La prohibición absoluta del aborto en El Salvador genera altas tasas tasas de morbilidad materna y problemas de salud en las mujeres que muchas veces son irreversibles, revela el estudio Morbilidad materna bajo una prohibición absoluta del aborto, realizado por las doctoras ginecobstetras salvadoreñas Sandra Mena, María Rodríguez y Jocelyn Viterna.
La investigación estudia 239 casos de mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con inviabilidad fetal, es decir que los fetos no tenían posibilidad de vida extrauterina, pero que tuvieron que continuar con la gestación, debido que la legislación salvadoreña prohíbe de manera absoluta el aborto.
El estudio reflejó que más de la mitad de las mujeres embarazadas, es decir el 54,9 por ciento, experimentaron alguna complicación de salud grave relacionada con el embarazo, y el 47.9 por ciento fueron sometidas a procedimientos médicos físicamente invasivos para manejar dichas complicaciones.
Dentro de las complicaciones se encuentran hemorragia, infección, preeclampsia, diabetes mellitus gestacional y anemia. Según las doctoras, estas cinco categorías de complicaciones encontradas en el estudio son altas en comparación con las tasas nacionales.
Mientras que dentro de los procedimientos médicos realizados para atender esas complicaciones se encuentran partos por cesárea, amniocentesis de descompresión, descompresiones de cabeza fetal, y en un caso, una histerectomía completa, es decir, la extirpación total del útero.
El estudio señala que las complicaciones documentadas pudieron haberse evitado con la interrupción temprana del embarazo, y que la prohibición absoluta del aborto en El Salvador genera morbilidad materna.
“Nuestros hallazgos ofrecen una fuerte evidencia de que la prohibición absoluta del aborto en El Salvador deja médicos y pacientes sin otra opción que seguir un curso de tratamiento que frecuentemente genera morbilidad”, concluyen las doctoras.
El estudio expone que el personal médico tomó decisiones de tratamiento que priorizaban la salud de los fetos no viables sobre la salud materna, aunque estos tratamientos pusieron en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
A pesar que los fetos tenían diagnóstico de enfermedades congénitas que hacían imposible su vida fuera del útero, los doctores dieron tratamientos a las mujeres embarazadas que no eran para la salud de ellas, sino para los fetos inviables.
Estos tratamientos eran destinados a ayudar a los fetos a permanecer en el útero el mayor tiempo posible y a sobrevivir al parto, hecho que los médicos sabían que era imposible y que solo alargaba el sufrimiento de las mujeres.
Por ejemplo, dentro de los tratamientos hubo pacientes que se les administró medicamentos para impedir que parieran antes de tiempo, haciendo que durara mucho más tiempo el embarazo de manera innecesaria.
«Los médicos en estos casos parecían interpretar que la ley antiaborto salvadoreña les exige tratar a todos los fetos como potencialmente viables, independientemente de la viabilidad fetal real», dice la investigación.
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Por otro lado, muchos de los tratamientos que les practicaron a las pacientes eran invasivos y no recomendados para su salud.
En múltiples casos el personal médico ordenó explícitamente cesáreas para proteger a los fetos no viables, a pesar que en los casos de mal pronóstico para la vida fetal, los protocolos médicos recomiendan el parto vaginal por ser una alternativa más segura para las pacientes embarazadas.
Mientras que en el 76 por ciento de los casos las mujeres tuvieron que continuar con sus embarazos hasta que los fetos murieron en el útero y después tuvieron que parirlos.
Las doctoras evidencian que las mujeres inician sus embarazos son buena salud, pero a medida que continúan con sus embarazos después de los diagnósticos, su salud física y mental se va deteriorando gravemente. Incluso en uno de los casos se reportó un intento de suicidio por parte de una paciente.
Para las ginecoobstetras no tiene sentido que el Estado de El Salvador no asegure la vida y salud de las mujeres con el aborto terapéutico, ya que en estos casos los fetos no tienen compatibilidad con la vida.
En El Salvador la interrupción del embarazo es un delito castigado hasta con 50 años de cárcel y no tiene ninguna excepción, aunque la vida de las mujeres esté en riesgo o el feto sea inviable.
Esta legislación le prohíbe al personal médico brindar tratamientos adecuados y oportunos a las mujeres embarazadas, por lo que las mujeres no pueden recibir intervenciones de salud que garanticen su bienestar.
