La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto está dando la batalla por once mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas. Seis de ellas tienen audiencias programadas
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Mientras la legislación salvadoreña, una de las más restrictivas en derechos reproductivos en América Latina, no cambie, existe el riesgo de que una mujer sea criminalizada por emergencias obstétricas. Evitar que eso se repita es uno de los objetivos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que actualmente defiende a diez mujeres, que enfrentan sus procesos judiciales en libertad. La onceava falleció sin conseguir justicia.
La organización está al frente de esos once casos, tras lograr la liberación de 73 mujeres condenadas, en algunos casos, hasta 30 años de cárcel por emergencias obstétricas, que la justicia salvadoreña tipificó como homicidio u homicidio agravado. La liberación de todas se concretó a lo largo de catorce años de lucha incansable.
De los once casos en conocimiento de la Agrupación, seis mujeres enfrentan sus procesos judicializados por homicidio u homicidio en grado de tentativa en libertad. Otras cuatro corresponden a causas que tienen un expediente abierto en Fiscalía, pero que no cuentan con las pruebas necesarias para girar orden de captura o iniciar un proceso penal con audiencias programadas. Sin embargo, existe el riesgo que puedan ser activados en cualquier momento, explica la abogada Abigail Cortez, del equipo jurídico de la Agrupación. Y el onceavo caso corresponde a una mujer con un embarazo ectópico- que el feto se desarrolla fuera del útero- que falleció porque no fue intervenida a tiempo por el personal de Salud. El proceso es una demanda contra el Ministerio de Salud salvadoreño.
Cortez explica que estos últimos once casos los conocieron desde 2018, cuando muchas mujeres aún estaban en camillas de hospitales. Su defensa temprana evitó que no llegaran a prisión, como ocurrió con el grupo de las 73, que fueron criminalizadas y sentenciadas. Todo el trabajo de la Agrupación, agrega la abogada, ha permitido “desmitificar que una mujer que pasa una emergencia obstétrica se puede convertir en una delincuente, porque a nivel del personal de Salud si han comenzado a tener ciertos cuidados -asistencia psicológica-”.
También se ha avanzado en materia legal. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que responsabiliza al Estado de El Salvador por la muerte de Manuela– mujer criminalizada por una emergencia obstétrica, y que murió en prisión con una condena de 30 años- es un argumento que invocan las defensoras en representación de las mujeres, que en muchos de los casos son víctimas de violencia y vive en una situación de extrema pobreza.
La sentencia de la Corte también es citada por los jueces, en los que se ventilan otros casos de mujeres, pero nunca se deja por escrito. “La sentencia de Manuela ha permitido que a nivel de lo jurídico, los jueces ya tomen en cuenta la sentencia, pero por el mismo miedo que hay, los jueces, aunque lo argumentan en las audiencias, por escrito nunca lo establecen. Nunca queda por escrito que ellos hablan de la sentencia de Manuela”, expresó Cortez.
“Mientras la ley no cambie esa situación siempre va a pasar en nuestro país, porque siempre hay ciertos médicas, médicos que tienen su posición conservadora, de que no tiene nada que ver con lo científico, ya que al ver una autopsia, un análisis, un peritaje psicológico pueden llegar a una conclusión científica como médico, de que no hay dolo, que no hubo una intención -de aborto-. Sin embargo, el estigma es el que logra que sean hasta testigos en contra de ellas”, explicó la abogada. En El Salvador la ley penaliza el aborto en cualquier circunstancia.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación explica que al igual que el proceso de liberación de las 73 requirió diversos caminos legales, el proceso de reparación también. Por la vía nacional aún estudian cuáles podrían ser las “puertas de la legislación salvadoreña” para entrar a un proceso de litigio concreto en demanda de reparación de daños por injusticias de las mujeres criminalizadas.
La defensora recordó que el acto de demandar es a título individual. Y en ese sentido, no todas las mujeres están dispuestas porque “tienen miedo de volver a verse implicadas en un proceso judicial injusto, y que les vulnere las pocas libertades que han logrado», expreso. Algunas les han dicho: «No, tengo miedo».
Internacionalmente, la Agrupación presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la demanda de nueve casos, de los cuales, solamente siete mujeres- ahora libres- afirmaron continuar con el proceso que podría demorarse años, y que fue admitido para su estudio en 2022.
“Yo creo que puede tardar también, pero es importante que las mujeres sientan que pueden demandar justicia. Ellas saben que es injusto lo que les pasó. Pero que el Estado les pueda reparar por los daños causados es otra cosa”, explicó Herrera.
Una vez que la CIDH haga su respectivo análisis, puede decidir si los casos pasan- no se sabe si de forma individual o en grupo- a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Estudiamos el camino más eficaz, siempre tratando de resguardar la seguridad de las mujeres que demandan”, expresó la defensora.
Mientras tanto, las 73 mujeres liberadas siguen retomando las vidas que dejaron en pausa, cuando el Estado las criminalizó, sometiéndolas a años de encierro injustificado.
