Justicia y memoria: La lucha de las Madres de Abril

Hasta hace cuatro años, Fátima Vivas estaba rodeada de su familia en Santo Tomás, Chontales. En su casa vivía con sus cuatro hijos, sus nueras y sus nietos; y en el barrio vivía cerca de sus cinco hermanos y su mamá de 70 años. A pesar que Fátima se definía como una “nómada” porque siempre estaba ocupada por sus estudios universitarios y el negocio familiar, siempre se reunía con toda su familia en las fechas especiales.

“Lo que nos definía era la comunicación y la unidad familiar. Lo de nosotros eran los cumpleaños, eso era como una rutina. No había un cumpleaños que quedara en el olvido. No teníamos dinero, pero al menos celebrábamos con un gallopinto. Esos eran los mejores momentos para nosotros. En Semana Santa íbamos a las piscinas y a los ríos; el 24 de diciembre hacíamos la barbacoa, los nacatamales y el indio viejo; y el 31 de diciembre quemábamos el viejo para recibir el Año Nuevo”, relata.

Además de tener fuertes lazos familiares, Fátima tenía un fuerte sentido de justicia y de empoderamiento por los derechos humanos. Desde 1991 trabajó en el Ministerio de Salud y en el 2007 era administradora del hospital del municipio de La Esperanza, El Rama; pero con el retorno de Daniel Ortega al poder, fue despedida sin justificaciones con la excusa de que ocupaba indebidamente un “cargo de confianza”. A pesar que interpuso una denuncia en el Ministerio de Trabajo y la ganó, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que ya controlaba el hospital, no le permitió integrarse.

Sin saberlo, ese mismo Gobierno que la despidió y violentó sus derechos labores en 2007, iba a ser el mismo que le arrebataría a uno de sus hijos años más tarde y desintegraría a su familia.

Hasta hace cuatro años, en 2018, Fátima vivía una vida normal en su natal Chontales. Tenía 54 años en ese momento, estudiaba el último año de la carrera de derecho en la Universidad Evangélica Nicaragüense “Martin Luther King Jr”, y quería dedicarse a defender los derechos de las mujeres para que pudieran vivir una vida libre de violencia.

Sin embargo, su vida cambió el 8 de julio de ese año, tan solo unos meses después que estallara la crisis sociopolítica del 18 de abril. El tercero de sus hijos, Faber Antonio López de 23 años, fue torturado y asesinado por haber solicitado darse de baja en la Policía Nacional, debido a la sangrienta represión que la institución estaba cometiendo. Desde entonces, toda su familia se encuentra en el exilio y ella ahora se dedica a exigir justicia.

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2018, el año que cambió todo

Cuando comenzaron las protestas antigubernamentales, Fátima se encontraba en Managua, acompañando a su hijo que estaba solo en la capital. Faber trabajaba en la Policía desde 2014, asignado a la Delegación de El Rama, pero estaba recibiendo un curso en la ciudad. Así que al detonarse las manifestaciones, él fue enviado a reprimir, pero Fátima salió a las calles a expresar su descontento social.

“Cuando hubo el primer muerto en la UPOLI yo estaba en las manifestaciones en Managua. Yo iba a dejar comida ahí. Mi hijo estaba en Managua, yo quería estar cerca de él porque sabía que había un estallido y no se sabía qué podía pasar. Recuerdo que estaba en la Miguel Gutiérrez cuando comenzaron las barricadas, pasaban los tiros y me metí a un bar. Hubiese preferido mil veces morir yo en ese momento y que no hubiese muerto mi hijo, porque él era un joven que tenía un futuro por delante. No tenía por qué morir a causa de un dictador que se cree dueño de todos los nicaragüenses”, expresa Fátima.

Cada vez que Fátima relata algún hecho acontecido en las protestas, repite que hubiese preferido morir ella y no su hijo, “pero cuando estás metida en esa lucha no pensás que vas a morir vos” o alguien más, señala.

Fátima estaba atrincherada en la barricada de Lóvago, Chontales. Habían transcurrido menos de dos meses desde la primera protesta y se desarrollaba el “Diálogo Nacional”, en el cual diversos actores sociales estaban intentando el cese de la represión y la salida del poder de la dictadura Ortega-Murillo, pero sin éxito alguno.

