la coaptación, los retrocesos y demás sí impactan directamente en el trabajo de las defensoras en distintos países de la región.
Los Estados tienen una gran responsabilidad porque son los encargados de garantizar el cumplimiento de los derechos de todas y todos. Y al no cumplir con ese mandato lo están transgrediendo. Tienen una responsabilidad total. En varios países se ha identificado esa tendencia, con abusos de autoridad. En El Salvador se han identificado detenciones arbitrarias de mujeres, lastimosamente, agresiones sexuales. Hay militares, agentes policiales vinculados a crímenes en comunidades. Acá, con la narrativa de una supuesta guerra contra las pandillas, se está también abriendo las puertas a las arbitrariedades y es ahí donde se cometen la mayoría de vulneraciones a derechos humanos, sino no es que todas.Toda esa desatención del Estado recae en las mujeres. Son políticas que no están solventando en nada el cumplimiento de los derechos de todos y de las mujeres en particular.
En nuestro último informe centroamericano hacíamos mención de algunas recomendaciones a los Estados y entre ellas, están la restitución del modelo democrático en los países donde las democracias están siendo socavadas. Es abstenerse, evitar la coaptación, que los Estados y funcionarios realicen su trabajo conforme a la ley. También hemos urgido fomentar la participación ciudadana. Tenemos registro que la participación ciudadana ha decaído enormemente en varios de los países de la región. Consideramos que es algo que afecta porque no podemos tener ese diálogo. Hacemos un llamado para que los países puedan actuar sin opacidad, que ejerzan la administración pública de una forma correcta porque -de lo contrario- deviene en corrupción, afecta los derechos de la ciudadanía y es importante que se garantice el derecho a defender derechos, que se les garanticen las condiciones para hacer su trabajo, que cesen las hostilidades en contra de quienes se dedican a esta importante labor.
Nosotros hemos identificado que hay una tendencia regional adoptar este modelo autoritario. Tenemos varios ejemplos. En menor medida están países como Panamá y Costa Rica; sin embargo, en Panamá tenemos registradas tres personas que han sido asesinadas en el marco de la protesta contra una concesión minera. Es una tendencia regional encaminada al autoritarismo en varios países. En algunos casos se podría decir que hay un modelo híbrido y en otros, un modelo más autoritario. Lo vemos en Guatemala con los resultados de las elecciones y cómo se ha dado todo este proceso de conflictividad entre las autoridades y la ciudadanía organizada exigiendo sus derechos. Estamos en una situación cada vez más alarmante donde totalmente si hay posibilidades de réplica de este modelo que vulnera derechos humanos.
Hemos estado observando cómo está la situación allá. Sabemos que el hecho de que el país cuente con una presidenta no ha suplido hasta el momento, la necesidad de garantizar los derechos de las defensoras. Consideramos que es parte de este declive generalizado y regional.
En el caso de El Salvador hay un amplio número de diputadas, pero en la práctica esa toma de decisión no se ve reflejada. Acá, cada vez más el estado de derecho no está tan presente. Básicamente lo que el Ejecutivo solicita es aprobado automáticamente por el Legislativo. En este caso, no nos garantiza que mujeres en puestos de poder político vayan a generar un cambio real en la vida de las mujeres. El hecho de que hayan mujeres en puestos de toma de decisión no está garantizando políticas integrales de género, no están garantizando planes o políticas públicas integrales, ni planes, ni acciones concretas que hagan o que generen un ambiente favorable para las defensoras de derechos humanos.
8-¿Cuál es su análisis sobre los principales retos de Centroamérica en 2024?
Es un panorama bastante complejo en 2024. En El Salvador son las elecciones presidenciales, donde el actual presidente ha sido habilitado para participar nuevamente, cuando en la Constitución del país al menos seis artículos dice que la reelección inmediata del presidente y vicepresidente está prohibida. Nos enfrentamos ante un ambiente en el que manifestarse es altamente complicado porque corre el riesgo de que una persona sea criminalizada, ya tenemos casos registrados. Creemos que las conflictividades seguirán siendo bastante parecidas al de 2023 o un poquito más agudas. La realidad, a veces, se impone y es probable que con autocracias más instaladas, puede ser que haya una transgresión mayor a derechos, a los que también están expuestas las defensoras.
Este reportaje ha sido preparado en el marco de la campaña de sensibilización e información: ¡Tengo derecho a defender derechos! que desarrolla la Asociación de Mujeres Malvaluna en el marco del proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos de Centroamérica con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).
