La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este sábado, cuando se cumplen dos años de la «Rebelión de Abril» en Nicaragua, que la quinta etapa de la represión estatal en el país, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra opositores se ha “consolidado”.

“La evidencia muestra la existencia de coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno”, dice un comunicado de la CIDH.

Estos patrones de violaciones de derechos humanos son constantes y fueron identificados desde el segundo semestre de 2019. La intensificación de la vigilancia, el hostigamiento y represión selectiva de líderes y lideresas sociales y políticos; defensoras y defensores de derechos humanos; periodistas y trabajadores de la prensa; así como contra cualquier persona identificada con la oposición son algunos de los blancos de las fuerzas gubernamentales y de fanáticos del régimen, señala la CIDH.

“A lo largo de dos años los hemos venido acompañando, hemos estado con ustedes recibiendo testimonios y representando a las víctimas, haciendo incidencia, visualizando la situación de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el resto del mundo”, dijo Joel Hernández, presidente de la CIDH.

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En el contexto de esta etapa, el organismo de derechos humanos, señala hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas.

“La CIDH urge al Estado el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos”, reiteró esta organización.

La crisis de derechos humanos que inició un 18 de abril, resultó en el asesinato de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; además de más de 2 mil personas que resultaron lesionadas.

“La CIDH tiene también una responsabilidad principal en Nicaragua, la de acompañarlos en sus luchas para hacer efectivos sus derechos humanos y sus libertades fundamentales”, mencionó Hernández.

No hay Estado de Derecho

Por otro lado, la CIDH a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) señala que en el país persiste un “estado de excepción de hecho”.

Lo anterior significa que el régimen mantiene un Estado policial que “mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación”.

El Secretario General de la CIDH, Paulo Abrão, enfatizó que han sido “dos años sin justicia, dos años de la más completa impunidad”.

Según la CIDH, no hay separación de poderes y es notable el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua. Lo anterior se constata en la “falta de independencia” de instituciones claves como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional.

“La Comisión llama al Estado a cesar inmediatamente el uso de la detención como forma de represión o intimidación de la protesta o del ejercicio de derechos políticos”, puntualizó el organismo de derechos humanos.

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La crisis de derechos humanos conllevó además a cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas que fueron privadas de la libertad, de los cuales siguen en prisión unas 70 personas.

Además unas 100 mil personas se habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos, Estados Unidos y Europa en busca de protección internacional

El segundo aniversario de la crisis sociopolítica coincidió con la crisis sanitaria que agobia al mundo por los efectos de la pandemia del COVID-19.

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