El líder campesino y actual preso político condenado a 13 años de cárcel, Medardo Mairena, llegó un día a la barricada de Lóvago a anunciar los avances en el diálogo. Una persona desconocida tomó una foto en la que Fátima y Mairena se encontraban juntos, y fue enviada a la Policía. Desde entonces, comenzó el tormento para su familia.

El día del cumpleaños de Faber, el 13 de mayo de 2018, regresó sin permiso de la Policía a su casa en Santo Tomás, Chontales, para celebrarlo a como lo acostumbraban. “Siempre celebrábamos los cumpleaños, era lo nuestro”, recuerda Fátima. Pero después de 15 días tuvo que volver a Managua debido a las amenazas de sus jefes. Fue la última vez que Fátima lo miró.

“El exilio ha sido una condena para mí”

La última conversación que Fátima tuvo con su hijo, fue dos días antes de su muerte, donde le pedía que renunciara a la Policía. Faber solicitó su baja y 48 horas después, el 8 de julio, fue torturado y asesinado. El 8 de julio de 2018, día de la “Operación Limpieza” en Carazo, fue el día más mortífero de las protestas con 38 personas asesinadas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

De acuerdo con la versión policial, Faber fue asesinado a tiros por “terroristas”, pero el forense consultado por Fátima, expuso que presentaba heridas de armas blancas y claras señales de tortura.

El mundo de Fátima cambió totalmente. “No hay palabras para describir el impacto”. Fátima quería correr, quería gritar, quería morir. No se lo creía. Cinco días después de la muerte de su hijo, tuvo que salir del país debido a las amenazas de muerte en su contra. Ella no tenía miedo “porque lo valioso ya se lo habían quitado”, cuenta, pero personas cercanas a ellas la convencieron de salvaguardar su vida.

Estuvo en cuatro países diferentes y en cada uno cargó una mochila de dolor que no la dejaba tranquila. Expresa que se sentía “mala madre” por dejar a su hijo fallecido en Nicaragua, sin ni siquiera tener la posibilidad de visitar su tumba. Cada vez que tomaba un vuelo caía en día “8”, 8 de agosto, 8 de octubre, 8 de noviembre. La misma fecha en que perdió a su hijo.

“Cada vez que volaba en un avión de la mano de mi pequeño, lloraba toda la trayectoria porque quería que ese avión volara y volara y me llevara hasta donde estaba mi hijo. Para mí volar era la esperanza de que iba a llegar hasta donde mi hijo. Tenía esa ilusión y cuando aterrizas, sabes que estás en un país diferente, sabes que no tenes nada, que no conoces a nadie, que ni siquiera sabes donde vas, salís sin rumbo. Eso es terrible”, expresa.

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Actualmente Fátima lleva tres años en España. Además de lidiar con la muerte de su hijo y de no ver al resto de su familia, ha tenido que vivir el racismo y la discriminación. Al llegar al país fue acogida por un centro de ayuda humanitaria, donde según ella, la pasó fatal con su hijo menor. El maltrato, la alimentación y las malas miradas fueron su bienvenida. “Nos decían que veníamos a quitarles sus trabajo y que éramos unos vividores”, señala.

Han sido tres años de adaptación a un nuevo país, con un hijo menos y lejos de su natal Chontales. El resto de sus hijos tuvieron que exiliarse. Solo su mamá de 70 años se quedó en su casita en Santo Tomás. La dictadura persiguió a toda su familia por exigir justicia.

Debido al trauma que le provocó la muerte de su hijo le dio un derrame cerebral y perdió la movilidad de su hombro izquierdo, por lo que tuvo que estar en rehabilitación por más de un año. Según ella, está muerta en vida. “El dolor de un parto es tan duro y tan terrible, pero el dolor que hoy vivo ni siquiera es comparable. No se puede vivir con ese dolor, te atormenta. Te daña física y psicológicamente”, cuenta.

Fátima Vivas de 58 años, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), afirma que la única razón por la que sigue viva es porque va a seguir luchando para que el asesinato de Faber Antonio López no quede en la impunidad, ni ninguna otra muerte más causada por la dictadura. Quiere volver a su tierra, abrazar a su gente y llorar al menos en la tumba de hijo. Y continuará luchando hasta que haya justicia.

