Informe revela que personas presas políticas están en tortura permanente

El Sexto Informe del Observatorio Nicaragüense Contra la Tortura recopiló 138 testimonios de personas presas políticas y sus familias que, han sido víctimas de torturas físicas y mentales, de los cuales 116 son hombres y 22 mujeres, incluyendo una mujer trans. Estos hechos han sido documentados desde abril de 2018 hasta marzo de 2022, lo que expresa una temporalidad de tortura permanente en el país, informó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Los actos de tortura registrados por el Colectivo fueron cometidos en al menos 27 centros policiales, 4 centros penitenciarios y 9 centros clandestinos o irregulares. Y estos van desde las agresiones físicas y sexuales, reclusión en celdas inhumanas, aislamiento, interrogatorios extensos y constantes, falta de luz y abrigo, negación de material de lectura incluyendo el religioso, privación de visitas como un elemento de desaparición forzada temporal, privación de alimentación, falta de atención médica adecuada e inmediata y hasta las amenazas tanto para ellos y ellas como para sus familiares.

Falta de atención médica, principal preocupación de familiares

De las 181 personas presas políticas contabilizadas por el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, ninguna tiene protegida su derecho a la salud. La falta de atención médica adecuada no solo ha provocado graves afecciones a la salud de las y los presos, sino también los ha llevado a tener su vida en riesgo.

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“Según familiares de J.Q.H. el primero de marzo de 2022 le tuvieron que suministrar penicilina dentro del Chipote, ya que, por una faringitis no controlada, se le generó pus e inflamación en la garganta lo que le obstruía consumir cualquier líquido o alimento, así como respirar”, revela el informe.

Desde la detención arbitraria de las personas presas políticas el año pasado, familiares han denunciado el deterioro constante y acelerado de su salud, reportando bajas de peso considerable, dolores musculares, problemas estomacales producto de la pésima alimentación y falta de acceso a agua potable, cuadros febriles y diarreicos, mareos y vómitos.

Además, las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mayormente conocido como el Chipote, no cuentan con agua potable y las personas presas de conciencia tienen que ingerir alimentos contaminados, en estado de descomposición o con cuerpos extraños, que reparte el centro policial.

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Las pésimas condiciones carcelarias y la negación a la atención médica provocaron la muerte del exguerrillero Hugo Torres el 12 de febrero de este año, quien había sido detenido arbitrariamente el 13 de junio de 2021. Luego de su fallecimiento, el Ministerio Público otorgó la medida de casa por cárcel a presos políticos de la tercera edad que presentaban problemas de salud. Sin embargo, el Colectivo denuncia que la vida de las personas que continúan privadas de libertad en el centro policial continúa en riesgo.

Situación de las presas políticas es preocupante

Las 14 presas políticas que mantiene el régimen se encuentran en un riesgo inminente, expone el Colectivo, debido a la tortura física y psicológica, el aislamiento prolongado, las amenazas contantes, interrogatorios, además de ser víctimas de procesos judiciales viciados y violencia sexual. Todas estas situaciones no solo son constitutivas a varios delitos dentro de la legislación interna de Nicaragua, sino también transgrede obligaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres.

Cuatro de las presas políticas se encuentran en aislamiento permanente desde su detención, tal es el caso de Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Dora María Téllez y Tamara Dávila. Esta última es de especial preocupación, ya que “permanece en una celda oscura, cucarachas y ratas le pasan por encima de los pies, pero no las puede ver porque no le permiten tener luz. No recuerda cuándo comió por última vez y no sabe qué día es hoy”.

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A las defensoras, activistas, integrantes de movimientos feministas y líderes políticas privadas de libertad, se les ha negado el derecho a establecer contacto periódico con sus familiares, así como sus representantes legales. Esto violenta paralelamente el derecho de sus hijos e hijas a visitas a sus progenitores, quienes no han podido verlos desde hace casi 11 meses.

Violencia se traslada a familiares de personas presas políticas

La situación de violencia que viven las personas presas políticas se traslada a sus familiares, según el Colectivo. Las y los familiares han denunciaron violaciones a sus derechos fundamentales, desde violaciones sexuales, aislamiento, maltrato psicológico, impedimento de visitas por parte de sus familiares, en especial sus hijos e hijas, así como la negación de contactarse con sus representantes legales, privación de alimentación, falta de atención médica adecuada, en especial hacia mujeres de la tercera edad.