Cuatro días después del asesinato de Eddy Montes por parte de un custodio del Sistema Penitenciario La Modelo, la policía orteguista, brazo represivo de la dictadura Ortega-Murillo, calla a pesar del clamor nacional en demanda de justicia.

Según versiones de los presos políticos de la Galería 16-1 y 16-2, los hechos no se dieron precisamente como los narró en Nota de Prensa el viceministro de Gobernación y vocero orteguista, Luis Cañas, quien aseguró que el disparo fue en defensa propia ante el forcejeo por un arma reglamentaria.

Los testigos indican que los hechos surgieron ante la agresión y amenaza con arma de fuego por parte de un custodio contra los presos políticos, quienes protestaron ante dicha actitud, por lo que fueron reprimidos con balas impactando una de ellas en el costado izquierdo de la pelvis de Eddy Montes, con orificio de entrada y salida que le ocasionó una hemorragia.

Los hechos en los que participaron unos 100 miembros de la Dirección de Operaciones Tácticas (DOT) se registraron cerca de las 2:30 de la tarde del jueves, en un día de actividades normales en la que los reos comunes y presos políticos, entre ellos Eddy Montes, jugaban en el patio o dentro de las galerías cuando fueron amenazados, agredidos y apuntados con arma por un custodio que de forma reincidente acosa a los presos.

Atacaron a hombres desarmados

Una vez herido Eddy Montes los presos políticos buscaron piedras para defenderse y poder ubicarlo en una zona segura, pero esto supuso que redoblaran sus fuerzas represivas para acorralar a los presos que estaban afuera de sus celdas.

“Las ráfagas de disparos eran incesantes; además de gas lacrimógeno y gas pimienta que nos lanzaban. Nos replegamos a nuestros módulos, un espacio reducido donde también nos dispararon a matar”, es parte del testimonio.

Los funcionarios del Sistema Penitenciario, cuyo salario se paga con los impuestos del pueblo, mientras los agredían con tubos de hierro y a patadas, les gritaban “somos los hijos de Sandino”, “somos los cachorros de Ortega”, “el comandante se queda”, “malditos, perros vendidos”.

Ni investigación ni detenido ni Nota de Prensa

Los hechos han sido evidenciado mediante la denuncia de unos 90 presos políticos internados en la Galería 16-1 y 16-2, así como videos que han circulado en redes sociales y audios que incluso han sido compartidos en medios de comunicación, sin embargo la policía orteguista calla sobre este delito contra la vida.

Al igual que hasta hoy, no existen investigaciones ni detenidos ni procesos judiciales por los más de 300 asesinados en el contexto de las protestas cívicas contra la dictadura Ortega-Murillo, de los cuales, la policía orteguista solo reconoce 198, entre ellos 24 oficiales.

Eddy Montes estaba incluido entre los presos políticos que la dictadura Ortega-Murillo debería haber liberado hace meses, pero se resiste y los utiliza como rehenes en espera de poder frenar las sanciones en contra de sus funcionarios identificados a nivel internacional como cómplices de la matanza de 2018.

El 18 de junio es la próxima fecha establecida para la liberación, según el acuerdo de 90 días, entre los representantes de la dictadura y los miembros de la Alianza Cívica por la justicia y democracia.

El asesinato de Eddy Motes es el primer crimen contra la vida que la dictadura orteguista comete en el año 2019. Hasta ahora la dictadura se había limitado a coartar la libertad de protesta, movilización, expresión.

Demandan investigación

Aun cuando es imposible exigirle a las autoridades orteguista auto investigarse, diferentes organismos internacionales, defensores de derechos y humanos y personalidades han solicitado el régimen una investigación a fondo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en su cuenta de Twitter:
“La CIDH recuerda la obligación especial de cuidado a la integridad de las personas bajo custodia del Estado de Nicaragua, a quien la Comisión le solicita información de este caso, así como sobre las demás personas heridas. El Estado debe investigar y sancionar estos hechos”, pidió el organismo.

Mientras la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) lamentó los sucesos e instó “a las autoridades a investigar exhaustivamente los hechos”.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas expuso que “todo gobierno es siempre responsable de la vida y la seguridad de los detenidos, más aún tratándose de una dictadura que realiza detenciones arbitrarias”.

La Lupa Nicaragua
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