La vida de las personas presas políticas se encuentra en riesgo debido a las condiciones críticas e insalubres en que se encuentran desde hace un año, advierten sus familiares en un comunicado, luego que se les concediera la octava visita entre el 10 y 12 junio a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mayormente conocida como «El Chipote».
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Mientras que las acciones de tortura contra las personas presas políticas persiste como la incomunicación, aislamiento, deficiente alimentación y negación a la ateción médica, el deterioro físico de ellas continúa a través de la pérdida de peso, enfermedades crónicas y un considerable incremento de hospitalizaciones, denuncian sus familiares.
Hasta finales de mayo, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza a 190 presos y presas políticas, siendo 180 a partir de abril de 2018. De estas, 78 se encuentran en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro «La Modelo», 29 en la DAJ y el resto en diferentes sistemas penitenciarios del país.
Muchas de las personas presas políticas que se encuentran en la DAJ cumplen un año en este mes de haber sido arrestadas arbitrariamente, durante la ola de arrestos realizada a partir de junio de 2021 en un contexto pre-electoral. Sin embargo, familiares denuncian que pese al tiempo en que han estado privadas de libertad, las condiciones carcelarias en que se encuentran no han mejorado.
“La situación tanto en El Chipote como en los diferentes sistemas penitenciarios es la misma. Es inhumana y hay criminalización contra los familiares. Cuando vamos hacer las visitas nos hacen requisas generales, la comida no llega a la mano de nuestros presos, han intentado golpearlos. La situación es precaria tanto para los familiares como para los presos”, manifiesta Ulises Rivas, exreo político y miembro de la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua.
La principal preocupación de las familias es la falta de atención médica, lo que ha tenido como consecuencia la aparición de enfermedades crónicas y padecimientos sobrevenidos por la reclusión.
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“Nos explicaron que hay celdas que permanecen en penumbras todos los días, y en casi todas, el nivel de humedad está causando el crecimiento de hongos y afecta su piel. También nos explicaron que a algunas personas las sacan a tomar sol por unos minutos cada 7 a 10 días, pero a otras no las han sacado del todo y permanecen en confinamiento solitario”, expresan en el comunicado.
Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, indica que hay una política de Estado generalizada en todos los sistemas penitenciarios de no atender médicamente a las personas presas políticas, y destaca que según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas hay un incremento en las hospitalizaciones.
Según el informe, se contabiliza a 44 personas con enfermedades asociadas a problemas cardíacos y del sistema circulatorio, e incluso, algunas han sufrido infartos, preinfartos o están en condición de alto riesgo; 17 personas tienen algún tipo de enfermedad en la piel como hongos o sarna provocada por la insalubridad de la celda; 52 personas han presentado COVID-19 o síntomas relacionados; entre otro sinnúmero de reportes de personas con otros problemas de salud.
Bertha Valle, esposa del preso político Féliz Maradiaga, destaca que la modalidad de la atención médica de las personas presas políticas que se encuentran en El Chipote cambió, pues según ella, antes estas personas eran atendidas en la enfermería de la DAJ, las revisaban y las pesaban, ahora el personal médico llega a la celda de los presos, no los pesan y a menos que estén en una condición grave son llevados a la enfermería.
Debido a todo esto, las y los familiares continúan demandando el cese a las prácticas de tortura como el aislamiento y el confinamiento, que reciban atención médica especializada de forma oportuna, que se regularicen las visitas cada 15 días, entre otros derechos fundamentales.