Impunidad: La política del Estado de Nicaragua

Al menos 355 personas fueron asesinadas desde abril de 2018 hasta julio de 2019 en el contexto de las protestas antigubernamentales, según el conteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Actualmente, ninguno de estos asesinatos ha sido investigado, ni procesado, al igual que ninguno de los otros crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua contra la sociedad civil como la tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, entre otros delitos.

Al contrario, la dictadura Ortega-Murillo impulsa una política de Estado basada en la impunidad, resumida en “borrón y cuenta nueva”; propuesta presentada por Daniel Ortega el 10 de enero de este año durante su ilegítima toma de posesión de la presidencia, después de la realización de los fraudulentos comicios, expone el abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Juan Carlos Arce.

“Esas son propuestas que te indican que hay una política de Estado basada en la impunidad, y en la persecución contra quienes demandan justicia. Las madres han sido unas de las principales víctimas”, indica.

Arce recalca que el papel de las Madres de Abril y del resto de familiares de asesinados durante las protestas ha sido fundamental para la lucha contra la impunidad, ya que han mantenido la justicia como principal demanda, sin lugar a negociación. Debido a estas demandas, docenas de madres han tenido que exiliarse o vivir en el país bajo el asedio y las agresiones de grupos afines al partido de Gobierno.

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La búsqueda de la justicia desde el exilio

Yadira Córdoba resistió la persecución y el hostigamiento de fanáticos del FSLN y paramilitares durante un año entero después de la muerte de su hijo menor. Orlando Córdoba, “su tierno” como le suele llamar, fue asesinado en la marcha del Día de las Madres, el 30 de mayo de 2018. Desde entonces, Yadira no ha parado de exigir justicia, aunque le ha costado un exilio forzoso.

Antes de la crisis sociopolítica, Yadira de 44 años en ese entonces, se dedicaba a la venta de víveres en una pequeña pulpería que tenía, durante las noches vendía fritanga y en algunas ocasiones se dedicaba a lavar ropa. Según ella, “ha trabajado de todo” para sacar a sus cuatro hijos adelante.

Los días de Yadira eran ajetreados. Entre el trabajo, la limpieza de la casa y el cuido de sus hijos, las horas se le hacían cortas; pero en la cena lograba reunirse con su familia y descansar luego de la extensa jornada. 

Más que una madre, era como una amiga para sus cuatro hijos varones, afirma. Bromeaban, jugaban, miraban películas e iban a la Iglesia juntos. Aunque con todos sus hijos el trato era igual, con “Orlandito” era diferente porque era el único menor y pasaba más tiempo con ella.

“Cuando me iba a trabajar y regresaba a las tres de la tarde, él me decía “¿Va a beber café?”, le decía que sí y él me hacía el café de la tarde. Son momentos inolvidables de mi vida con Orlandito. Recuerdo que incluso él dormía conmigo. Cuando le dije que le iba a comprar su cama para que él durmiera aparte, me dijo que no porque el lugar de él era conmigo. Cuando se levantaba por las mañanas, me daba un beso en la mejilla y me daba los buenos días”, recuerda la madre.

Esa era su rutina diaria, relata. Nunca se imaginó que todo cambiaría, hasta que estalló la crisis sociopolítica hace cuatro años. Pese a que Yadira no estaba de acuerdo con la represión que la dictadura ejercició en ese momento, no participó en las manifestaciones hasta después del 21 de abril de 2018, por el asesinato del periodista Ángel Gahona.

Ángel Gahona Ramos, papá del periodista, era pastor en una Iglesia Evangélica a la que asistía; así que cuando el asesinato ocurrió, toda la Iglesia se manifestó. “Nosotros quisimos ir a apoyarlo, sin saber que en un tiempo no muy lejano me iba a tocar a mí estar en los mismos zapatos de doña Amanda (mamá de Ángel Gahona). Desde ahí inició el sentimiento de apoyo”, expresa.

Un Día de las Madres masacrado

Sin saberlo, Orlandito también participaba en las manifestaciones a escondidas de ella. Él le decía que iba a ensayar con el grupo musical de la Iglesia, del cual él era el baterista, pero en realidad “se iba a botar chayopalos (árboles de la vida)”, según su mamá. Aunque se dio cuenta de esto hasta meses después de su muerte. La única vez que él le pidió permiso para asistir a una marcha fue para la marcha del Día de las Madres, convocada el 30 de mayo por las Madres de Abril, en la que exigían justicia por las 90 personas asesinadas en ese momento.

