Hace cuatro meses se exilió en Costa Rica junto a sus tres hijos, menores de edad, ante el asedio, la persecución y luego de haber sido secuestrada por sus ex compañeros de las filas de la policía orteguista.
Por 219 
Desde que salió de Nicaragua, nunca ha brindado una entrevista. Esta nerviosa e intranquila. Teme por la vida de sus tres hijos con quienes vive el exilio en Costa Rica. Respira hondo, entrecruza los dedos de sus manos, levanta la mirada y dice: “No saque mi nombre por favor“.
Ante su solicitud, y para no exponerla, la llamaremos Antonia, perteneció a las filas de la policía en Masaya hasta que se negó a participar en la violenta represión con la que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió a protestas pacíficas de ciudadanos autoconvocados en abril de 2018.
Sirvió a la institución castrense, que se ha convertido en el principal brazo represor de Ortega, durante cuatro años, pero tres años antes de que iniciaran las manifestaciones en Nicaragua, por problemas personales, solicitó su baja en la Policía.
“La Policía intentó que me reintegrara. Me dijeron que me tenían un trabajo que iba a ser bien remunerado y, sobre todo, que las expectativas salariales serían mejores a las que teníamos antes. Me pedían que me presentara ante el jefe de la estación policial de Masaya, pero jamás respondí sus mensajes”, explicó la exoficial.
Relata que por todos los medios intentaron presionarla para que regresara a sus filas. Enviaron concejales, fanáticos del frente sandinista e incluso amenazaron a uno de sus parientes para que le llevara los mensajes en los que la instaban a regresar. Sin embargo, no respondió ni se presentó al llamado.
“Ellos sabían en qué lugar de Masaya trabajaba y empezaron a mandar a sus personas. En ese lugar donde trabajé no solo yo era expolicía, eran varios, y ellos también fueron contactados, pero no se querían ver involucrados y yo tampoco. La insistencia era tal que tuve que cambiar de número, pero siempre se abocaban con el familiar o con algún concejal o militante”, recordó la exagente de la Policía.
El 10 de julio de 2018, Antonia recibió el último mensaje en el que la presionaban para reintegrarse a la policía orteguista, eso fue siete días antes de convertirse en víctima de una cadena de violación a sus derechos humanos e integridad física por parte de operarios del régimen de Daniel Ortega, enfilados en la policía.
“Me detienen por no aceptar la orden de reintegrarme y matar. Para mí la orden de matar viene de la casa presidencial. Ellos fueron los que dieron la orden”, lamentó. El 17 de julio de 2018 cerca de mediodía, cuando terminaba de rezar el Santo Rosario junto a su familia, se presentaron en su casa.
“Llegaron unos 20 hombres encapuchados que portaban el uniforme de la DOEP (Dirección de Operaciones Especiales Policiales). El único que no andaba encapuchado era el que dirigía el operativo. Con certeza te puedo decir que era un venezolano, no solo era el tono de la voz, sino la mirada fría y el físico, no era nicaragüense”, afirmó la expolicía.
Fue secuestrada, junto a dos de sus parientes quienes, antes de ser llevados a la estación policial de Masaya, fueron apostados durante más de una hora en el pavimento de la calle frente a su casa. Todos fueron golpeados. A uno de sus parientes, en plena luz del día, lo torturaron con unas tenazas con las que le prensaban las piernas y espalda.
“En el momento en que me detienen apuntaban a toda mi familia, sin importarles que había menores de edad que lloraban por ver la forma en la que nos estaban tratando. Me llamaron traidora, me llamaron vende patria, eso me demostró que era una represalia porque me negué a reintegrarme”, denunció Antonia.
Ella junto a dos parientes fueron encerrados durante cuatro horas dentro de una buseta, mientras en Masaya se ejecutaba la llamada “Operación Limpieza”. El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado publicado el 19 de julio de 2018, registró que ese 17 de julio en Monimbó, Masaya, policía junto a paramilitares ejecutaron un operativo para “desmantelar los tranques”. El ataque duró más de 7 horas, según registro del MESENI.
En la Estación de Policía de Masaya sus ex compañeras, de la Academia Walter Mendoza, le dieron el recibimiento: una golpiza de más de 20 minutos.
