«Estamos haciendo esfuerzos propios para mantenernos con vida»

Xiomara Gaitán es la presidenta de la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras (Renacamih), desde hace más de cinco años trabaja informando a los comunitarios sobre sus derechos y el impacto de la actividad minera en el territorio de Danlí, municipio de El Paraíso. Eso le ha acarreado amenazas de colaboradores de las empresas que buscan asentarse en esa zona.

“Estamos sufriendo más persecución, ha habido más muertes, más compañeras que han sido asesinadas por estas luchas. Estamos preocupados y se está generalizado a nivel Centroamericano”, expresa preocupada y no es para menos, cuando los datos revelan que 17 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Honduras durante el año 2022 y en 2023, suman nueve casos.

“Personas defensoras que contaban con medidas de protección”, lamenta Hedme Castro Vargas, coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía más Participativa (ACI-PARTICIPA). Ella misma cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser víctima de actos de vigilancia, manipulación y sabotaje a su vehículo personal, y llamadas amenazantes e intimidatorias desde el año 2017.

Reciente, el 17 de abril de 2020, en una llamada, le dijeron: “es mejor que te calles, ya basta de tanta mierda”. Y en junio de 2022 recibió varias llamadas silenciosas a su casa y oficina. Un dato que contabilizó IM- Defensoras durante el primer trimestre de 2023 en hasta 282 ataques contra las defensoras del territorio en el país catracho.

Sin embargo, Castro enfrenta sola su propia criminalización sin un Estado que la proteja. “Estamos haciendo esfuerzos propios para mantenernos con vida”, dice y explica que, desde el golpe de Estado en 2009, las personas defensoras de derechos humanos no cuentan con las garantías necesarias para ejercer su labor. Y el actual gobierno, liderado por Xiomara Castro, aunque tiene “buenas intenciones” para gestionar nuevas leyes, no cuenta con el respaldo suficiente en el congreso para que se hagan realidad.

Una situación que ha denunciado Amnistía Internacional, al señalar que las personas defensoras de derechos humanos “sufren elevados niveles de violencia y la mayoría de los ataques quedan impunes”. El caso de la defensora lenca y ambiental, Berta Cáceres asesinada en 2016, es un ejemplo. En junio se condenó a 22 años a David Castillo como coautor del asesinato, pero sin mayores avances en las investigaciones de un hecho en el que se señala a otros participantes.

Los ejemplos se extienden. En febrero, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó la liberación de ocho defensores de derechos humanos después de dos años encarcelados. Todos originarios de Colón donde hacían defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras bajo la amenaza de una mina de óxido de hierro. Un proyecto suspendido, por ahora.

La violencia diferenciada

El riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en su ejercicio no es obviado por el Estado hondureño. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señaló en septiembre de 2022 que “una de cada dos defensoras de derechos humanos es objeto de agresión y amenazas en Honduras”, según una encuesta realizada a 60 mujeres.

El propósito es “silenciar sus voces y apartarlas de escenarios de liderazgo”, indica el texto. Otro hallazgo fue que las agresiones a mujeres defensoras tienen un alto componente de género, amenazas de violencia sexual, así como ataques dirigidos contra la vida de las defensoras y de sus hijos. Reyna Rivera, defensora hondureña, explica que la criminalización es muy alta en las mujeres, y aunque no se atreve a decir que sea más que en casos de defensores, las mujeres sufren la violencia de forma diferenciada, destaca.

La mayoría de los asesinatos corresponden a hombres, pero la violencia que se vive en la comunidad es particular contra la mujer lideresa. “La amenazan con violarla, asesinarla, sufren acoso sexual…”, mientras que en los varones se concreta en muertes. Y mucha de esta violencia proviene, posiblemente, de grupos armados en las comunidades, grupos paramilitares, del crimen organizado”, señaló Rivera.

Un estudio elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), analiza que “cuando las mujeres defienden derechos, toman un espacio político y social que confronta los roles tradicionalmente asignados, los comportamientos socialmente permitidos, y los deberes y prohibiciones asignados en virtud de los estereotipos de género”.

Lo que conlleva a mayores niveles de difamación y criminalización, debido a las causas de desigualdad histórica y estructural a las que están expuestas. Xiomara Gaitán, ha enfrentado esos patrones en su día a día. “Vivimos en un país donde hay bastante machismo, el hombre siempre quiere estar sobre la mujer”, expresó.

El impacto de este acoso contra las defensoras tiene un costo financiero, emocional y político, que puede ser mucho más intenso sobre sus familias y comunidades. “Las mujeres suelen ser quienes lideran con mayor frecuencia movimientos sociales en defensa del territorio y los bienes comunes, sobre todo entre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por este motivo, sobre ellas recae con más fuerza la persecución del Estado y viven afectaciones diferenciadas a sus derechos, no solo por motivos de género, sino también étnicos y raciales”, indica el estudio.

Gaitán está consciente de ello, y lo ejemplifica. “Una vez que existe un daño al medio ambiente, las mayores perjudicadas son las mujeres. Si no tienen agua, ellas se encargan de acarrearla; si no hay comida, las madres solteras la buscan y la tenencia de la tierra, históricamente administrada por el hombre, ahora, también le incumbe a la mujer.

Altos niveles de impunidad

En 2019 el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos calificó a Honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”. El informe del Cejil, confirma que las organizaciones de la sociedad civil han señalado que el incremento en los patrones de criminalización de personas defensoras contrasta con los altos niveles de impunidad que persisten en los casos de ataques en su contra.

Se detectó que “las fiscalías llevan a cabo prácticas como la apertura -selectiva- de investigaciones; es decir, que las autoridades tienden a responder principalmente a denuncias promovidas en contra de defensores u opositores, pero desestiman o aletargan investigaciones que incriminan a las compañías responsables de delitos en los territorios generando una suerte de -justicia selectiva- que les perjudica”, puntualiza el texto.

La criminalización de los defensores implica denuncias por parte de empresas supuestamente afectadas, son sometidos a largos procesos legales como una herramienta para intimidarlos y disuadir sus esfuerzos de defensa.

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Este reportaje ha sido preparado en el marco de la campaña de sensibilización e información: ¡Tengo derecho a defender derechos! que desarrolla la Asociación de Mujeres Malvaluna en el marco del proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos de Centroamérica con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).