La rebelión de abril mostró los evidentes fallos en los mecanismos de sujeción ideológica del sistema autoritario, que ya no lograron seguir anestesiando con eficacia a los ciudadanos.

El consumo, el confort y la supuesta fe en los proyectos de fantasías actuaban como suavizantes o edulcorantes de la verdadera cara de la dictadura, la crisis sociopolítica ha reducido sustancialmente sus efectos.

El derrumbe del mito que ocultaba y justificaba el contubernio entre el régimen y el capital, permitió conocer la esencia del sistema autoritario corrupto.

Estudiantes, empleados, comerciantes, clases medias, jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, ambientales, iglesias, etcétera; por igual se unieron en una andanada de protestas, marchas, tranques y demandas colectivas.

Entre 2007-2019 conocimos un crecimiento económico socialmente insatisfactorio, carentes de motores internos dinamizadores de la movilidad social y de la diversificación productiva.

Se utiliza la crisis política para ocultar el drama económico y social. Sin superar el sistema socioeconómico actual es prácticamente imposible suprimir la corrupción, la violencia de los paramilitares, la impunidad y la ignorancia.

La crisis social ha alcanzado unas dimensiones importantes, sin que ello aparezca en el debate político y mediático del país. Las desigualdades sociales son las mayores de la región centroamericana y la pobreza infantil es escandalosamente alta.

La recesión económica tiene consecuencias en la pequeña, mediana y gran empresa, ya que tiene repercusiones en las decisiones de las inversiones, o sea, los empresarios dejan de invertir en las empresas o dejan de sembrar en el campo, porque no ven “mejores horizontes” en el corto plazo.

Es decir, en el 2020 se va a disminuir la producción agropecuaria y/o industrial, porque todo depende de lo que se hace hoy. Las consecuencias serán de uno, dos o tres años para se vuelva a recuperar los niveles de 2017.

En el 2017, de acuerdo a los datos de FIDEG, el 41.2 por ciento de los hogares encuestados por FIDEG se encontraban en condiciones de pobreza y el 8.4 por ciento de los hogares en pobreza extrema.

Dos años después, uno de cada dos nicaragüenses está en situación de pobreza o exclusión social o al borde de estarlo. Realidad que debería de provocar una verdadera alarma social. Transformar esa realidad se hace imprescindible.

La creación de empleos formales que se registró en los últimos años fueron en su mayoría con bajos salarios. Más del 90 por ciento del empleo industrial proviene de las PYMES, pequeñas y medianas empresas.

La informalidad laboral “resolvió” lo que la política económica del régimen Ortega-Murillo no logró hacer. La informalidad se convirtió en una válvula de escape para los nicaragüenses que no encontraron empleo. La migración ha sido la otra válvula de escape al desempleo permanente.

El modelo económico implementado por la alianza-gran capital no logró crear empleo formal para construir una sociedad de bienestar y distribuir equitativamente la riqueza.

La cúpula empresarial en alianza con el régimen impuso el modelo “outsourcing” (subcontratación o tercerización), lo que permitió la subcontratación de personal creciera y junto a ella las ganancias de las empresas dedicadas a esas prácticas.

El incremento de la magnitud de las remesas, año tras año, hace patente la fragilidad y las fallas del modelo económico aplicado durante los últimos años, pues decenas de miles de nicaragüenses que no encontraron respuesta a su pobreza y precariedad socioeconómica emigraron.

Las remesas representan la fractura del tejido social nacional. Familias enteras se fragmentan para encontrar empleo y remuneraciones que no existen en el país.

Las remesas son recursos inyectados a la economía de las familias más necesitadas que influyen, para bien y sin condición alguna, en el nivel de vida de quienes las reciben.

Las remesas familiares en 2017 alcanzaron US$ 1,390.8 millones de dólares. En el 2018, Nicaragua recibió US$ 1,501.2 millones de dólares, representando el 11.4 por ciento del PIB. En el primer semestre de 2019, se recibieron US$ 796.6 millones de dólares, un 9.9 por ciento superior al mismo período de 2018.

La cantidad aportada por las remesas a la economía nacional supera por mucho al dinero aportado por cualquiera de los otros sectores económicos del país. En el 2019, las exportaciones y las remesas son las que están manteniendo la economía, porque las demás variables están en el suelo.

Las pequeñas y medianas empresas que representan el 97 por ciento del número total de las empresas del país. Ahora, no pueden hacer inversiones debido a que la reforma fiscal les afectó fuertemente en su flujo de caja, su capacidad de pago y no son sujetos de crédito porque no cumplen los parámetros establecidos por los bancos privados.

Ante la aguda recesión económica, la cual ha provocado desempleo, fuga de capitales y congelamiento del crédito, la empresa privada está en duda si empieza a realizar las importaciones de productos para diciembre, porque el consumo esta caído. Las compras serán menores porque, además, muchas empresas tienen inventarios del año pasado.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), estima que en el 2019 el consumo interno caerá un menos -6.6 por ciento, asociado con una disminución de la actividad comercial y el crédito al consumo.

Los impuestos son utilizados por el régimen Ortega-Murillo para premiar y castigar. Auditorías severas a los adversarios políticos, condonaciones y perdones fiscales a los aliados.

La Reforma a la Ley de Concertación Tributaria da cuenta de la improvisación con que reacciona el poder ejecutivo acorralado por su propia inoperancia.

La reforma a la Ley de Concertación Tributaria ha generado un encarecimiento de los bienes importados de consumo, insumos intermedios, bienes de capital y energía; y, al mismo tiempo, reduce la producción al trastocar los costos de producción globales, restringe el ingreso de los hogares, aminora el consumo interno y empuja a la economía hacia la depresión.

El incremento de los aranceles ha tenido un impacto negativo sobre el consumo. Si suben los precios, con los salarios congelados, el consumidor deja de comprar los productos. Eso provoca, a su vez, una caída de la inversión.

Las verdaderas prioridades deben de ser los pobres, acabar con la barbarie social adoptando decisiones como: elevación del nivel de ingresos y reducción de las desigualdades, modificación de la vida cotidiana y construcción de ciudadanía y democracia.

El derecho a la subsistencia en condiciones, al menos, mínimamente aceptable es un derecho humano. Sin que ese derecho se materialice todos los demás derechos se convierten en retórica.

San José/Costa Rica, 20 de noviembre de 2019.

Foto: Carlos Herrera, Nicaragua, Confidencial.

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La Lupa Nicaragua