"Despedir médicos incrementa posibilidad de que ocurra un desastre"

El régimen de Daniel Ortega “busca intimidar y castigar a profesionales de la salud por intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”, afirma Human Rights Watch sobre el despido de personal de Salud durante la pandemia de covid-19 en Nicaragua.

“El Gobierno pasó de negar la pandemia a intentar ocultar de manera deliberada las consecuencias de su vergonzosa falta de respuesta frente al virus. Despedir arbitrariamente a profesionales de la salud en un contexto de pandemia sólo incrementa la posibilidad de que ocurra un desastre”, asegura José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En junio, Human Rights Watch entrevistó vía telefónicamente a cinco médicos despedidos y a otro que había renunciado, entre los que están: una internista, un cirujano general, una otorrinolaringóloga, una anestesióloga y un médico infectólogo.

De acuerdo con Human Rights Watch el Gobierno de Daniel Ortega ha respondido a la pandemia con negacionismo, inacción y secretismo. Asimismo ha fomentado los eventos multitudinarios y hasta la fecha no ha dispuesto el cierre de escuelas ni medidas de confinamiento, así como tampoco requisitos de distanciamiento social.

Los médicos entrevistados contaron a Human Rights Watch que el Minsa mantiene un férreo control sobre la información vinculada con la COVID-19, sobre todo en relación a pruebas de diagnóstico y sus resultados. Todas las muestras de COVID-19 tomadas en hospitales públicos y privados se envían al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, la única institución de Nicaragua que realiza estas pruebas.

La información publicada por los médicos sugieren que es muy probable que una amplia mayoría de los casos de COVID-19 no se reporten. Mientras el Gobierno informó 2,170 casos de personas infectadas con COVID-19 y 74 muertes por esta enfermedad hasta este 23 de junio, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 registró, hasta el 19 de junio: 5957 casos sospechosos de covid-19 y 1688 muertes asociadas al coronavirus.

Cartas idénticas

El organismo de derechos humanos revisó las cartas de despidos enviadas a los cinco médicos entrevistados y tienen redacción idéntica, no indican las causas del despido ni expresan ninguna otra justificación.

Para Human Rights Watch, el derecho internacional de derechos humanos garantiza el derecho de libertad de expresión y esto se aplica también a quienes trabajan en el sector público.

No es la primera vez que el régimen de Ortega ha tomado medidas contra profesionales de la salud. Durante la represión de las protestas en 2018, al menos a 400 médicos de varios hospitales públicos, profesionales de enfermería y otros trabajadores de la salud, fueron despedidos presuntamente en represalia por haber atendido a víctimas de la represión.

Otro gran problema que enfrentan los trabajadores de la salud en Nicaragua es que están expuestos a un alto riesgo de contagio. El Observatorio Ciudadano informó que más de 500 trabajadores sanitarios, incluidos profesionales médicos y de enfermería, han presentado síntomas “asociados o presuntivos” con COVID-19 y que al menos 60 trabajadores de la salud con síntomas de COVID-19 habían muerto.

“Al despedir de manera arbitraria a médicos y otros profesionales de la salud durante la pandemia, el régimen de Ortega demuestra que le importa más silenciar la crítica de estos profesionales que proteger la vida y la salud de los nicaragüenses”, opinó Vivanco.