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“Mamá, vamos a la marcha. Pobrecitas esas madres, que hoy 30 de mayo les asesinaron a sus hijos y hoy no tienen nada que celebrar”, le dijo Orlando. “Sí, claro. Pobres esas madres ¿Qué haría yo si a alguno de ustedes les pasa algo?”, le respondió Yadira. Aunque ella quiso ir, su cansancio no la dejó, pero a Orlandito sí le permitió que asistiera con unos amigos.

La gigantesca marcha en la que asistieron niños, niñas, adolescentes y hasta personas de la tercera edad fue atacada con armas militares, sin previo aviso, de manera coordinada y con objetivo de matar por parte de grupos dirigidos por el Estado, expuso el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Solo en la marcha hubo ocho fallecidos, mientras que en el resto del país hubo 11 muertos más, para un total de 19 personas fallecidas solo ese día.

El asesinato de menores de edad durante todas las manifestaciones, como el caso de Orlando Córdoba, tampoco fue una situación aislada. Según la CIDH entre abril de 2018 y julio de 2019, hubo 27 niñas, niños y adolescentes asesinados.

Para Yadira Córdoba, nunca más existirá una celebración del Día de las Madres, expone. A partir de ese momento, la vida de ella es dedicarse a denunciar la muerte de su hijo y a exhibir el nombre de sus asesinos: “Daniel Ortega, Rosario Murillo y Sonia Castro”, quien negó la atención médica a Orlando Córdoba y a las otras personas heridas que llegaban a los hospitales públicos.

Cuatro años luchando contra la impunidad

Desde el 30 de mayo de 2018 hasta el 19 de mayo de 2019, Yadira vivió el asedio y la persecución por nombrar a los asesinos, incluso personas del FSLN ofrecieron “indemnizarla”, pero se negó a aceptar un solo córdoba de ellos. Para proteger su vida y su libertad, las cuales consideraba que estaban en riesgo, tuvo que exiliarse a Costa Rica, donde permaneció durante más de dos años.

“Para mí nunca más existirá una celebración del Día de las Madres, así sea cambiada en cualquier fecha y en cualquier mes, porque lo viví en Costa Rica. Celebraron el Día de las Madres en agosto y me mandaron felicitaciones. Yo lloré como si fuera el 30 de mayo, lloré como si fuera ese propio día. Porque solo el título de “celebración del Día de las Madres” me trae a mis recuerdos de ese día que destrozaron mi vida, que me desbarataron mi corazón para siempre. Porque siempre voy a llorar a mi hijo hasta el día que mis ojos se cierren. Cuatro años va a cumplir este 30 de mayo y para mí es como que fue ayer que me lo asesinaron”, relata Yadira.

Actualmente Yadira de 48 años, se encuentra en San Francisco, California en Estados Unidos desde hace menos de dos meses. Durante su tiempo en Costa Rica cuenta que vivió de manera precaria, pero digna en su lucha. En estos cuatro años ha participado activamente en manifestaciones, ha denunciado la represión en la que continúa el pas y el pasado 7 de noviembre hizo un llamado a no votar.

Además de justicia, Yadira también reclama memoria. Para ella es importante que los nombres de las personas asesinadas en el contexto de las protestas estén escritos en la historia del país, para que no se vuelva a repetir la situación. Asegura que como madre, continuará la lucha de su hijo para que su muerte no haya sido en vano.

“No me arrepiento porque mi hijo salió a las calles ese 30 de mayo a pedir justicia por los asesinados ¿Por qué yo, su madre, no voy a continuar lo que él empezó? Pedir por los demás y por él también. Él empezó esa lucha y yo la voy a continuar hasta que Dios me quiera tener en esta tierra. No me van a apagar la voz”, señala.

Memoria, la gran deuda de Nicaragua

Además de la lucha por la justicia, las Madres de Abril fueron las primeras en sentar las bases de la memoria sobre los hechos acontecidos desde abril de 2018, indica el defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce. El Museo de la Memoria Contra la Impunidad “AMA Y NO OLVIDA”, inaugurado en 2019 en la Universidad Centroamericana (UCA), documentó con fotografías, testimonios y objetos personales la vida de las personas asesinadas en las protestas.

