Después de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) el pasado 17 de agosto, «Álvaro» se dirigió inmediatamente a la Universidad Americana (UAM) para matricularse y continuar con su carrera en una universidad privada.
Así logró asistir durante dos días a clase en la que sería su nueva institución con sus nuevos profesores y nuevos compañeros y compañeras. Sin embargo, en el tercer día, el martes 22 de agosto, recibió un escueto mensaje en WhatsApp de la universidad, el cual decía que su matrícula estaba anulada y que pasara por las instalaciones para retirar su dinero.
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La justificación de la UAM es que no se matriculó con su certificado de notas oficiales, pero al momento de inscribirse las autoridades académicas le solicitaron escribir una carta en la que se comprometía llevar sus papeles oficiales en un período de seis meses, «así que lo encuentra contradictorio», señala.
Volver a la UCA, ahora llamada Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro (UNCSM), no es una opción para él. Según el joven de 20 años, no quiere estudiar en una universidad confiscada y controlada por el Estado, aunque tampoco cree que el régimen Ortega-Murillo deje al estudiantado de la UCA acceder a otras universidades privadas.
La única posibilidad en la que piensa es irse a la UCA de El Salvador, como muchos otros estudiantes están haciendo, pero teme ser perseguido por no continuar estudiando en la la universidad que suplantó a la UCA. «Se van a dar cuenta de que me fui y seguro van a querer pasarnos factura», dice, aunque señala que solo son preocupaciones por el contexto de persecución contra jóvenes universitarios.
El pasado martes la UAM anuló la matrícula de cientos de estudiantes provenientes de la UCA que se inscribieron la semana pasada bajo el pretexto de que no contaban con su certificado de notas oficiales. Sin embargo, los estudiantes aseguran que se trata de órdenes del régimen Ortega-Murillo porque la universidad había comenzado un plan de acogida para las personas recién llegadas e incluso estaba ofreciendo becas.
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Otras universidades privadas como la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT) y Keiser University también rechazaron a estudiantes de la UCA, de acuerdo con el medio de comunicación Artículo 66.
“Andrea”, otra estudiante de la UCA, expresa que si continúa en el país está obligada a estudiar en “la Casimiro” porque no la aceptan en ninguna otra institución de educación superior. “O estudiamos en la Casimiro o no nos graduamos”, le dijeron sus compañeros de clases.
Ella estaba pronto a graduarse de la carrera de Comunicación, pero dice que prefiere comenzar desde cero en otra universidad fuera del país que continuar en la UNCSM, la cual ya cuenta con una nueva administración elegida de facto por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y que ya ha sido utilizada para la realización de actos políticos del FSLN.
Si bien su futuro es incierto, está segura que no iniciará clases el próximo 28 de agosto como tiene planificado el régimen Ortega-Murillo y que suspenderá sus estudios en la UCA, aunque eso signifique retrasarse.
Mientras tanto, “Michelle” cuenta que ni siquiera a los estudiantes de primer ingreso provenientes de la UCA los están aceptando en otras universidades para iniciar sus carreras desde el comienzo.
«Los muchachos de la UCA preguntaron en la UAM si los aceptaban con sus notas de bachillerato y empezando las carreras desde cero, pero ni aún así los dejaron matricularse, que a fuerza se deben de regresar a la UCA», cuenta la estudiante.
Michelle también se matriculó en la UAM el 17 de agosto, pero el martes en su primer día de clases, se dio cuenta que todos sus accesos a la plataforma virtual de la universidad fueron inhabilitados, de la misma forma que su correo. Y aunque consiga su certificado de notas oficiales creen que no lo van aceptar en esta institución.
Ella también planea irse del país o estudiar en línea en las universidades jesuitas de la región.
La Compañía de Jesús se encuentra bajo ataques del régimen Ortega-Murillo. La orden jesuita fue despojada de su personería jurídica y de todos bienes este 23 de agosto, de acuerdo con el Acuerdo Ministerial 105-2023-OSFL publicado en La Gaceta.
El 19 de agosto los sacerdotes jesuitas fueron desalojados de su residencia en Villa El Carmen, la cual fue confiscada por miembros de la Policía y el Poder Judicial, a pesar que no tenían ninguna orden legal.
Y el 17 de agosto la Universidad Centroamericana también fue despojada de su personería jurídica por supuestamente ser “un centro de terrorismo”, por lo que pasó a ser propiedad del Estado y a ser reemplazada por la Universidad Nacional Casimiro Montenegro.
La Compañía de Jesús ha condenado todas esas acciones y calificó de “calumnias” los delitos de los que se les acusa. “Sabemos que son totalmente falsas y sin fundamento alguno, todas las acusaciones que se le hacen a la UCA. Se le ha negado además el derecho a la legítima defensa”, expresó en una carta el padre Arturo Sosa Abascal, S.J., Superior General de la Compañía de Jesús.
“Un juicio justo -con una justicia imparcial-, sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y contra miles de instituciones de la Sociedad Civil”, agregó.
