Informe recoge las principales violaciones al proceso electoral que incluyen la detención de personas opositoras
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Las elecciones generales previstos para el 7 de noviembre deben considerarse “viciadas de origen y, por tanto, ilegítimas”, según el último informe de Urnas Abiertas, puesto que la integridad del proceso electoral está comprometida y no cumple con las garantías mínimas al no ser inclusivos, limpios y competitivos.
Por ello solicitan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo suspender y reprogramar las elecciones al considerar que “el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso en su conjunto impide toda posibilidad de que los comicios del 7 de noviembre próximo puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular”.
“Urnas Abiertas se ha basado en los parámetros recomendados por la OEA para definir unas elecciones como democráticas. Estos parámetros son unas elecciones limpias, elecciones inclusivas y elecciones competitivas. La OEA toma en cuenta un cuarto parámetro que tiene que ver con que las autoridades electas asuman debidamente su rol, pero como es evidente, para el caso de Nicaragua este último no aplica”, explica Pedro Fonseca, investigador de este observatorio ciudadano.
Las garantías de elecciones inclusivas se evaluaron de acuerdo a los parámetros del voto universal y equitativo, y el derecho a la inscripción y registro electoral. De acuerdo al informe, si bien la legislación nacional no impide el derecho al voto universal y equitativo, el problema se encuentra en la práctica porque “los fundamentos legitimadores del proceso electoral integro han sido conculcados de manera sistemática».
Detallan que existe en Nicaragua «la manipulación excluyente del padrón electoral, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del Poder Ejecutivo y la autoridad electoral”.
Por otro lado, existe un impedimento de facto para que las personas, “especialmente opositoras”, puedan ejercer su derecho al voto, debido a las violaciones de derechos humanos como las detenciones arbitrarias de candidatos opositores, líderes sociales y ciudadanía organizada.
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Urnas Abiertas junto con organizaciones políticas y defensoras de derechos humanos, ha registrado la eliminación de la competencia electoral, censura al pluralismo, represión, asedio, persecución y prisión política, como también cancelaciones arbitrarias de partidos políticos de oposición, desplazamiento forzado de personas opositoras, eliminación de los centros de votación e irregularidades en cedulación.
Asimismo, existen diferentes irregularidades que impiden el derecho al voto como son la disminución de más de 617.413 personas del Padrón 2021 respecto al de 2017, posible ausencia de más de 1 millón de personas en el Padrón Electoral tomando en cuenta la tendencia de elecciones anteriores, y la eliminación de 1,100 Centros de Votación.
Para analizar las garantías de elecciones limpias se estudiaron a las autoridades electorales, lo cual reflejó que toda la integración de los organismos electorales, es decir, el Consejo Supremo Electoral (CSE), los Consejos Electorales de los Departamentos (CED) y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, los Consejos Electorales Municipales (CEM) y las Juntas Receptoras de Votos (JRV), son controladas por el Frente Sandinista (FSLN) y colaboracionistas del partido de gobierno.
El estudio menciona que “la autoridad electoral actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia”, debido al control partidario del CSE.
También se analizó la integridad de las preferencias del votante. Sobre esto, el informe indica “en cuanto al respeto en las preferencias del votante, el proceso electoral tampoco cumple con los parámetros indicados, ya que se observa por una parte la coacción para trabajadoras y trabajadores del Estado y sus familiares, así como para beneficiarios de programas sociales de obligarles a participar en las diferentes actividades del calendario electoral”.
Por otra parte, en el análisis del uso de los recursos del Estado, Urnas abiertas registró que dichos recursos se han utilizado para fines partidarios y electorales del partido de gobierno, que incluye la partidización de programas gubernamentales y conmemoraciones partidarias del FSLN.
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El informe señala que, hasta el pasado 15 de septiembre, en 132 de los 153 municipios de Nicaragua se registró el uso de recursos del Estado para fines partidarios y electorales del oficialista FSLN con la participación de al menos 23 instituciones públicas,
“Lo que se vive hoy, que el informe está reflejando, es un Estado policial agravado y reforzado, porque incluso libertades que se podían ejercer a medias o bajo represalias en un contexto de altísimas restricciones, hoy están completamente suprimidas”, expresó el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, quien se encuentra en el exilio.
Lo que podría ser “un apagón informativo”, va más allá de los medios de comunicación ocupados por la Policía Nacional, como son Confidencial, La Prensa y 100% Noticias, sino que va a otros medios de gran alcance como Canal 10, Canal 12 y Radio Corporación, quienes han tenido que autocensurarse y cerrar espacios críticos, debido a amenzas de juicios y embargos, denunció Chamorro.
Diversos organismos de derechos humanos han señalado la importancia del periodismo independiente para la denuncia de la violencia política a partir de 2018. Sin embargo, Chamorro advierte que en el país se realiza actualmente un periodismo en el que no solo se tienen que proteger el gremio, sino las fuentes y a otras las personas que deciden hablar. Algo que se dificulta cada vez más por el temor de la ciudadanía a dar declaraciones.
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Mientras tanto, la investigadora de Urnas Abiertas, Olga Valle, insistió que no se cumplen las cinco libertades fundamentales y principios indicadas en los parámetros de las Naciones Unidas, como son la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación y reunión pacífica, la libertad de movilización y los principios de no discriminación y no intimidación.
Urnas Abiertas catalogó como “fundamental” que “Gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores internacionales pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses”, que resultarán nombrados después del proceso electoral viciado.
“De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las elecciones”, advierten.