El sitio web permanece en línea para recoger las historias y ha estado itinerante en varios países.

“Las Madres de Abril han tenido un papel sumamente importante porque le ponen rostro a las víctimas de la represión, porque no solo son los asesinados, también son los rostros de sus madres que han estado demandando justicia de manera sistemática, de manera cívica y que han contribuido a la memoria con el museo. Es una enorme contribución porque sienta las bases para la recuperación de la memoria”, explica Arce.

El abogado advierte que en Nicaragua nunca ha habido memoria histórica, situación por la cual se repiten las dictaduras; según él, hay una gran deuda con las víctimas. Esta deuda no solo proviene del Estado, sino también de la sociedad. Así que las Madres de Abril hacen un esfuerzo muy importante en la construcción de la memoria, un derecho humano importante que nunca se ha cumplido en el país.

Para Guillermina Zapata, madre del joven asesinado Francisco Reyes, el museo es importante para que la historia de los jóvenes no quede en el olvido. La primera vez que entró al museo y miró la foto de su hijo, se impresionó tanto que lloró; pero le reconfortó mirar la gran atención que recibió por parte de cientos de personas.

La importancia de recordar

En 2018, Guillermina Zapata se dedicaba a la venta de ropa ambulante durante los fines de semana en Rivas. Ella vivía en Managua, pero como tenía una clientela establecida en dicho departamento, viajaba siempre hasta el sur del país. A sus 62 años en ese momento, el viaje se le hacía duro, así que de sus cuatro hijos, el segundo, Francisco Reyes de 34 años, la acompañaba en el viaje que duraba desde el viernes hasta el domingo o el lunes.

Cuando comenzaron las protestas, Francisco participaba a escondidas, y se excusaba diciendo que a visitar a su abuelita, y Guillermina también participaba en las marchas sin el conocimiento de sus hijos, para que no se preocuparan por ella. Hasta que un día, en una gran marcha convocada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) el 23 de abril, ella y su hijo se encontraron en la rotonda Cristo Rey.

“Ya después de ese día él me preguntaba “mamá, vas a ir a la marcha”, yo le decía que sí, “vamos a ir pues”, me contestaba. Siempre andábamos juntos los dos, nunca me dejaba sola. De mis demás hijos no participaban, solo el mayor”, cuenta.

Ambos, madre e hijo, se volvieron inseparables en las manifestaciones cívicas. Exigían democracia y libertad en cada protesta con una bandera de Nicaragua en mano, y en la marcha del Día de las Madres no fue la excepción. 

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La marcha que transcurría pacífica, de pronto se convirtió en un charco de sangre. Francisco fue asesinado por un balazo en la cabeza y el momento de su muerte quedó grabado en un video. Durante años, a Guillerma la atormentó ese video. De un momento para el otro, todo se volvió tristeza y dolor para ella y su familia.

Aun después de casi cuatro años de su muerte, sus amistades y ella lo recuerdan como si hubiera sido ayer la última vez que lo vieron. Los primeros años de la crisis, Guillermina vivió el duelo acompañada de las otras madres de las víctimas. El Museo de la Memoria se convirtió en su principal acto de protesta contra la impunidad; pero la represión y el cierre de espacios obligaron a las madres a dejar de reunirse.

La última actividad de AMA fue el 30 de mayo de 2021, en el tercer aniversario de la masacre del Día de las Madres. Dejamos de organizarnos porque nos mandaban patrullas en la UCA y en la salida nos esperaban para golpearnos. A varias madres, policías antimotines nos golpearon en la salida, después de la reunión que se tuvo del tercer aniversario. Ahorita no hemos hecho nada porque no se puede reunir”, expresa.

Aunque durante este tiempo no ha sido hostigada personalmente por fanáticos del partido de Gobierno, las actividades que realizaba con AMA la ponían en riesgo. Pese a que ahora es imposible protestar o realizar cualquier acto de manifestación en el país, Guillermina sigue demandando justicia, memoria, reparación y no repetición; al igual que Fátima Vivas, Yadira Córdoba y más de 300 madres de víctimas de la represión.