Las mujeres han sido sujetas activas y protagónicas en la defensa de los derechos humanos y en la resistencia cívica frente a la represión estatal desde 2018, determina el informe de la Verdad “Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad”, creado por más de 15 organizaciones de derechos humanos. Esto ha provocado que las mujeres sean uno de los principales blancos de persecución, violencia, deportaciones ilegales, privación injusta de su libertad, entre otras.
“Las mujeres nicaragüenses enfrentan una grave situación de desprotección generada por una década de desmantelamiento de las estructuras normativas e institucionales para la protección y promoción de sus derechos”, expone Haydee Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, el cual fue despojado de su personería jurídica y ocupado sus instalaciones.
La violencia estatal y parapolicial contra las mujeres ha afectado de manera especial a las defensoras de derechos humanos, periodistas, opositoras, presas y expresas políticas, líderes comunitarias, así como las que forman parte de la diversidad sexual; ya que han sido sometidas a amenazas, intimidación, violencia física, detenciones arbitrarias y procesos judiciales.
De acuerdo al informe, entre julio de 2018 y mayo de 2020, 334 mujeres y 8 mujeres trans fueron detenidas, criminalizadas y judicializadas por razones políticas. Mientras que la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras De Derechos Humanos y el Movimiento Autónomo de Mujeres contabilizaron en ese mismo período al menos 109 defensoras y activistas fueron detenidas por la Policía Nacional, y la institución se negó a dar información sobre sus paraderos o sobre los motivos de la privación de libertad en su momento.
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Asimismo, la documentación refleja que en esas fechas se reportaba diariamente un promedio entre 7 y 10 personas detenidas por razones políticas, y con frecuencia menores de edad. Como en el caso de las opositoras Tania y Olesia Muñoz Pavón, que al ser apresadas en julio de 2018, la Policía se llevó a sus hijos menores de edad, aunque luego los liberó.
Por otro lado, múltiples presas políticas denunciaron haber sido somentirdas a torturas y a tratos crueles, inhumanos y degradante, de las cuales se registran 12 testimonios de mujeres excarceladas y familiares que fueron sometidas a desnudez, abuso sexual, violación sexual, amenazas con quitarle la guarda o matar a sus hijos e hijas, privadas de tratamientos médicos hormonales; además se logró identificar actos de abusos sexuales contra mujeres familiares de presos políticos.
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Las organizaciones indican que en este año la represión contra las mujeres activistas se ha intensificado, lo que ha tenido como resultado 8 mujeres apresadas ilegalmente en situaciones de torturas y de regímenes de aislamiento total, con leyes represivas como ey Nº 1.055, denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
El informe que califican de “histórico”, es un material inédito que sistematiza y actualiza en un solo documento el trabajo de más de tres años de 15 organizaciones de derechos humanos, de víctimas y familiares de víctimas de la represión estatal. Con el objetivo de comprobar la masividad y sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen Ortega-Murillo contra la población nicaragüense desde 2018.
Asimismo, es acompañado de un micrositio web, donde se le dará seguimiento “la lucha por los procesos de investigación y sanción de los responsables de los crímenes cometidos a lo largo de estos tres años”.
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Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmó que la información presentada está en consonancia con los datos presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), equipos técnicos de la CIDH.
“En efecto en 2018 el GIEI confirmó el persistente y constante grado de articulaciones entre las fuerzas de represión y consideró que la respuesta del Estado frente a las manifestaciones y protestas se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas de acuerdo al Derecho Internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, expresó Urrejola durante la presentación.
Por su parte, Ericka Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, manifestó que existe en Nicaragua “una pandemia de impunidad” en manos de “un régimen despiadado, sangriento”, y que el acompañamiento a las víctimas de represión continuará, especialmente después del “simulacro electoral” en el que régimen pretende gobernar sin legitimidad durante cinco años más.