“Nos bajaron de la buseta uno a uno y nos iban pegando. Nos pegaban en la cara, nos daban patadas y golpes con la tonfa en el estómago. Algunas de las agentes de la Policía -que yo conocía, porque llevamos juntas los estudios en la Academia, me golpearon en la cara con un alambre. Una de ellas me dijo que me iba a mandar a El Chipote para que me violaran, pero que ni así pagaba, según ellos, la muerte de no sé cuántos policías”, comentó.
A primera hora del 18 de julio fue traslada hacia las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, mejor conocido como El Chipote. Fue el comisionado Ramón Avellán, jefe policial reconocido por reprimir al pueblo, le aclaró que era su castigo por negarse a obedecer una orden, refiriéndose a la solicitud que le hicieron para reintegrarse.
“Me interrogaron en más de cinco ocasiones. Me amenazaron con matar a mis hijos si no entregaba a los muchachos que estaban en los tranques. En los interrogatorios me mantenían de rodillas y me preguntaban por muchas personas que no conocía. También me pedían que firmara una declaración acusando a varias personas que no conocía, me decían que con eso me darían mi libertad y el reintegro. Nunca les contestaba nada y luego de tres horas me llevaban a la celda. Cada vez que me sacaban de la celda me amenazaban con violarme, me decían que me harían todo lo que no podían hacerles a sus mujeres. Nunca dormíamos porque sabíamos que en cualquier momento podían llegar”, relató Antonia.
En esas requisas fue que la desnudaron, la obligaron a hacer sentadillas, la abusaron sexualmente y la golpearon.
Tras 17 días encarcelada en las celdas de El Chipote, fue liberada. La firma de un documento en el que se comprometía a no ofrecer declaraciones en contra del dictador Daniel Ortega ni verter opinión de ninguna clase fue su boleto de libertad. Los otros secuestrados también firmaron.
Aunque la exoficial afirma estar agradecida con Dios por permitirle volver a ver a sus hijos, considera que esa libertad que le dieron fue un “teatro”, pues asegura que una vez de regreso en su casa se seguía sintiendo presa.
“En mi misma casa ellos me amenazaban y los simpatizantes también. Desde que llegué a mi casa empezaron a pasar motos, alumbraban, llevaban perros, era un martirio estar en mi casa. Ya no quería que mis tres hijos fueran a clases por temor a que me les hicieran algo, entonces, a todos los saqué de estudiar porque ya no era seguro”, lamentó.
Antonia pagó un alto precio por haberle llevado comida a los muchachos que estaban en los tranques. Además de ser secuestrada por la policía orteguista, fue excluida de su vecindario, quienes hasta le cortaron el habla.
Su vida y la de su familia dejo de ser tranquila. El asedio, el estigma, la violación y el desempleo la empujaron a abandonar Nicaragua. “Además, me corrieron de mi trabajo, la economía de Nicaragua está mal y el asedio, las amenazas que nos hacen, realmente, es difícil soportar todo eso. Yo permanecí todo este tiempo en Nicaragua porque confié que cambiaría algo con la presión de la comunidad internacional y las personas que estaban en exilio, sin pensar que ahora yo estaría exiliada con mis tres hijos”, dice.
Hace cuatro meses Antonia, en compañía de sus tres hijos menores de edad, ingresó a Costa Rica por un punto ciego. Salió de Nicaragua con U$150.00 y sin saber nada de su esposo, quien había participado en las protestas de Masaya y quien, desde la denominada Operación Limpieza, huyó del país.
“Es cierto que vivimos necesidades porque no tengo trabajo y sobrevivimos de ayuda de personas que están en el exilio, al menos aquí tengo la seguridad de que ellos están conmigo y que podemos caminar unas cuadras y sentirnos tranquilos”, aseveró Antonia.
En el exilio tiene muchas necesidades económicas desde pagar el agua, la luz, el alquiler hasta comprar la comida diaria de sus hijos. También lamenta que sus hijos se siente “enjaulados”, ya que en el lugar en el que viven no hay patio, no pueden correr o gritar y tampoco los ha matriculado en el colegio. Los cuatro son solicitantes de refugio. Sin embargo, regresar a Nicaragua “no es solo un suicidio, sino que es poner en peligro a toda la familia, en estos momentos en nuestro país no hay respeto ni para un infante”.
En Costa Rica, según la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), hay más de 60000 nicaragüenses que buscan algún tipo de protección o refugio.
A finales de octubre Antonia acudirá a su entrevista en Migración y Extranjería de Costa Rica, pero desde ya solicita le den el refugio para ella y sus hijos, pues teme regresar a Nicaragua mientras la dictadura siga en el poder.
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