El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) exigió al régimen de Daniel Ortega «cesar el acoso y represión fiscal» y frenar cualquier política económica que afecte la inversión, el empleo, el consumo y contribuyan a la pobreza.
Adicionalmente, la cúpula empresarial propuso generar confianza entre los inversionistas en un momento que Nicaragua vive su tercer año de crisis económica.
El Gobierno de Ortega, según el Cosep, mantiene el acoso a través de las “auditorías de campo y el cierre arbitrario” de la Ventanilla Electrónica Tributaria, por medio de la cual los empresarios y personas naturales deben hacer sus declaraciones de impuestos.
Como una medida que aumente la capacidad de compra de las familias, el sector privado demandó que se restituyan las exenciones que afectan directamente los bienes de la canasta básica, que hasta julio del año pasado tenía un valor de 14, 159 córdobas.
El sector empresarial, que rompió relaciones con el régimen de Daniel Ortega desde la insurrección cívica popular, propuso “ajustar el monto mínimo exento del IR de rentas del trabajo al costo actual de la canasta básica, para proteger el salario de los trabajadores y estimular un mayor nivel de consumo”.
A inicios de este año, durante la inauguración del periodo legislativo de la Asamblea Nacional, el sancionado y presidente de este poder del Estado, Gustavo Porras, anunció que el régimen de Daniel Ortega estaría realizando una reforma tributaria, que para algunos expertos podría ser más letal que la anterior.
Ante ese anuncio, los empresarios señalan que se debe revisar la eliminación y reducción de exenciones y exoneraciones, para incentivar las inversiones productivas y recuperar la productividad del país.
Concuerdan con APEN
En concordancia con la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) que esta semana también se pronunció sobre el mismo hecho, el Cosep también urgió reducir las cuotas del Pago Mínimo Definitivo (PMD) “para atenuar sus efectos socioeconómicos descapitalizadores y confiscatorios”.
APEN denunció que la reforma pasada provocó la descapitalización de las empresas por el incremento del PMD, generando una menor competitividad de la industria, agroindustria y resto de sectores productivos.
Ambas organizaciones gremiales concluyen que es necesario restituir también los plazos de las declaraciones de impuestos, de lo contrario cualquier esfuerzo no serviría en lo absoluto para la recuperación del empleo.
Las reformas tributarias de 2019 tenían como objetivo recaudar 10,168 millones de córdobas y hasta septiembre pasado se habían recaudado 7.855 millones de córdobas, según datos oficiales. Aunque el régimen orteguista ha calificado de exitosa la estrategia fiscal, el empresariado considera que no es sostenible, puesto que no hay nuevas inversiones, y las que existen permanecen debilitadas.
Proponen siete acciones
Los empresarios proponen siete acciones, con las que se podría promover una recuperación económica entre las que se incluye la reducción de los montos de pago mínimo definitivo, la reducción y eliminación de exenciones y exoneraciones, o la restitución de exenciones que afectan la canasta básica.
También estiman que se debe ajustar el monto mínimo del Impuesto sobre la Renta, la revisión de montos de retención a los pagos de bienes y servicios procedentes del extranjero, rectificar la base imponible en aduanas, y restituir los plazos para declaraciones de impuestos previamente reducidas.
Con estas medidas, de acuerdo al Cosep, se podrían incentivar las inversiones, recuperar la productividad, evitar fuga de capitales, proteger los salarios, mejorar la capacidad de compra, y estimular el consumo.
El régimen ha guardado silencio sobre fechas para discutir reformas fiscales para este año.
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