La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), mostraron su preocupación, porque el régimen de Daniel Ortega pone en riesgo la vida, la salud y la integridad de los nicaragüenses frente al cruel escenario del COVID-19.
“La CIDH hace un llamado urgente a las autoridades para que, en ejercicio de su deber de garantía de derechos humanos, adopte medidas eficaces de atención y contención de la pandemia, conforme a las recomendaciones técnicas y científicas internacionales, dirigidas a proteger los derechos humanos de las y los nicaragüenses”, señaló la CIDH a través de un comunicado.
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En lugar de atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el régimen orteguista continuó esta semana, aprovechando el receso de Semana Santa, organizando actividades masivas en playas y sitios turísticos exponiendo al contagio a la población.
El gobierno orteguista tampoco ha ordenado el cierre de sus fronteras, como han hecho otros países de la región, ni ha orientado a la población a quedarse en cuarentena, como sugirió la OMS.
Ante la ausencia de medidas por parte del gobierno, Nicaragua es afectada por la pandemia del COVID-19 en un contexto, agregó la CIDH, donde persiste la crisis de derechos humanos, iniciada en abril de 2018 y que fue ampliamente documentada por este organismo que fue expulsado del país.
A la CIDH y su relatoría especial le preocupa que medidas como el “distanciamiento físico, suspensión de eventos masivos, cierre de centros educativos o de cualquier otro lugar de concurrencia masiva, manejo de la trazabilidad de los casos de contagios, adquisición y realización de tests, así como las medidas para el manejo, control y prevención de enfermedades infecciosas”, todavía no hayan sido adoptadas por el gobierno nicaragüense.
Información contradictoria
Para este organismo de derechos humanos, en el país impera la “falta de transparencia e información confiable” por parte de las autoridades que no brindan detalles sobre las medidas de prevención de contagios y contención de la pandemia, así como el número de test adquiridos y realizados.
“Información contradictoria de las autoridades sobre el número de personas contagiadas o bajo observación por presentarse síntomas, contribuyen a incrementar la desconfianza pública ya existente en el país y a reducir la capacidad de las autoridades de tomar medidas y políticas adecuadas para proteger y garantizar la salud de la población”, insistió el organismo de derechos humanos.
La CIDH recordó que en el contexto de la crisis sociopolítica, más de 400 profesionales de la salud fueron despedidos, lo que limita el sistema y capacidad de la que dispone el país. Además, según información que obtuvieron, en la actualidad sólo habría 6 mil camas de hospital y 160 respiradores en toda Nicaragua.
“La falta de adopción de medidas y acciones conforme a las recomendaciones de organizaciones internacionales especializadas en salud pública, en relación con el COVID-19, podrían poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de sectores importante de la población”, advirtieron.
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